El exgobernador Sergio Daniel Urribarri defendió hoy la instalación del parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015: dijo que formó parte de la política de promoción turística de la provincia, negó que fuera parte del “Sueño Entrerriano”, desechó la posibilidad de que existiera algún delito, como supone la Justicia, y pidió que, de haber dudas, se lo someta a juicio político.
La acusación de los fiscales Alejandro Cánepa, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870 de las arcas del Estado para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015.
Para el cometido, según la fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”; también fueron parte el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.
“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.
La firma que integra Caruso, según la acusación de fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
Después de presentarse hoy en Tribunales, en respuesta a una citación a indagatoria -en la que sólo presentó un escrito- Urribarri distribuyó un comunicado de prensa a través del cual negó que el parador de la playa La Perla, de Mar del Plata, se haya montado con fines electoralistas. Al respecto, dijo que “la contratación (de la empresa “El juego en que andamos”) fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 4804/14”. Y por otro lado, que la selección del contratista fue llevada adelante por la Unidad Central de Contrataciones de “forma absolutamente regular y transparente”, e incluso, “no mereció objeción alguna de los órganos de control”.
“Estuve en las instalaciones el día de su inauguración un par de horas y nunca volví a visitarlas. Nunca allí se realizó una reunión política o algún acto de tal naturaleza, solo se organizaron eventos musicales y actividades de recreación propias de este tipo de instalaciones con el único propósito de promover el turismo en la provincia”, expresó.
Asimismo, remarcó la intervención de diversos organismos, integrados por profesionales especializados, con autonomía funcional, estabilidad política y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad del gasto y la legitimidad de la actividad de gobierno.
A este respecto, indicó que así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada “cuenta general del ejercicio”. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público.
En esta línea, Urribarri también hizo referencia a que el mal desempeño autoriza el juicio político al gobernador, lo cual es de claro conocimiento del denunciante (ya que tiempo atrás actuó como defensor en un hecho de esas características), pero por alguna razón, jamás se ocupó de impulsarlo.
Por otro lado, Urribarri refutó las acusaciones planteadas partiendo de la premisa de que “no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria”, en tanto ésta “no es dinero, ni es una caja que contenga dinero”, sino que se trata de “una autorización para gastar” fondos públicos. Es decir que un funcionario sólo se ocupa de ordenar un pago, aguardando que los recursos estén disponibles, que la Contaduría General de la Provincia lo apruebe si corresponde, y finalmente, que la Tesorería libre el cheque bancario respectivo.
Por último, luego de brindar sus argumentos, Urribarri destacó el carácter “no judiciable” de la revisión de los actos de gobierno y del ejercicio de las facultades propias del Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Provincial. (Entre Ríos Ahora)
