Sí, pero…
Primero y principal, una aclaración. Con la palabra «juzgar» estamos resumiendo algo esencial, como lo es que se le garantice a todo ciudadano que ha sido acusado de un delito, una investigación objetiva primero, y, por último, si la imputación se sostiene, un juicio justo ante un tribunal competente e imparcial, que se subordine a derecho a los fines de absolver o condenar según corresponda. Ni más, ni menos.
El artículo 31 de la Convención de Viena establece que «el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor». Por si quedaran dudas, en el inciso 4 agrega: «La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante».
Claro como el agua. La tan mentada «inmunidad» pone al embajador fuera del alcance de la Justicia del país que lo recibe -en el caso de Sergio Urribarri, Israel- pero de ninguna manera impide que sea juzgado por los tribunales de su país y provincia de origen.
Hasta aquí, lo estrictamente jurídico, que, en abstracto no hace otra cosa que reforzar el principio de la igualdad de todos los ciudadanos -incluidos los diplomáticos- ante la ley. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Nacional es contundente: «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…».
Pero si desde esa abstracción ideal se desciende a lo terrenal y mundano, lo jurídico se «contamina» y es allí que irrumpen los peros…
En absoluto off the record, El Entre Ríos preguntó a un funcionario judicial si el status diplomático de Urribarri podría constituir una traba para que avancen las numerosas causas en su contra. La primera reacción fue un «no» rotundo. Pero enseguida deslizó: «Otra cosa es que podamos traerlo si está allá y no aparece»…
Si en el año 2017, cuando ocupaba una banca de la legislatura provincial, la defensa de Sergio Urribarri consiguió que la Justicia le permita ir a los tribunales dos días antes de lo previsto y por la noche, en jornada no laborable por el Día del Abogado, poniéndolo así a salvo de los medios, ¿qué otras contemplaciones especiales habrán de tenerse con él cuando se encuentre a miles de kilómetros y sea ni más ni menos que el representante de los supremos intereses de la Nación Argentina en uno de los países más importantes de la tierra? ¿Cómo reaccionarán los jueces cuando sus letrados defensores invoquen -por ejemplo- que la sobrecargada «agenda diplomática» del imputado le impide comparecer? Está por verse.
Será una interesante oportunidad para que el Poder Judicial de Entre Ríos demuestre si el artículo 16 de la carta magna está realmente vigente en la provincia o se ha vuelto una pieza de museo, que trae nostálgicas reminiscencias de los sueños e ideales que inspiraron la organización nacional en el siglo XVIII.
Una justicia tan imparcial como ágil, que ni se ensañe ni le tiemble el pulso ante nadie -se llame como se llame- y que no estire al infinito ningún proceso, resulta imprescindible tanto para denunciantes como para denunciados. A estos últimos, les garantiza la posibilidad de «limpiar» de una vez por todas su nombre, si es que las acusaciones fueran infundadas. Coherente con esto, el exgobernador, quien dice ser inocente, se supone es el primer interesado en que las causas lleguen cuanto antes a definiciones que posibiliten, pruebas mediante, su sobreseimiento o su absolución.
Pero sabido es que la mayoría de los políticos investigados en la Argentina -y Urribarri no es la excepción- suscriben un relato según el cual tal Justicia no sólo que NO existe sino que además ellos son víctimas del «lawfare», esa guerra judicial que -arguyen- ha sido pergeñada por enemigos de la causa popular, que han cooptado al Poder Judicial para sus «nefastos» propósitos. Y sabido es que en una guerra vale todo, incluso refugiarse en una sede diplomática, para ponerse fuera del alcance de los «cañonazos» de «perversos» fiscales y jueces «en connivencia» con no menos «perversos» periodistas que sólo buscan el linchamiento de los «servidores del pueblo».
Por último, propios y extraños tomaron nota que no es cualquier embajada la que ocupará el entrerriano. El respaldo que ha recibido del Presidente Alberto Fernández es evidente, si se tiene en cuenta que en vez de asignársele un destino de segundo o de tercer orden, se lo envía a gestionar el vínculo con un país con el que Argentina tiene en agenda asuntos tan complejos como dos atentados terroristas nunca esclarecidos, el mentado memorándum de entendimiento con Irán, la situación de los fugitivos iraníes sospechados de ser los autores del ataque a la AMIA y la trágica muerte del Fiscal Alberto Nisman, por dar sólo algunos ejemplos.
Semejante espaldarazo que llega de manera directa desde la Casa Rosada refuerza el interrogante inicial: ¿Podrá la Justicia entrerriana juzgar a un embajador argentino en Israel?
El Entre Ríos
