Es el 4 de diciembre de 2014, y las agujas del reloj marcan las 13,10.
En la Escuela Nº 44 República Argentina, de Colonia Santa Anita, departamento Uruguay, Mariela Leiva y sus alumnos comienzan las tareas áulicas. El silencio de aquella siesta en la pequeña escuela rural es interrumpido por el vuelo de una avioneta que realiza los trabajos de fumigación en un campo aledaño. El agroquímico baña una plantación de arroz, pero el viento lleva el veneno también en dirección a la escuela.
Mariela, la directiva y docente que se disponía a dar clases, instrumenta el protocolo de actuación en estos casos. Resguarda a los alumnos en el aula, les dice que no se asusten y procede a cerrar puertas y ventanas. Luego toma su celular y comienza a registrar cómo el avión descarga el químico sin miramientos. Filmó y sacó fotos que hoy integran el cuerpo de pruebas que le sirvieron a la fiscal Melisa Ríos para llevar a juicio a tres imputados por contaminación ambiental culposa y lesiones leves culposas.
Los acusados son el titular de la explotación agropecuaria; el presidente de Aero Litoral SA (la empresa que realizó la fumigación) y el piloto que manejó la aeronave. La fiscal Ríos terminó la investigación penal preparatoria en marzo de este año y elaboró el requerimiento de elevación de la causa a juicio ante el Juzgado de Garantías Nº1 de Concepción del Uruguay.
El juzgado tuvo que suspender dos veces la audiencia en la que se decidirá si los acusados deberán ir a juicio: la primera audiencia suspendida fue el 11 de abril y la segunda el 18 de mayo. En ambas oportunidades, dos imputados no se presentaron por razones de salud. Ahora, el juzgado volvió a fijar fecha de audiencia: será el 4 de julio, y a pedido de la fiscalía, no podrá suspenderse nuevamente por ausencia de los acusados.
Pasaron tres años de aquella siesta en la que Mariela y sus alumnos fueron afectados por la fumigación. En diálogo con Entre Ríos Ahora, la maestra –ahora ex directiva de la escuela Nº 44- recuerda cuadro a cuadro la situación que le tocó vivir: el olor del químico, los alumnos con vómitos, y el dolor por la irritación en boca y ojos que le causó la sustancia que liberó la aeronave.
“En horas de clases, cuando nos disponíamos a realizar las tareas de todos los días, un avión empieza a hacer una pulverización en el campo aledaño, al frente de la escuela. Se realiza una denuncia, llamamos a la policía, al centro de Salud, a un hospital de campaña. Vienen y atienden a los chicos del nivel primario”, rememora Mariela.
Los estudios médicos practicados a la docente y sus alumnos arrojaron que sufrieron síntomas de intoxicación vinculados al agrotóxico liberado ese día en el campo. “El campo está pegado y lo separa una calle vecinal, y cuando el avión daba vueltas, pasaba sobre la escuela. El sembrado tenía una disposición de este a oeste, la escuela estaba al sur y el viento soplaba del norte: es decir, que el veneno venia a nosotros”, cuenta la docente que denunció lo sucedido.
Mariela señala que el artículo 8° de la Ley Nº 6.599, que dispone el uso y manejo racional de los plaguicidas en la etapas de expendio, transporte, depósito, almacenamiento y aplicación, establece que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros”. Pero en el caso de la escuela de Santa Anita no se tomaron los recaudos necesarios. Así lo entiende Mariela y la fiscal Ríos.
“No me voy a olvidar la impresión que me causó ver mis nenes descompuestos. A los cinco minutos de la aplicación del químico había una nena vomitando. Nunca voy a olvidar la ambulancia en el patio de la escuela, los nenes descompuestos, el policía subido en la caja de la camioneta haciéndole señas a la avioneta con un trapo y el avión siguiendo con la fumigación”, recuerda la ex directivo de la escuela. Y agrega que tras la fumigación “tuvimos mareos y dolores de panza. En mi caso, mi boca se llagó completamente porque estuve más expuesta al estar filmando”.
La docente explica que existen estudios “que constatan los daños que produce este modelo de producción a base de agroquímicos. No solamente tenemos que ver el riesgo que estamos teniendo en escuelas que son fumigadas, sino que este veneno está llegando a nuestras mesas por lo que nosotros comemos”.
Protocolo para escuelas fumigadas
Mariela, que integra la campaña “Paren de fumigar las escuelas”, cuenta que en la zona ‘C’ del departamento Uruguay existen 14 escuelas de personal único y todas están insertas en campos de producción agrícola, a excepción de una, que está rodeada por campos para ganadería. Así, son trece escuelas rurales expuestas al veneno que se aplica a los sembrados.
A raíz de ese panorama, los integrantes de ‘Paren de Fumigar las Escuelas’ elaboraron un protocolo para que los docentes sepan actuar en un caso de fumigación. “Les hemos dado un protocolo de actuación a las instituciones educativas donde están las cosas que se deben hacer frente a un episodio de pulverización: lo primero es resguardar a los niños, cerrar puertas y ventanas, y dar aviso a la policía para hacer la denuncia correspondiente”, señala Mariela Leiva.
El segundo paso es registrar pruebas que servirán en caso de que se realice una denuncia penal. Es precisamente lo que hizo la docente aquella siesta de diciembre de 2014 en que la avión fumigadora descargó el agroquímico sobre la escuela de Santa Anita. Ese material será clave en el eventual juicio oral y público.
La audiencia en la que se resolverá si las tres personas imputadas por contaminación ambiental culposa y lesiones leves culposas son llevadas a juicio será el 4 de julio en el juzgado de Concepción del Uruguay. (Entre Ríos Ahora)
