Rodrigo Martínez estaba siendo buscado desde el lunes, cuando no se presentó a la primera audiencia del juicio que se le sigue en su contra por violar a dos niñas de 11 y 7 años en 2008. Lo encontraron en un rancho en Urquiza al oeste. Estaba con libertad condicional por un homicidio que cometió en 2011.
El personal de Investigaciones lo detuvo hoy por la mañana tras seguir sus rastros por varios días. Se había refugiado en una vivienda precaria a la altura de la Parada 10 de Urquiza al oeste y al cercarle cualquier escapatoria, no opuso resistencia a su detención. Fue trasladado a la Jefatura Departamental y de allí llevado a la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, porque desde el Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná le suspendieron la libertad condicional que gozaba desde el año pasado. Pero además, se le dictó prisión preventiva hasta la finalización del juicio que tiene en su contra por el supuesto abuso de dos menores en 2008, que comenzará el 20 de septiembre.
Su nombre completo es Rodrigo Ramón Antonio Martínez y tiene 35 años. El lunes debía enfrentar un juicio por “abuso sexual con acceso carnal agravado” en perjuicio de dos menores de edad, que decidieron contar sus padecimientos cuando tiempo atrás lo volvieron a ver en el barrio tras recuperar su libertad por una condena por homicidio.
El crimen de Víctor Esteban González casi pasó desapercibido por la opinión pública en el 2011. Salvo sus familiares, casi nadie recuerda qué fue lo que le ocurrió. Es que su asesinato quedó eclipsado por el homicidio de Leonardo Herrera, hallado muerto en un complejo de calle 2 del Camino de la Costa el 1 de julio. González recibió 7 puñaladas al día siguiente, en el barrio 155 viviendas, en medio de una discusión con tres personas.
Los motivos por los cuales pocos recuerdan lo que pasó con el remisero Víctor Esteban González se debe a que dos de los autores fueron atrapados inmediatamente, mientras que un tercero fue detenido dos días más tarde. Fue un caso resuelto rápidamente por la Policía bajo la instrucción del ex juez Sergio Carboni.
Uno de los tres detenidos fue Rodrigo Ramón Antonio Martínez, que por ese entonces tenía 28 años. Y así como de rápido fueron localizados y detenidos, así de rápido fueron llevados a juicio. El 28 de septiembre de 2012 – vale aclarar que en esa época, bajo el anterior sistema judicial que regía en Entre Ríos, llegar a juicio en 14 meses era algo muy positivo – el Tribunal de la Cámara del Crimen de Gualeguay condenó a Martínez a cumplir una pena de prisión efectiva por 9 años.
El condenado estuvo alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú hasta que la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, le concedió la libertad condicional en septiembre de 2016 cuando cumplió los 2/3 de su sentencia. Martínez volvió a la calle con la condición de que debía cumplir con ciertas reglas de conducta, como ser la de no ahuyentarse de la ciudad ni cambiar de domicilio hasta tanto cumpliera con el total de condena y sin previa autorización judicial.
Pero las noticias vuelan rápido en los barrios y más cuando se trata de personas como Martínez. La novedad llegó a oídos de dos adolescentes que hoy tienen entre 18 y 13 años, que volvieron a sentir el mismo temor del cual habrían sido víctimas en el 2008. Pero esta vez, y a diferencia de lo que padecían en aquella época, decidieron contar los abusos sexuales a los que las sometía cuando su madre las dejaba a su cuidado para ir a trabajar.
La denuncia cayó en manos de la fiscal Martina Cedrés y a lo largo de un año la Investigación Penal Preparatoria avanzó hasta que el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú fijó como fecha de apertura de debate el 4 de septiembre. Iban a ser tres días de audiencias, pero Martínez no se presentó el lunes y cuando la Policía fue a buscarlo no estaba en el domicilio.
Desde entonces, se ordenó un pedido de captura para que una vez localizado sea alojado en la Jefatura Departamental. Ese día llegó y hoy por la mañana le notificaron que le habían suspendido la libertad condicional y que le habían dictado prisión preventiva hasta el final del debate que está por protagonizar. Por este motivo, fue alojado en la Unidad Penal 2 y ahora enfrenta un nuevo juicio que le podría demandar una condena de 8 a 20 años. (El Día)
