“Coincidimos con el sector empresario entrerriano en que los tiempos que vivimos son ciertamente complejos. Siempre es momento de dejar de lado intereses particulares y encontrar los consensos necesarios para darle más y mejores oportunidades a las familias entrerrianas”, expresaron los senadores justicialistas entrerrianos que impulsan un proyecto propio de promoción industrial.
Luego, el comunicado amplió: “El justicialismo ha trabajado junto al sector empresario desde hace muchos años para impulsar herramientas apunten principalmente a incentivar la creación de puestos de trabajo registrados. Este acompañamiento claramente había rendido sus frutos con una política de equilibrio financiero y fiscal, garantizando seguridad jurídica para las inversiones que se quieran desarrollar en la provincia de Entre Ríos, y generando más de mil puestos de trabajo en el sector privado”.
“Las políticas de recorte y ajuste a las que nos ha sometido el gobierno nacional han determinado, tal como lo dicen las entidades empresarias, que vivamos en tiempos ciertamente complejos, y el retroceso en materia de movilidad económica y empleo, es más que evidente” , dejaron en claro.
Agregaron: “Es por eso, precisamente, que impulsamos una norma que contempla exenciones impositivas y fomentamos nuevos puestos de trabajo. Hemos acercado a las entidades que integran el sector empresario e industrial de Entre Ríos un nuevo proyecto de promoción industrial en base a la experiencia positiva que se desarrolló en 2023”.
“No vamos a apoyar ninguna iniciativa que se constituya en un cheque en blanco para la explotación de los recursos naturales entrerrianos y eche por tierra regulaciones provinciales que protejan al medio ambiente”, argumentaron sobre su postura en contra del RIGI.
Además, destacaron: “La ley de Promoción Industrial que actualiza la normativa existente, amplía a los beneficiarios e incluye sectores como el transporte y la economía circular, con el fin de fomentar la inversión y la creación de empleo a través de incentivos fiscales que apuntan al desarrollo industrial protegiendo al medio ambiente”.
“Nuestra Constitución defiende el derecho al agua potable y los recursos naturales. Adherir al RIGI supone subordinar el régimen regulatorio provincial sobre el medio ambiente e ingresos tributarios a ese régimen nacional. Debemos sostener y defender las potestades de nuestra provincia”, puntualizaron los senadores del bloque justicialista. (Análisis)
