Será el primer tramo de un aumento acumulado que trepará hasta el 53%, en forma desdoblada. La segunda suba fue estimada en un 15% y se aplicará entre mayo y octubre. «El período estival va a ser el peor», indicaron desde el EPRE.
Los primeros meses de este año tendrán por característica nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, principalmente de la electricidad, el gas y el transporte, entre otros. Si bien el impacto de cada incremento estará sujeto a diversos factores y a la realidad de cada provincia, la nueva estructura tarifaria de la electricidad alcanzará hasta el mes de octubre un incremento global del orden del 53%, según lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación en el decreto 366/18. El primer tramo de la suba se implementará a partir de febrero, por lo que el usuario -para el caso de Entre Ríos- comenzará a pagar los nuevos valores con las boletas del período marzo-abril, en el marco de un mercado energético que en nuestra provincia se distribuye entre 18 cooperativas y la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), que reúne la mayor cantidad de usuarios.
Según se informó desde el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), el aumento acumulado trepará hasta el 53%, en forma desdoblada, en un primer tramo será de un 38% (febrero, marzo y abril) y el segundo de un 15% que se aplicará entre mayo y octubre. En términos técnicos la actualización tarifaria responde básicamente al aumento del Costo de Adquisición de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, que es un componente exclusivamente nacional y que en forma semestral fija la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). «Ellos fijan el valor de lo que se denomina megavatio hora, que por un mecanismo de pase directo se traslada directamente a los usuarios de todas las provincias», detalló Luciano Paulín, director de análisis normativos y estudios especiales del EPRE.
En este nuevo esquema también incidirá el Valor Agregado de la Distribución (VAD), que depende de cada provincia y comprende todo lo que concierne al mantenimiento, los costos de infraestructura y que había sido definido en la última audiencia pública realizada en Villaguay en 2016.
La tarifa media global para un usuario residencial (en Entre Ríos representa el 80% del padrón de usuarios), que en promedio consume 250 kilowats mensuales hora es actualmente de 1.310 pesos. «En el diario La Nación salió para nosotros una noticia desafortunada, que daba cuenta que Entre Ríos tenía la tarifa más cara del país. Se tomaba un consumo de 550 kilowats hora, que para nosotros no es representativo ya que comprende solo al 5% del padrón», aclaró el funcionario.
De la misma forma propuso contrastar los valores los importes mensuales de otras jurisdicciones para un consumo residencial promedio, según un cuadro comparativo elaborado por la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (Adeere). Un usuario de la provincia de Buenos Aires está pagando 1.461 pesos mensuales; Córdoba 1.385 pesos mensuales y Santa Fe 1.291 pesos mensuales. «Si vas a hacer comparaciones vamos a hacerlas tomando en cuenta situaciones homogéneas; cuando uno habla de regulación energética, tenés que tener en cuenta una ecuación; los reguladores tenemos una función, que es mantener el equilibrio de dicha ecuación: precios justos y razonables pero garantizando un abastecimiento en el suministro que sea regular, adecuado, continuo y veraz. Si veo solo el precio no es una buena comparación; tengo que ver precio con eficiencia energética. Hay que partir de una premisa que sea veraz y partiendo de diferentes factores homogéneos. La premisa puede ser ¿qué categoría de usuarios vamos a comparar?, ¿con qué provincia nos vamos a comparar?», se preguntó Paulín.
Partiendo de este análisis dijo que, por ejemplo, en Entre Ríos hay 6 usuarios por cada kilómetro de tendido de red eléctrico, contra los 600 y 700 usuarios de Edenor y Edesur, respectivamente. «A mayor concentración población va a ser menor el costo en la distribución, porque sale más barato llevar la energía donde hay mayor cantidad de gente. A mayor dispersión población va a ser mayor el costo final de la distribución», ilustró durante la entrevista.
Respecto de la eficiencia energética en la provincia sostuvo que en 2018 tuvo un promedio de cortes del suministro de entre 6 a 8 horas, mientras que la Nación registró un promedio de entre 28 y 38 horas.
«Corrientes tiene cortes programados diarios de luz en zonas urbanas residencial, donde a las 2 de la tarde los vecinos se tienen que ir al río porque no tiene aire acondicionado. La calidad del servicio que tenemos los entrerrianos no la tienen en otro lado», subrayó.
Carga impositiva
El funcionario del EPRE también se refirió a la carga de impuestos que incorpora la tarifa eléctrica. «Es muy alta y es el tercer componente que forma parte de la tarifa final. Es dinámico porque la base imponible que se toma son los componentes provinciales y el componente nacional. Cuando se habla de la carga impositiva hay que hacer una disgregación de su composición: en primer lugar el 21% del IVA, que podría haberse reducido. Hubo un proyecto legislativo en Entre Ríos, incentivado por el EPRE a través del gobernador, pero no tuvo cabida. A pedido del presidente de la Nación, Mauricio Macri, se redujo el impuesto provincial que se llama del Fondo para el Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos (Fedeer). Eso implicó una baja de los ingresos para la Secretaría de Energía provincial y en el usuario no llegó a representar un 5% final», consignó Paulín.
Mencionó que ese fondo se destina por un lado a obras de gas y de electricidad, tal como el Cierre Norte, y por el otro, atiende beneficios especiales como lo es la Tarifa Social, Planes Estímulo, beneficios especiales para jubilados y para familias de bajos recursos e instituciones deportivas. «De algún lado tiene que salir esa plata para compensar esas tarifas diferenciales. Podemos plantear si es justo o injusto, pero nos excede a nosotros», reflexionó. También mencionó a las tasas municipales, el último elemento de un componente que se torna en una pesada carga. Para atenuar el impacto del se propuso a los municipios reducir sus tasas, pero la realidad es que no hubo respuestas favorables. «Hubo comunas que bajaron ese valor porque el EPRE detectó que se estaba incumpliendo con un tope que fija un decreto provincial que era del 16%, el cual no se podía exceder. La infracción se corroboró en los municipios de Colón, Ibicuy, Diamante, La Paz», aseguró en otro pasaje de la charla. Para el especialista no es acertado «quedarse con que la carga impositiva es elevada» en virtud de diferentes factores.
«El período estival va a ser el peor»
«Hasta el 31 de diciembre de 2018, si uno se imagina un triángulo, cada componente implicaba un tercio: componente nacional, provincial e impuestos. Dos tercios de ese recuadro representan el componente nacional y el impositivo. Con los nuevos valores, al 31 de diciembre de 2018 el nivel de subsidios que mantenía la Nación con la Argentina era del 55%, es decir que los usuarios seguíamos pagando un 45%. ¿Sabe cuánto era a principio de 2018? De un 70%, pero ¿qué paso? El dólar pasó de 20 a 40 pesos, entonces el subsidio dejó de ser del 70% y bajó al 55%. Con los nuevos aumentos volvemos a ese objetivo y recién se aspira a que esta quita de subsidios llegue a una meta de cero, que va a ser con suerte recién en 2020», graficó.
Sobre las perspectivas respecto a cómo puede impactar el valor de la tarifa en el bolsillo de los entrerrianos, Paulín aventuró que el período estival «va a ser el peor» aunque consideró que «afortunadamente fijaron el aumento a partir del 1º de febrero; eso significa que según el corte del suministro que cada uno de nosotros tengamos en nuestras casas, como son bimestrales las llegadas de las facturas, recién lo vamos a sentir en el período marzo-abril. Pero teniendo en cuenta que se cobrarán los consumos de febrero, que es cuando más se consume».
Tarifa social
El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, anunció a fines del año pasado que su gestión se hará cargo de la quita del subsidio nacional para la Tarifa Social y el Plan Estímulo.
Ante la preocupación de los beneficiarios, pero principalmente de las cooperativas, el EPRE confirmó que el 15 de enero se presentará en una conferencia de prensa el mecanismo que se va a utilizar para afrontar ese costo. «Se van a absorber 50 millones de pesos mensuales, es decir que 115.000 usuarios va a seguir gozando de ese beneficio, por lo menos en el primer semestre de este año. Y de cierta manera se va a compensar a las distribuidoras por este gasto que no estaba planificado, ni siquiera con cálculos del Valor Agregado de la Distribución en la audiencia pública de Villaguay. Estamos viendo cómo compensar esos millones que no estaban presupuestados, para ver de qué fondo pueden salir», detalló. (UNO)
