En años anteriores, el programa de vigilancia hizo posible que las comunidades y los turistas fueran advertidos acerca de la inconveniencia de adentrarse en las aguas en lugares donde se habían detectado excesos de coliformes fecales, algas, enterococos o escherichia colli. Pero nada de esto funcionó durante este verano, extraordinario por la combinación de la sequía y olas de calor extremo.
Como si ya esto no fuera suficiente motivo de preocupación, CARU evitó brindar alguna justificación oficial de tal omisión en la divulgación. Todo lo que se sabe se basa en trascendidos de carácter extraoficial.
El silencio de CARU armoniza con el silencio de las municipalidades. En efecto, tampoco ha habido reclamos de las localidades costeras, como si la ausencia de datos no tuviera relevancia alguna o, peor aún, fuera preferible. ¬¿Ojos que no ven, corazón que no siente? Aunque jamás lo reconocerían públicamente, no sería de extrañar que algunas gestiones comunales sintieran cierto alivio porque en este verano no les tocó lidiar con algún molesto informe de CARU que alertara sobre contaminación en las playas de su jurisdicción.
¿Por qué CARU no publica los resultados?
El Entre Ríos procuró dar con una explicación oficial sobre las causas de esta significativa omisión de los deberes de CARU para con las comunidades ribereñas, que no sólo se bañan en el río sino que también extraen de él agua para sus plantas potabilizadoras. Resultó imposible.
De manera extraoficial, trascendió que los informes habrían dejado de publicarse como una derivación del conflicto que enfrenta a ambas delegaciones por el denominado Digesto del Río Uruguay, el documento que establece los parámetros de la calidad del agua.
Cuando finalizaba la gestión presidencial de Mauricio Macri, en el año 2019, las dos delegaciones de entonces aprobaron un nuevo digesto, que la actual representación argentina no acepta como válido, basando su postura en el denominado “principio de no regresión ambiental”.
Según dicho principio, no debe tolerarse retroceso alguno en los estándares de protección ambiental. Es decir, no hay margen posible para revisiones normativas que estipulen indicadores menos exigentes que los ya consagrados en las normas. Y, según la Delegación Argentina, el nuevo digesto es “regresivo”, mirada que, obviamente, no es compartida por su par uruguaya.
La “pelea” lleva ya tiempo, pero recién afectó la publicidad de los informes cuando Uruguay, a fin de octubre de 2021, consideró que había llegado el momento de divulgarlos en base a los parámetros del nuevo digesto. Argentina se opuso, y desde entonces, se han reunido en sucesivos plenarios, sin conseguir ponerse de acuerdo.
El último plenario de 2021 fue el martes 28 de diciembre. Cabía la posibilidad de que acordaran algo así como un impasse, de manera tal de que los informes se publicarían incluyendo referencias a los dos estándares, al del viejo digesto y al del nuevo, que para Argentina no está vigente. Pero ni siquiera eso fue posible.
Las partes quedaron en reunirse en la segunda semana de enero, para volver a intentarlo. Pero ya estamos por comenzar marzo y no pasó nada. Y CARU silencia tanto los datos como una explicación de tal silencio.
El Entre Ríos
