Se trata de la causa en la que se investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que habrían beneficiado a empresas que se sindican como de propiedad del cuñado del ex gobernador.
Después de dos suspensiones durante 2019, el primer juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados al ex gobernador Sergio Urribarri por una causa de corrupción en su gobierno tiene fecha para 2020. La mal denominada “causa de la vaca”, que investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que habrían beneficiado a empresas que se sindican como de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, irá a juicio oral a partir del próximo viernes 27 de abril.
Las audiencias continuarán los días 28, 29 y 30 de abril. Luego, seguirán los días 5, 6, 7, 12 y 13, 14, 19, 20, 26 y 27 de mayo, siempre a partir de las 9. Según el esquema fijado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, los alegatos de apertura serán los días 27 y 28 de abril; en tanto en las jornadas del 29 y 30 de abril y 5, 6, 7, 12 y 13 de mayo depondrán un total de 7 testigos por día; los días 14, 19 y 20 de mayo, 8 testigos por día; mientras que las jornadas del 26 y 27 de mayo serán los alegatos de clausura, según informó Entre Ríos Ahora.
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas narcomunicipio y narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la causa que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el TOF, en la que están imputados, entre otros, Daniel “Tavi” Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
Los jueces, además, si bien encontraron atendido el pedido que formuló la procuradora adjunta de establecer fecha de inicio dentro del plazo en el que se iban a realizar las audiencias -entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre- dijo no tener potestad para tomar una determinación de esa envergadura. Así, concluyó que “este Tribunal carece de la potestad para efectuar una reprogramación del debate, atento a que la fijación de las audiencias de los juicios orales constituye una actividad administrativa reservada a la OGA., limitándose la labor jurisdiccional en el presente caso en concreto, a impedir que tal actividad afecte derechos y garantías que impidan la materialización de un ´juicio justo’”.
En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
No bien se conoció la primera postergación, la Procuración General urgió la fijación de fecha con el argumento de que una falta de definición “podría atentar contra el derecho de los acusados que no han generado las suspensiones a un proceso sin dilaciones indebidas”.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
En la causa están los abogados Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública.
Aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
Además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.
Como adelantó Página Judicial, para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.
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