Captaba a sus víctimas, de 15 y 17 años, en boliches de Rosario del Tala y los llevaba a su casa. Les ofrecía bebidas alcohólicas que mezclaba con medicación y mantenía relaciones con ellos. Despertaban desnudos y en un estado de confusión.
El concejal de Rosario del Tala, Diego Iván Zapata, encarcelado con prisión preventiva en el marco de una causa por corrupción de menores, captaba a sus víctimas, de 15 y 17 años, en boliches de la ciudad y <b. Allí,les ofrecía bebidas alcohólicas que, ahora se sabe, mezclaba con medicación -es enfermero en el Hospital San Roque de esa ciudad-, se presume psicotrópicos, y luego mantenía con ellos relaciones sexuales. En la causa, los menores -dos, de momento, pero hay un tercero pronto a testimoniar en Cámara Gesell- refieren que despertaban en la casa del edil, desnudos, y en un estado de confusión.
La vivienda del concejal fue allanada por decisión judicial, y en ese procedimiento se secuestraron gran cantidad de medicamentos. Hasta ahora, la imputación fiscal había señalado con insistencia que el concejal Zapata lograba que sus víctimas accedieran a mantener relaciones con él en base al suministro de alcohol y dinero. En una audiencia judicial de discusión de la prisión preventiva del edil, el Ministerio Público Fiscal señaló que “por el alcohol y el dinero se está promocionando la corrupción de las víctimas”. Ahora, se agrega otro dato escabroso: el suministro medicación mezclada con alcohol.
Entre los medicamentos secuestrados en la casa del concejal -alquila un departamento en calle 25 de Mayo, antes de bulevard Belgrano- se hallaron dosis de Valium. El informe forense señaló que la mezcla de ese psicotrópico con alcohol produce somnolencia, detalla Entre Ríos Ahora.
A pesar de que la defensa de Zapata alegó cierto perfil homofóbico en la imputación del Ministerio Público Fiscal, y que en las relaciones sexuales que mantuvo con los menores hubo consentimiento, tres tribunales distintos confirmaron la prisión preventiva en una unidad penal para evitar que, en libertad, pueda entorpecer la investigación penal en marcha.
El último tribunal que se expidió fue la Cámara de Casación Penal de Concordia que confirmó la prisión preventiva dictada en julio último. El edil cumplió los primeros 30 días en la Jefatura Departamental de Policía de Tala, y los 60 días restantes fue trasladado a la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, donde ahora está alojado. La medida se extenderá hasta el próximo 21 de octubre.
Proceso judicial
Zapata fue denunciado por el papá de uno de los menores -uno tiene 15, el otro 17 años- y a pedido de la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, el 23 de julio la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó la preventiva por 90 días como forma de frustrar el entorpecimiento de la investigación que recién estaba en sus comienzos. José Ostolaza, defensor del concejal, apeló la medida, que fue confirmada el 2 de agosto último por el camarista Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
Disconforme con esa resolución, la defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el planteo y confirmó lo resuelto por los dos tribunales inferiores. En su voto, la vocal María del Luján Giorgio desaconsejó otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, por cuanto, aseguró, “ya fueron evaluados el alto grado de probabilidad de intervención del enjuiciado en la causa en cada uno de los varios hechos que actualmente lo indican como sujeto activo de la figura legal en ciernes, evaluando el elevado monto de la pena en expectativa que impediría la condenación condicional -como un elemento más y no exclusivo fundamento- y la existencia de los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso, con andamiaje en las referencias fácticas aludidas -amenazas, persuasión, divulgación de la intimidad, posición social, acotadas dimensiones de la localidad, desproporción respecto a las edades de los adolescentesdesaconsejan su instrumentación. De tal manera, conceder en estas instancias el beneficio propiciado, sería desatender la cobertura también constitucional a las víctimas cuyas situaciones coyunturales están siendo aun investigadas”.
El voto de Giorgio fue acompañado por los vocales María Evangelia Bruzzo y Darío Gustavo Perroud.
Zapata, además, de concejal de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala, es enfermero en el Hospital San Roque, de esa ciudad, y también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior José Ossola. Fue licenciado sin dieta del Concejo, y suspendido por Salud y Educación, respectivamente, en los cargos que ocupaba. Integra, además, el consejo directivo de la Asociación Trabajdores del Estado (ATE) de Tala.
En la audiencia de Casación en Concordia, el defensor Ostolaza planteó sus reparos respecto a que, en vez de tramitar una invetigación penal por un supuesto delito, desde la Fiscalía habrían iniciado una “caza de brujas” a personas por su orientación sexual.
Luciana Cometti, integrante del Ministerio Público Pupilar, relató pormenores de la causa y refirió de qué modo Zapata hostigaba a los menores para que mantuvieran relaciones sexuales no consentidas con él. Una de las víctimas contó en Cámara Gesell que el concejal de Juntos “lo amenazaba que si no estaban con él, lo iba a delatar por la red social Instagram”. Y contó también que “todos los damnificados recibieron el hostigamiento de Zapata para los encuentros sexuales”.
En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Federico Uriburu aseguró que “el común denominador que existió con respecto a todas las víctimas fue la facilitación de bebidas alcohólicas y en uno de los casos las amenazas posteriores de difusión de imágenes íntimas”. Refirió de la existencia de un boliche bailable en Rosario del Tala al que se permitiría el acceso a menores. Allí, el concejal captaba a sus víctimas.</b
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