La queja surgió de los abogados defensores de los detenidos en una de las causas más importantes de la provincia.
Cuestionaron que “es una investigación que alcanzaría a un ex gobernador y un vicegobernador. ¿Cómo es posible que haya funcionarios en libertad pudiendo obstruir la investigación?”.
A Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y Gustavo Bilbao les confirmaron las prisiones preventivas por cuatro meses en el marco de la causa de los contratos truchos en la Legislatura y que según estimó la Justicia le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos. Lo decidió la jueza Carolina Castagno, quien condujo la audiencia.
Al mismo tiempo, agentes de la Policía realizaron cuatro allanamientos en el marco de la misma causa, que fueron en los domicilios de Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera (imputado en la causa); los padres de Almada; y el de Sergio Cardoso, titular del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, también imputado. Hasta el momento no se pudo precisar lo incautado.
En la audiencia, los abogados defensores cuestionaron la falta de garantías en el proceso. José Velázquez, representante de Beckman, se mostró “sin expectativas” por el pedido que iba a formular para que liberen a su defendida. Se refirió al permanente “discurso de populismo punitivo en donde la palabra garantía va a pasar a ser mala palabra”. Cuestionó la prisión preventiva y vio en esa medida un prejuzgamiento otorgado a la sociedad.
En todo momento, los defensores refirieron a la falta de información sobre la investigación, lo que les impide tener elementos para hacer sus defensas. “¿Cómo hago para probar la inocencia de Beckman, sino no se sabe lo que dice la Fiscalía?”, se preguntó Velázquez. Humberto Franchi había iniciado esa línea argumental.
Iván Vernengo, a su turno, apuntó a los elementos por los que se supone fue detenido Bilbao. En principio por haber borrado material de una computadora al momento del allanamiento el 3 de octubre pasado. Su representante puso en tela de juicio ese argumento al decir que no fueron notificados de la medida y por lo tanto no pudieron ser veedores del acto. También sostuvo que, desde el 20 de septiembre, día del primer allanamiento y detención de Beckman al 3 de octubre Bilbao, si hubiese querido ocultar información tenía el tiempo necesario, sin embargo no lo hizo.
Asimismo, el letrado criticó: “Las cámaras (legislativas) se niegan a dar información cuando se las pide el Ministerio Público Fiscal.
¿Quién está entorpeciendo la investigación entonces?”, se preguntó. Hay que destacar que los legisladores tienen fueros, pero no así los administrativos, por caso el imputado Gustavo Pérez, que hasta el momento en que se conocieron las irregularidades seguía ocupando el cargo de director general de administración del Senado.
Damián Petenatti reforzó ese discurso: “Nuestros defendidos no son funcionarios públicos. Y estamos ante lo que sería la causa más grande por corrupción de nuestra provincia, es una investigación que alcanzaría a un ex gobernador y un vicegobernador. ¿Cómo es posible que haya funcionarios en libertad pudiendo obstruir la investigación?”.
Para los defensores la actitud de la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta, fue de “parcialidad”. La acusaron de haber introducido elementos en su resolución que ni siquiera había tenido en cuenta la Fiscalía. Y cuestionaron que, por el contrario, no tomaron los elementos de la defensa.
Los argumentos de la fiscalía
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro defendieron las prisiones preventivas. Repasaron las pruebas que fueron recolectando en los allanamientos; desde cuadernos con información que se constataba con las tarjetas de débito y planillas en los estudios contables, hasta una máquina de contar dinero.
Ante la queja de los defensores, porque entendieron que no era pertinente, los fiscales mostraron en monitores parte de la documentación en la que figuraban los contratos, direcciones y montos de dinero. También hubo un audio en el que un joven le comenta a otro que corra una camioneta del domicilio de Beckman para que no sea requisado.
Aramberry dio detalles de maniobras “sospechosas” y por lo tanto “suficientes” para mantener las prisiones preventivas.
Yedro hizo hincapié en una trama de relaciones e “inversiones de edificios” entre Bilbao, Mena y Beckman. Por todos estos argumentos es que vieron desconfiable el arresto domiciliario. Y la fiscal cerró con una frase inquietante: “Estamos ante un gigante al que solo le hemos visto los pies”.
La causa
De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Yedro y Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.
Se investigan dos delitos de estafa tipificados en el artículo 173 del Código Penal, en su inciso 15, que dice: “El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.
Fuente: Página Judicial
