A su vez, fueron inhabilitados para ejercer como funcionarios públicos de acuerdo a la responsabilidad de cada uno. Otros dos ex secretarios de Larroque también fueron condenados.
Este lunes, en una audiencia en la Sala de Tribunales de Gualeguaychú se homologó un juicio abreviado con pedido de condena para cuatro ex funcionarios de la Municipalidad de Larroque.
Se trata del ex intendente Raúl Riganti, a quien fuera su secretario de Gobierno y luego intendente Leonardo Hassell, a los ex secretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle y a su par de Hacienda, Norberto Miguel Marchesini.
Fueron condenados por el delito de “Administración fraudulenta de los bienes del Estado, en grado de tentativa”, porque no se llegó a consumar el daño ya que la empresa OICSA no llegó a cobrar el contrato pactado en 21 millones, que los peritos determinaron tenía un sobreprecio de 5 millones de pesos.
Tanto Raúl Riganti como Juan Carlos Rochelle fueron condenados a 2 años prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer y ocupar cargos electivos o de manejo de fondos públicos.
Por su parte, el ex secretario de Gobierno y el titular de Hacienda, Leonardo Hassell y Norberto Marchesini fueron condenados a 1 año de prisión condicional por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y a 2 años de inhabilitación especial para desempeñar cargos electivos y de manejo de fondos.
“Decidimos realizar un juicio abreviado en acuerdo con los defensores Daniel Otarán, Sergio Garbino y Miguel Ángel Cullen. Los funcionarios reconocieron los hechos imputados y su responsabilidad. Se mantuvo el acuerdo del monto de pena que se pretendía por parte de la acusación”, confirmó a R2820, el fiscal Coordinador Lisandro Beherán.
Beherán resaltó que “al ser en acuerdo, la sentencia quedó firme y no se puede recurrir, es decir, así se evitó el largo peregrinaje de los recursos judiciales. A su vez, evitamos 15 audiencias que iban a llevar todo un mes desarrollo. Eso permitirá avanzar con otros juicios aún pendientes”.
El fiscal indicó que el contrato de la Municipalidad de Larrroque con la firma OICSA se pactó en “21 millones de pesos y el perito fijó que la obra hubiera costado 16 millones de pesos. En realidad, la empresa invirtió 9 millones y llegó a cobrar 8 millones de pesos, porque el resto no fue abonado. Entonces, no se podía acreditar el daño al erario público” en una obra de asfaltado de 14 cuadras de la ciudad.
