Entre Ríos formalizó ante el Consejo Federal de la Hidrovía la presentación de la propuesta oficial que contiene los puntos que la provincia requiere que sean incorporados en el nuevo contrato de concesión de la Hidrovía Paraná – Paraguay, que vence el 31 de abril.
Según recordó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, “Entre Ríos, como parte del Consejo Federal de la Hidrovía, participa de todo el proceso previo a la licitación para concesionar el dragado, el mantenimiento y la señalización de la hidrovía”.
En ese marco, Rodríguez Signes, quien representa a Entre Ríos en el Consejo, mencionó que «dentro de esa participación la provincia tiene sus pedidos para que se incorporen algunos puntos, que ya fueron adelantados por el gobernador Gustavo Bordet en Rosario, en oportunidad de un encuentro con todos los gobernadores intervinientes».
Precisó que “allí se propuso, como principal tema, el dragado homogéneo a 40 pies hasta del puerto de Diamante. No hay ningún motivo para que se drague sólo a 40 pies hasta el puerto General San Martín en Rosario, sin extenderlo a Diamante e incluso a Santa Fe». Como argumento, hizo notar que «los 40 pies permiten el acceso de buques Panamax, de más capacidad de carga, lo cual mejora el precio del flete y demás”.
Asimismo, indicó que como segundo punto «proponemos la garantía de dragado de los canales de acceso de los puertos entrerrianos a la hidrovía. Todos los puertos de Rosario están sobre el canal, por lo cual no necesitan ningún dragado accesorio, pero Diamante sí lo necesita porque está sobre un canal de navegación, a algunos kilómetros del canal troncal, lo mismo pasa en Ibicuy. Nosotros queremos garantía de accesibilidad al canal troncal, a la misma profundidad que tienen los puertos rosarinos», subrayó.
Agregó que también solicitaron que «se garanticen las condiciones ambientales y la constitución de un órgano de control para que el contrato sea llevado de manera correcta».
Más adelante, se incluyen unas aclaraciones, para aquellos que dicen que se está privatizando el río. «Eso es completamente falso», advirtió el fiscal y explicó que «el río Paraná es de dominio público del Estado nacional y de las provincias que lo componen, al igual que el lecho, por lo tanto no se pude privatizar, ni vender, ni usucapir; y la provincia de Entre Ríos lo ha sostenido permanentemente e incluso con éxito en la Corte».
Comentó que el 31 de abril vence el contrato de la hidrovía vigente actualmente, por lo que el Estado nacional deberá adoptar las acciones necesarias mientras dure el nuevo proceso licitatorio, que permitirá concesionar la obra de dragado en las condiciones que el Consejo Federal de Hidrovía lo establezca. Por eso es muy importante incorporar esta propuesta, en línea con la Constitución Nacional que establece en su artículo 21 la libre navegación de los ríos; y nosotros le agregamos las condiciones igualitarias de acceso para los puertos públicos provinciales».
En sintonía con eso, comentó que se conformó «un expediente electrónico y se formalizó esta propuesta que contiene «las pretensiones de la provincia para que sean incorporadas en las condiciones del nuevo contrato».
“Como la provincia de Entre Ríos es parte de la hidrovía, no es una invitada, es la dueña de los puertos públicos, y el río Paraná y el lecho forman parte de su dominio, nosotros sostenemos que el carácter participativo de la provincia tiene que ser vinculante. En ese sentido, entendió que “la Nación Argentina tiene que tomar estas propuestas de Entre Ríos e incorporarlas”.
Por último, señaló: «Lo importante es que la provincia formalizó la propuesta oficial, incorporada a un expediente administrativo, para ser considerada necesariamente en este proceso licitatorio».
La propuesta
En el escrito presentado al Consejo Federal de Hidrovía, el fisca, en su carácter de representante de la provincia, señaló que “Entre Ríos está en condiciones de desarrollarse como una plataforma logística de carácter público para las cargas de toda la región Hidrovía, es decir, las provincias del centro y el norte de Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Bolivia, dada la existencia de cuatro puertos públicos, ubicados en las localidades de La Paz, Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy, una red vial nacional y provincial con acceso a la región premencionada y conectados a los puertos públicos provinciales, y la alternativa ferroviaria a través del ferrocarril General Urquiza que recorre toda la Mesopotamia argentina”.
“Uno de los aspectos que suscitó un mayor debate a nivel del país a partir de la convocatoria a licitación pública para el dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía, es el hecho de que el polo logístico de Rosario está constituido básicamente por puertos de naturaleza o carácter privado, lo cual condiciona el comercio exterior argentino”, indicó y luego agregó que “Entre Ríos ofrece la posibilidad de democratizar el uso de la Hidrovía a partir de sus puertos públicos. Allí podrán alojarse y operar cargadores, industriales, operadores del sistema públicos y privados, grandes, medianos y pequeños y fundamentalmente de origen nacional, porque Entre Ríos mantiene cuatro puertos dentro de su dominio público: el de La Paz, el de Diamante, el de Concepción del Uruguay y el de Ibicuy”. Agregó que este último “es de aguas profundas y permite el acceso tanto por el río Paraná Ibicuy, Paraná Guazú como eventualmente haciendo determinadas obras por el Paraná de las Palmas, siendo un puerto al cual podrían acceder fácilmente las cargas del norte de la Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de toda la Mesopotamia Argentina, como así también de Chaco, Formosa, Misiones, Santiago Del Estero, tanto del noreste como del noroeste argentino”.
Luego, Rodríguez Signes agregó que “además la provincia de Entre Ríos propone constituir la región hidrovía para dar cabida a todas las provincias que operan en la cuenca de la hidrovía”.
Concretamente, las condiciones a incorporar en la próxima contratación de dragado y mantenimiento, y que “entendemos que se pueden concretar a partir del vencimiento del contrato vigente, en abril de 2021, son las siguientes:
1) Consideramos que la profundidad del Canal de Navegación Troncal debe realizarse a 40 pies de profundidad hasta la altura del km 533 de la Ruta General de Navegación, es decir, hasta el Puerto de Diamante. No hay ninguna razón que justifique dragar a 40 pies sólo hasta el Puerto General San Martín, por el contrario el puerto de Diamante está en condiciones de operar con cargas de la región y además se da la característica de que en esa ciudad conviven un puerto público y un puerto privado, de manera que es perfectamente lógica esta propuesta.
2) El concesionario debe garantizar el dragado y mantenimiento de los canales de acceso a los puertos públicos de Entre Ríos. Entendemos que si la provincia mantiene cuatro puertos públicos para el uso de cualquier usuario, y si las obras de dragado se realizarán sobre el lecho de los ríos pertenecientes al dominio originario de las provincias, justo es obtener como contraprestación el dragado y mantenimiento de sus accesos.
3) El Puerto de Ibicuy, ubicado a la altura del km 217 del río Paraná, sobre el Río Ibicuy, debe quedar integrado al sistema de navegación troncal a través de los ríos Paraná Ibicuy, Paraná Guazú, Talavera y la posibilidad técnica de conexión con el Paraná de las Palmas. Además debe quedar claro en el pliego que el acceso al Puerto Ibicuy debe realizarse a través del Río Paraná Guazú y conexión con el Canal Martín García.
4) Deben garantizarse los aspectos ambientales del proyecto, incluyendo un tratamiento especial para la operación con combustibles líquidos y gaseosos y minerales a lo largo de toda la Hidrovía.
5) Debe otorgarse participación a las provincias en el sistema de control del contrato de obra pública a celebrarse, dados los intereses provinciales involucrados. De conformarse la región Hidrovía esta entidad podría ser la que viabilice las tareas de control, de lo contrario debería constituirse un ente descentralizado de carácter público o bien una sociedad anónima con participación de las provincias del Estado Nacional y del sector privado para efectuar el control aludido.
