Quienes manejaron irregularmente partidas millonarias en la ejecución del Programa Ingreso Social con Trabajo, que estaba a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, de la mano del entonces ministro Mauro Urribarri, tendrán que empezar a dar respuestas en la Justicia entrerriana y ante el propio Gobierno.
El Tribunal de Cuentas de la provincia realizó una auditoría permanente de su ejecución, a la que accedió el programa televisivo “Cuestión de fondo” (Canal 9 Litoral), en el que se concluyó que hubo sobreprecios por 1.603.046 pesos en la compra de calzado e indumentaria para gente que necesitaba esos elementos. Los apuntados son el coordinador general de la UEP Argentina Trabaja, Luciano González; y el coordinador administrativo, Silvio Lozano, quienes eran de estrecha confianza del hijo del ex gobernador Sergio Urribarri.
Por su parte, la Fiscalía de Estado prepara demandas de daños y perjuicios y avanza una causa en el Poder Judicial.
“El perjuicio determinado -dice el expediente del Tribunal de Cuentas, firmado por su titular Federico Tomas- unido a la violación de principios aplicables a las contrataciones del Estado determina una violación al deber de fidelidad que tenían respecto del patrimonio que administraban, lo que se traduce en un incumplimiento a los deberes a su cargo”. (El Argentino)
