Una de las ocho causas que la justicia entrerriana tramita contra el ex gobernador Sergio Daniel Urribarri (ver nota) tiene entre los acusados al empresario uruguayense Hugo Fernando Montañana, titular de la conocida empresa Montañana Publicidad, fundada y regenteada por décadas por su padre, también llamado Hugo.
La acción judicial pasó a ser conocida como “La causa de la vaca”. En ella Urribarri y su ex ministro Pedro Báez son considerados autores de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos entre otras lindezas.
Para los fiscales no hay duda de que la empresa de Montañana participó de las maniobras “a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos”.
Fernando Montañana aparece en la causa como “partícipe primario”, al igual que el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y otras personas directivas de empresas privadas (Corina Cargnel, Montañana y Jesús Bustamante). También se acusa a la pareja de Aguilera (Luciana Almada), Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Sena, quienes son considerados testaferros de Aguilera. La causa tiene fecha para juicio oral a partir del 27 de abril de 2020.
LAS COIMAS
La acusación de los fiscales en la causa asegura que Urribarri y Báez sustrajeron fondos públicos “de manera constante, habitual y reiterada” y los direccionaron a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
A eso lo hicieron con múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano a favor de dos empresas del propio Aguilera mediante cinco testaferros. Entre 2010 y 2015, las firmas Next SRL y Tep SRL recibieron sumas del Estado Provincial “para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución”, por un total de 24 millones de pesos.
«Como empresa decimos que esas acusaciones son falsas, y preferimos no profundizar en el tema porque en el verdadero lugar que importan las pruebas, opiniones y todo es en el Juzgado” (Fernando Montañana).
Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo aseguran que para concretar las maniobras descriptas, participaron y se vieron beneficiados de las mismas los empresarios publicitarios Bustamante y Montañana. Para los funcionarios judiciales, ambos obraron “a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos, que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes”: Bustamante y Montañana le reembolsaban a Aguilera (lo que popularmente se conoce como “coima”) a través de la contadora de la empresa, Corina Cargnel.
Los fiscales adelantaron que pedirán 9 y 8 años de prisión para Urribarri y Báez respectivamente. Para Montañana pidieron 6 años, también de cumplimiento efectivo.
Por qué “la vaca”
El beneficio consistió en un porcentaje de la publicidad “pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa”. Para los fiscales, a esa maniobra la realizó la contadora Corina Cargnel, ahora también imputada, “quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos así como también la percepción de los retornos, siendo su rol fundamental pues era el nexo entre los funcionarios las oficinas del Estado, encargadas de la tramitación de las contrataciones y las empresas antes mencionadas”, según figura en el escrito judicial.
Aseguran que Montañana le reembolsaba al cuñado de Aguilera (lo que popularmente se conoce como “coima”) un porcentaje de lo que facturaba.
Tan ficticias eran las constataciones que por eso la causa es conocida como “la de la vaca”. Resulta que los pagos del Estado se hacen con una certificación de que el servicio se prestó: en este caso, se adjunta en el legajo una fotografía de los carteles supuestamente contratados, visibles en alguna ruta, en el acceso a alguna ciudad. Pero la certificación era tan trucha que las fotos mostraban siempre a una misma vaca, en la misma posición, adelante del cartel. Nuevamente la certeza de la impunidad. “Esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición”, dijo el fiscal. Y así pasó a ser “la causa de la vaca”.
Un “arrepentido”
A diferencia de Montañana, el otro empresario acusado, Jesús Cuchi Bustamante, reconoció los hechos que se le imputan: aceptó un juicio abreviado, lo que tiene como condición el reconocimiento del delito. Reconoció las coimas y recibió una condena a dos años y la realización de trabajos comunitarios, pero además pagó casi 5 millones de pesos al Estado por el daño causado al pueblo entrerriano.
Aunque en Entre Ríos no existe la figura del arrepentido, el testimonio de Bustamante es impactante y complica tanto a Urribarri como al resto de los acusados: reconoció frente al juez Ricardo Bonazzola que parte del dinero que cobraba por contratos publicitarios entregados a su empresa, debía retornarlo a la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del entonces gobernador. El empresario publicitario aceptó dos años y ocho meses de prisión condicional, más 96 horas anuales de trabajo social durante dos años, y una multa de 90 mil pesos que abonará en cuotas de 15 mil pesos cada una.
Pero eso no fue todo. Luego de la condena, la Fiscalía de Estado le reclamó a Bustamante un desembolso millonario por el daño causado a la administración pública. Finalmente, ofreció pagar en una sola cuota la suma de 4.800.000 pesos. A fines de julio del año pasado, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, informó que se accedió al acuerdo dado que se recuperaba dinero del Estado.
“A sabiendas”
Montanaña Publicidad” fue fundada hace más de medio siglo por Hugo Montañana, padre del actual titular de la firma, que trabaja en el rubro publicitario de cartelería en la vía pública y espacios publicitarios en Entre Ríos, sobre todo en la costa del río Uruguay. En su sitio web, entre otros trabajos que exhiben, se pueden ver piezas realizadas para el Gobierno de la Provincia.
A la empresa de Montañana se la acusa de haber participado “a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos”, de “maniobras que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes”, “siendo beneficiados con un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa”. En criollo: se lo acusa de haber participado de maniobras irregulares por las cuales recibía una pauta de la cual luego entregaba un porcentaje al cuñado de Urribarri.
Aunque prefirió no dar notas sobre el tema, Fernando Montañana negó las acusaciones. Consultado por El Miércoles Digital sus únicas declaraciones fueron las siguientes: «Como empresa decimos que esas acusaciones son falsas, y preferimos no profundizar en el tema porque en el verdadero lugar que importan las pruebas, opiniones y todo es en el Juzgado. No nos interesa entrar en el juego mediático».
Montañana, quien cumplirá 39 años en marzo, fue indagado en la causa en septiembre de 2017, hace ya más de dos años. Su padre, Hugo Alberto Montañana, fue el fundador de la empresa que hoy le toca dirigir. Los fiscales de la causa pidieron para él 6 años de prisión efectiva. Aunque hasta hace poco lo representaban los abogados uruguayenses Félix Pérez y Sebastían Arrechea, en el juicio oral será defendido por el profesional paranaense Emilio Fouces.
Crédito: A.S. (El Miércoles Digital), con colaboración de J.R.D.
