Es por lo aprobado recientemente en Gualeguaychú. Desde la Federación Agraria se manifestó un «terminante rechazo» a la ordenanza y se buscan alternativas desde lo legal para revertir el impacto de la misma.
La ordenanza prohíbe del uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas.
Este viernes el Consejo Delegado de la Federación Agraria de Entre Ríos se reunió en Villaguay con una numerosa representación de filiales de toda la provincia.
Uno de los temas analizados fue la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú, sobre la prohibición del uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. «Se evaluó el impacto que esto genera sobre cientos de productores, que no podrán hacer uso de esta herramienta, para el desenvolvimiento de las actividades agropecuarias en general. Se planteó un terminante rechazo a la ordenanza y que se busquen alternativas desde lo legal, para tratar de revertir el impacto de la misma», se aclaró.
Otro de los temas centrales del encuentro fue la emergencia agropecuaria. «Se repasaron la confección de los formularios y también los beneficios en cuanto a la AFIP y el Banco Nación. Los productores manifestaron su preocupación ante la decisión del Gobierno de la Provincia de otorgar sólo la prórroga de dos cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural del año 2018, que no se incluya la postergación del Impuesto a los Ingresos Brutos, y que se sigan aplicando enormes multas para quienes ven caer sus planes de pago de impuestos atrasados», se indicó a través de un comunicado.
Por otra parte se evaluó la marcha de las mesas de competitividad de los sectores arroceros, citrícola y lechero, respecto a lo que se planteó el grave problema de la tarifa eléctrica, que no solo impacta en estas actividades intensivas, sino en el sector agropecuario en general.
También quedó planteada la preocupación por los «exorbitantes aumentos» en muchas zonas de la provincia del Impuesto Inmobiliario Rural, sobre todo en las zonas ganaderas, «que no solo soportaron el impacto de la sequía más dura de los últimos años, sino que el año pasado ya le habían aumentado un 50%», se remarcó.
«Los productores, que vienen siendo afectados durante años consecutivos por inclemencias climáticas, reclaman que los estados municipales, provincial y nacional reconozcan el rol que la producción tiene en el sostenimiento de la economía provincial y nacional y acompañen su trabajo con medidas acordes», finalizó el comunicado. (UNO)
