Declararon la emergencia agropecuaria para zonas de Entre Ríos por el granizo de mayo

La medida alcanza a los productores citrícolas del distrito Mandisoví, en el Departamento Federación, tras los daños que provocó la fuerte caída de granizo del 5 de mayo. Los beneficiarios podrán acceder a exenciones impositivas y créditos especiales.

El Gobierno nacional declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para los productores citrícolas de Mandisoví, en el Departamento Federación, provincia de Entre Ríos. La medida responde a los graves daños ocasionados por el temporal de granizo y fuertes vientos del 5 de mayo, que afectó de manera severa la producción de citrus en la región.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, fue dictada por el Ministerio de Economía y estará vigente hasta el 4 de mayo de 2026, abarcando el ciclo productivo completo de las zonas afectadas. Con esta decisión, los productores alcanzados podrán acceder a beneficios fiscales, prórrogas impositivas y líneas de crédito especiales.

 

Pedido provincial y evaluación nacional

La declaración surge a partir del pedido formal realizado por el Gobierno de Entre Ríos, que elevó el Decreto 2522/2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En su reunión del 15 de octubre, la comisión analizó los informes de daños y recomendó la declaración en el marco de la Ley 26.509, que regula el régimen nacional de asistencia ante emergencias agropecuarias.

El temporal de mayo había dejado un saldo devastador en las plantaciones de citrus y hortalizas, afectando severamente la economía regional. En ese contexto, el decreto provincial también había incluido las explotaciones hortícolas, aunque con una vigencia más corta, hasta el 4 de noviembre de 2025.

 

Beneficios fiscales y crediticios

De acuerdo con la resolución nacional, los productores deberán presentar certificados emitidos por la autoridad provincial competente que acrediten que sus explotaciones están comprendidas dentro del área y el período declarados en emergencia.

La medida instruye además a las instituciones bancarias oficiales o mixtas y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a facilitar los mecanismos para que los afectados accedan a los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509, que incluyen:

Prórroga o exención de impuestos nacionales.

Refinanciación de créditos bancarios.

Suspensión de ejecuciones fiscales.

Estos instrumentos buscan aliviar el impacto económico que sufrieron los productores y permitirles reanudar sus actividades en el nuevo ciclo productivo.

 

Implementación y control de la medida

El Ministerio de Economía encomendó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la ejecución del programa, facultándola para firmar los convenios y actos administrativos necesarios. La cartera provincial de Producción deberá remitir al organismo nacional el listado de productores alcanzados, acompañado de la documentación respaldatoria.

Asimismo, la resolución establece que la medida entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, garantizando la inmediata disponibilidad de los beneficios para los productores que acrediten pérdidas.

 

Contexto regional y continuidad de políticas

El anuncio se suma a otras declaraciones de emergencia agropecuaria vigentes en el país. En paralelo, el Ministerio de Economía dispuso la prórroga de la emergencia por sequía en Río Negro, que afecta a las explotaciones ganaderas de varios departamentos.

La Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509 permite instrumentar medidas de asistencia fiscal y financiera para los productores afectados por fenómenos climáticos extremos, siempre que la provincia y la Nación coordinen los mecanismos de diagnóstico y verificación de daños.

Impacto en el sector citrícola entrerriano

La zona norte de Entre Ríos, especialmente el Departamento Federación, concentra gran parte de la producción citrícola del país. Los efectos del temporal de mayo destruyeron miles de hectáreas y generaron pérdidas considerables en fruta, infraestructura y empleo rural.

Con la declaración de emergencia, el Gobierno busca preservar la continuidad productiva y proteger el capital de trabajo de los citricultores, un sector clave para la economía regional. (Infobae)

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