“Atento a ello, corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos $ 10 millones diarios a favor del titular del derecho, las que podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Asimismo, bajo apercibimiento de disponer la remisión de copias de todo lo actuado -cuyo cargo recae en la parte actora- a la Justicia Federal Penal que por turno corresponda para la averiguación de la posible comisión del delito de desobediencia”.
Estos dos párrafos corresponden a una cédula de notificación del Poder Judicial de la Nación, firmada por la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, y dirigida a las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); es decir, el Poder Ejecutivo nacional.
¿Por qué la intimación? Porque es la jueza que aceptó la cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) en contra del decreto que 462/2025 que impuso la transformación del INTA en un “organismo desconcentrado” dentro de la Secretaría de Agricultura, y perdiendo su autarquía.
En dicho fallo, Forns le ordenó al Estado que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, arts. 59 a 69 incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”.
Sin embargo, y también pese al rechazo definitivo que tuvo el mencionado decreto en el Congreso, apenas un día después el Poder Ejecutivo avanzó con el pase a disponibilidad de alrededor de 300 agentes del INTA.
Eso es lo que la jueza, tras un nuevo planteo de APINTA, ahora considera una “desobediencia” y no solo ordena que se frene la decisión, sino que advierte que el Gobierno deberá pagar $ 10 millones por día de multa si no la revierte.
