El tribunal que debía juzgar al exgobernador Sergio Urribarri por supuestas contrataciones publicitarias amañadas con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, decidió suspender el arranque de las audiencias públicas, que se iban a desarrollar entre el miércoles 20 del actual y el próximo 13 de diciembre.
La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha el lunes en audiencia por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.
urri-Causa-la-vaca-suspenden-el-juicio-previsto-para-noviembre» Así las cosas, la petición de los letrados no puede ser rechazada de plano con la consecuente imposición del cronograma de audiencias tal como fuera fijado por Oficina de Gestión de Audiencias (OGA)., pues ello emerge como una solución irrazonable y desproporcionada con el legítimo objetivo de llevar esta causa a juicio en tiempo oportuno y sin ´dilaciones indebidas´, corriéndose el riesgo de afectar los derechos de defensa en juicio de los imputados y con ello la garantía de debido proceso legal».
Los jueces, además, si bien encontraron atendido el pedido que formuló la Procuradora Adjunta de establecer fecha de inicio dentro del plazo en el que se iban a realizar las audiencias -entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre- dijo no tener potestad para tomar una determinación de esa envergadura. Así, concluyó que «este Tribunal carece de la potestad para efectuar una reprogramación del debate, atento a que la fijación de las audiencias de los juicios orales constituye una actividad administrativa reservada a la O.G.A., limitándose la labor jurisdiccional en el presente caso en concreto, a impedir que tal actividad afecte derechos y garantías que impidan la materialización de un ´juicio justo´».
De ese modo, se materializa la segunda suspensión en el primer juicio por corrupción a Urribarri. El proceso debió cumplirse a finales de julio último, pero también fue suspendido.
Las audiencias están fijadas para los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre próximos, a las 9. Los debates continuarán durante el mes de diciembre los días 4, 5, 6, 11 y 13, también a las 9. Pero ese esquema podría variar si prosperan los recursos de los abogados defensores.
El abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de Alejandro Almada, cuñado del cuñado Juan Pablo Aguilera; del empresario Maximiliano Sena; y codefensor de la contadora Corina Cargnel en la denominada «causa de la vaca», que investiga el direccionamiento de las pautas de publicidad callejera durante el último gobierno de Urribarri, planteó una alternativa de hierro: “Si este juicio no se reprograma, no nos queda otra que renunciar a la defensa. No podemos continuar en una defensa que manifiestamente va a ser inoficiosa”, señaló ante el tribunal conformado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola.
Uno de los argumentos centrales que expuso tiene que ver con la tramitación de otra mecagacausa de igual envergadura que el “juicio de la vaca”: la que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) y que investiga las ramificaciones de la banda del líder narco Daniel “Tavi” Celis. Allí, Cullen ejerce la defensa del intendente Sergio Varisco.
La causa narco se tramita lunes y martes en los Tribunales Federales; la “causa de la vaca” está programada para los días miércoles, jueves y viernes, entre noviembre y diciembre. Cullen recordó que su socio Guillermo Vartorelli había alertado en agosto último la imposibilidad de tramitar las dos causas al mismo tiempo por la imposibilidad de ejercer la representación de sus defendidos de modo eficiente. “No se trata de una cuestión gremial, o de poder ejercer la abogacía, sino de que el imputado pueda tener una defensa efectiva”, razonó. A su favor, citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició al represeor Adolfo Scilingo, tristemente célebre por los “vuelos de la muerte”.
En Scilingo, relató Cullen, “la Corte dice que es obligación del Estado asegurar el ejercicio del derecho constitucional de defensa. La inobservancia de esta obligación puede acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino”, y destacó que la Justicia de Entre Ríos ya ha tenido una reprimenda del máximo tribunal federal en la causa “Centurión Luis Alberto”, en la que un defensor pidió la suspensión del proceso por no tener tiempo para ejercer la defensa. En este caso, la Corte “anuló la sentencia condenatoria”.
En ese marco, y ante la complejidad de dos causas en trámite, uno en el fuero federal, otra en la órbitra provincial, Cullen planteó: “Esto nos pone ante la situación de que no hay otra solución que la suspensión y la reprogramación de las audiencias hasta tanto el cúmulo de tareas que se alega permita que cada uno de nuestros defendidos contar con la mejor defensa posible”.
Marcos Rodríguez Allende, que ejerce la defensa de Juan Pablo Aguilera y de su esposa, Luciana Almada en la “causa de la vaca”, se mostró sorprendido por lo que consideró un apresuramiento de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de anunciar el 22 de octubre que el juicio empezaría el 20 de noviembre. “Es una fecha que se nos comunica de forma sorpresiva, un hecho que causa vulneración a las garantías constitucionales”, planteó.
Emilio Fouces, defensor del empresario publicitario uruguayense Hugo Montañana, subrayó que si se mantiene la fecha de inicio del juicio el 20 de noviembre, se estaría “poniendo muy en riesgo el derecho a la libertad y a un juicio justo. Y un juicio justo depende de una defensa eficiente, comprometida, a conciencia”. El letrado, que también participa de la causa narco en el fuero federal, planteó su pesimismo respecto a que ese juicio pueda cerrarse este año. “Esperamos sentencia para febrero o marzo” de 2020, planteó.
Guillermo Vartorelli, que es codefensor de Carina Cargnel y defensor de Emiliano Giacopuzzi, agregó otro elemento: la “causa de la vaca” coincide con un juicio oral por abuso sexual de mucha complejidad en la que actúa como querellante. Dijo que el hecho de que no coincidían los días entre la “causa de la vaca” y el trámite de la causa narco en el fuero federal no es un atenuante: el resto de los días los defensores lo dedican a desgravar testimonios y preparar nuevas audiencias.
Urribarri, presente
El abogado Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa del exgobernador Sergio Urribarri, dijo no estar alcanzado por los reparos que plantearon sus colegas. “No tenemos legitimación para solicitar absolutamente nada. Lo que sí tenemos, en principio, es la responsabilidad de hacer conocer al tribunal que nuestro defendido (en referencia a Urribarri, NdelR) nos ha instruido para plantear que él va a comparecer cuando sea citado. Hasta ahora no ha tenido citación. Pero igual va a comparecer. Nos ha instruido además nuestro defendido de su interés de que no solo sea juicio un justo sino también inobjetable”, planteó.
Luego hizo notar que en Entre Ríos nunca un gobernador ha sido llevado a juicio. “Nunca ha sido así. Y nuestro defendido tiene, y nos ha hecho conocer esa instrucción, el derecho de exigir un juicio justo y formalmente irreprochable”.
Recordó al final que la decisión de Urribarri es asistir a las audiencias, “y ejercer todos sus derechos”.
José Velázquez, codefensor junto a Ignacio Díaz del exministro de Cultural Pedro Báez, planteó sus objeciones por cuanto tiene compromisos laborales en Buenos Aires y Neuquén que distraen su tiempo.
Réplica
La fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche respondió los planteos de los defensores, aunque en sus dichos dejó entrever que aguarda una decisión del tribunal que iría a tono con el pedido de los abogados de los imputados: habrá suspensión o reprogramación del juicio. No obstante, sostuvo, “hay alternativas a los planteos que se escucharon. No hay afectación de derecho de defensa, tal como lo plantearon los defensores”.
Después, ofreció una serie de “alternativas”, que permitirían acoger la preocupación de los defensores, y a la vez lograr que el juicio por la “causa de la vaca” se haga antes de que finalice 2019, luego de haber sido suspendido ya en julio último. “Podría hacerse un día por semana, o dos días por semana”, sugirió. Hasta ahora, el cronograma de audiencias fija los días miércoles, jueves y viernes, entre noviembre y diciembre.
“Nos encontramos ante una tensión entre los defensores, que no quieren verse atiborrados de trabajo, y de los acusados de tener juicio oportuno”, sostuvo. Y recordó que la “causa de la vaca” fue remitada al Tribunal de Juicio y Apelaciones hace más de un año, y que el pedido de remisión a juicio fue hecho por la Fiscalía en febrero de 2018.
“Se pueden hacer estas audiencias lo más espaciadas que los defensores necesiten. Lo que no podemos es someternos a la agenda de cada uno de los defensores. Me pregunto c uándo podríamos hacer este juicio para no entorpecer la agenda de los defensores”, dijo, y ofreció la posibilidad de que el juicio no empiece en noviembre, y sí en diciembre.
“Solicitamos que se atienda el pedido de los defensores, pero fijando fecha dentro del calendario ya establecido”, pidió al final.
El tribunal pasó a deliberar y en los plazos de ley dará a conocer su resolución.
Qué investigan
La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
Antes de que el tribunal decidiera aplazar los debates, el último 25 de julio, habían ocurrido una serie de incidentes.
La última estrategia por aplazar el inicio del juicio había ocurrido con la recusación de uno de los magistrados que juzgará a Urribarri, Báez, Aguilera y Cía, Gervasio Labriola, en una investigación penal conocida mediáticamente como “ causa de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía.
Labriola intervino en la megacausa contra el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno.
El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”, el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción.
Aunque finalmente esa recusación fue desestimada.
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.
Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.
Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.
En tanto, se espera fijación de fecha para el segundo juicio por corrupción a Urribarri, el conocido como Sueño Entrerriano. La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
Entre Ríos Ahora
