Se desarrolló este lunes por la mañana la audiencia para tratar la continuidad o no de la prisión preventiva de la estafadora de comercios, que fuera detenida en Gualeguaychú, tras un raid delictivo en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay.
Se trata de Andrea Susana Toussaint de 46 años, domiciliada en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, que está detenida desde el 10 de enero del corriente, a quien se le imputa haber sido coautora de estafas en perjuicio de al menos dos comercios en Concordia, siete en la ciudad de Colón y cuatro en La Histórica y que fuera apresada finalmente en Gualeguaychú, al ser reconocida por la empleada de un comercio que había visto los videos viralizados alertando sobre estas dos delincuentes, destacándose que su cómplice logró escapar y más allá de estar identificada como Natacha Miriam Ovejero, hasta el momento no fue hallada.
En la audiencia, ante la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, estuvieron presentes la acusada, su defensora oficial, la doctora Alejandrina Herrero y la fiscal, doctora María Occhi.
La representante del Ministerio Público Fiscal recordó los delitos cometidos por Toussaint y su cómplice, realizaron compras en comercios de la ciudad mediante el método “offline”, el cual se realiza con tarjetas de crédito, no de débito, llevando mercaderías por un valor de aproximadamente 180 mil pesos.
En su relato, la doctora Occhi contó que así operaron en ciudad con una tarjeta de crédito del Banco Santander a nombre de Andrea Susana Toussaint, estafando a los comercios Sara Lencería, Retro Marilin, en el comercio Cofre de Belleza la Perfumería Los 95.
La fiscal solicitó que se extendiera la prisión preventiva para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento, a lo que la defensora se opuso y solicitó la libertad con medidas o reglas de conducta, ofreciendo un domicilio fijo y la presentación periódica de la encartada en dependencias policiales.
Tras un cuarto intermedio, la jueza de Garantías, realizó un análisis de los expuesto por las partes y consideró que se podía conceder la libertad pero bajo una caución real (fianza) por una suma de 180 mil pesos, que garantizara la presencia y comparecencia de la imputada, debiendo respetar las reglas de conducta, entre otras la presentación diaria en la dependencia policial de la jurisdicción a su domicilio, pero que para acceder a ese privilegio, debía efectuar en depósito del monto impuesto, por lo que la Defensa y su representada estudiaban la forma de lograr cumplir con esto o poner algún bien personal en garantía.
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