Ya habían sido rechazados en Diputados y este jueves la oposición en la Cámara alta los terminó de sepultar. Las medidas habían sido tomadas en el marco de las facultades delegadas en la Ley Bases.
Una durísima derrota parlamentaria sufrió el Poder Ejecutivo este jueves en el Senado, con el rechazo al hilo de cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron.
Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que se tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio pasado-.
Los decretos, que no fueron tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo, pasaron el filtro más complicado para la oposición, cuando lograron que se rechacen en el recinto de Diputados. Pues se sabe que en la Cámara alta el oficialismo cuenta con las de perder, por tener números más complicados. Y, efectivamente, así sucedió este jueves, cuando para el rechazo bastaba con el voto de la mayoría simple.
De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado cien mil millones de pesos a la SIDE.
El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.
Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una «transformación» del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1 abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una «gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos».
Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para «optimizar la administración».
Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la «transformación» del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
«Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional», se fundamentó.
En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo.
A través de esta medida se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, «en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales».
A su vez, desde los gremios del sector habían denunciado que el DNU «implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación».
El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.
En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una «reorganización» de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns, suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA). (APF)
