El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, sostiene que se trata de un beneficio que no tiene que ver con aportes, ni que integra el sistema. “Es un beneficio, una pensión que se otorga al cargo de gobernador y de vice, que en este caso el gobernador Frigerio pidió que se derogue esa ley. Así, de acá para adelante no lo pueda pedir nadie a ese beneficio. Una vez que se sancione, los próximos exgobernadores y vicegobernadores no lo puedan solicitar. Pero eso es de aquí para adelante”, planteó.
-¿El gobernador (Gustavo Bordet) y la vice (Laura Stratta) que terminaron en 2023 tienen la chance de pedirlo o no?
-Sí, tienen la posibilidad de pedirlas.
-Y como esto se trata de gestos, ¿hubo gestos, por ejemplo, del exgobernador Gustavo Bordet, la exvicegobernadora Laura Estrada, el exvicegobernador Adan Bahl, de renunciar o ya tramitaron o la tienen en suspenso?
-El único trámite concreto, digamos, que yo puedo mencionar, porque tengo un pedido, es del exgobernador Mario Moine. En su momento, Moine, cuando recibió la pensión, todos meses la aporta a la cuenta de ingresos de la Caja.
La iniciativa
Se trata de la Ley N° 4.506, dictada el 11 de enero de 1965 y que establece pensiones vitalicias para los cargos de gobernador y vicegobernador.
Esa norma implementa un beneficio que actualmente representa un monto de unos $2,2 millones para quienes lo perciben.
«A partir de la promulgación de la presente Ley, los ciudadanos electos de acuerdo a las normas constitucionales para los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, gozarán de una pensión vitalicia por un monto móvil e igual al 75% de la remuneración que corresponde al cargo. A los efectos de establecer este beneficio no se tendrán en cuenta los gastos de representación», dice la norma. Y agrega: «El beneficio acordado por la presente Ley se hará extensivo para el caso del fallecimiento del titular, al cónyuge supérstite y/o a los hijos hasta la mayoría de edad. En el supuesto que éstos se encontrasen incapacitados gozarán del mismo beneficio, mientras permanezcan en tal estado».
Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo sostuvo: «Hay que derogar las jubilaciones de privilegio. No alcanza solo con poner en caja todo para sostener a nuestro sistema de previsión social. Tenemos que terminar con los privilegios de la política. En nuestra Caja de Jubilaciones hay privil,egios que hay que derogar. Nuestra responabilidad con todos los sectores es lograr lograr tener una Caja sostenible en el tiempo, que garantice el pago de jubilaciones presentes, pero también de las jubilaciones futuras. Vamos a mantener la Caja en la Provincia, pero tiene que ser sostenible en el tiempo y para eso se necesitan reformas. No tenemos miedo de debatir temas. Queremos contarle a la gente qué encontramos y qué necesitamos modificar».
El proyecto, que ya ingresó a la Cámara de Diputados y que consta de siete artículos, deroga la Ley N° 4.506 y establece la prohibición de que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal «podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia, que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario». Y respecto de los beneficios ya otorgados, «reconocidos durante la vigencia de la Ley 4.506 y sus modificatorias, continuarán abonándose, excepto que sus beneficiarios queden comprendidos en algunos de los supuestos de los artículos siguientes».
Al fundamental la iniciativa, el Ejecutivo entendió que «resulta imperioso terminar con las llamadas
´jubilaciones de privilegio´, en particular la que establece un beneficio especial para los exgobernadores y vicegobernadores de nuestra provincia». Y argumenta dos razones: la primera, «es que los motivos y la finalidad que inspirara la sanción de la Ley 4.506 han desaparecido en la actualidad, tornándola anacrónica»; y la segunda, «es que la existencia de este régimen especial se encuentra hoy en tensión con criterios igualitarios de los que es tributario la ética pública contemporánea, que demanda políticas activas que efectivicen el principio de igualdad ante la ley, entre los ciudadanos y sus gobernantes».
«Establecer sistemas de pensiones vitalicias», añade, «atenta evidentemente contra la Constitución y los principios que de ella se derivan».
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