En un fuerte tono antimacrista, el plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este jueves sesionó en Paraná produjo al término de su deliberación un duro documento en el que advierte a la administración del gobernador Gustavo Bordet que será su propia responsabilidad el no inicio del ciclo lectivo 2019 el próximo 6 de marzo.
El documento exige al Gobierno entrerriano “la presentación sin demoras de una propuesta de recomposición salarial que contemple de modo realista el aumento en el costo de vida. Reafirmamos lo planteado en la reunión del día 5 de febrero pasado con el Gobierno provincial donde exigimos la inmediata ´recuperación del 14,6% de desfase entre el incremento salarial y la inflación anual de 2018´. Y demandamos respuesta salarial hacia el año 2019 que superen la calidad del pasado acuerdo paritario”.
En ese escenario y de no darse respuesta a las demandas sectoriales, dijeron los secretariales generales de Agmer, “será el Gobierno el único responsable de un eventual no inicio del ciclo lectivo si dilata los tiempos para la resolución de estas demandas”. Entre las demandas planteadas está la “devolución de lo descontado por ejercer el derecho a huelga y la urgente convocatoria a la comisión para la equiparación salarial de directivos de primaria y secundaria, la actualización de los montos de las partidas para limpieza y comedores escolares”.
En 2018 los docentes cerraron un acuerdo salarial en dos paritarias, que al final supuso una actualización anual del 33%, que fijó el mínimo garantizado de bolsillo en $15.291. Pero la inflación fue del 47,6%, lo que supuso una pérdida de casi el 14,6%. Pero si se compara el ingreso docente con el costo de la canasta básica total que mide la línea de pobreza, las diferencias son más notables. El costo total en diciembre fue de $ 25.962, con una suba anual del 52,95 %.
El gremio cerró 2018 con una advertencia. El congreso provincial del sindicato, que se reunió el 3 de diciembre en Valle María, departamento Diamante, aprobó la pauta salarial del 11% dispuesta por la administración del gobernador Gustavo Bordet para el último tramo del año, aunque la declaró “insuficiente”.
Pero no sólo eso. Los congresales de Agmer reclamaron que la apertura de la negociación salarial para el nuevo año fuera “a partir de enero 2019”, y dejaron una advertencia: “En caso de que el Gobierno no presente una propuesta salarial para la última semana de febrero de 2019, declarar el no inicio del ciclo lectivo”. La aceptación de la oferta salarial del Gobierno -la segunda, que así llevó la pauta anual al 33%- tuvo un resultado abrumador: 68 votos a favor y 38 en contra.
Claro que el grueso de la responsabilidad por el estado de la economía y de los sueldos del sector docente, según la evaluación del plenario de secretarios generales que se reunió este jueves en Paraná, corresponde al gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, analizó que “el costo de vida en nuestro país se ha visto fuertemente afectado por una inflación que alcanzó durante 2018 su mayor porcentaje histórico en casi tres décadas, sumado esto al hecho de que el sostenido incremento en los precios es incluso mayor entre los productos de primera necesidad que componen la Canasta Básica Alimentaria, a la vez que se consolida el aumento descontrolado en las tarifas de los servicios públicos y el valor del combustible. Esto golpea a toda la población, pero de manera especial a los trabajadores y a los sectores más vulnerables”.
“La acuciante situación que atravesamos las y los argentinos, caracterizada entre otros aspectos por la pérdida de miles de puestos de trabajo y el aumento de la desocupación y la pobreza, es consecuencia directa de una política económica y fiscal que ahoga al sector productivo nacional y pone en gran peligro el futuro de numerosas generaciones de compatriotas -señala el documento del sindicato docente-. A raíz de esto, se han visto profundamente restringidos varios derechos fundamentales, al mismo tiempo que otros se encuentran visiblemente amenazados. En efecto, al desfinanciamiento en áreas sensibles como salud y educación pública se suman la marcha atrás en políticas de promoción y desarrollo social. Remarcamos que esto que nos encontramos describiendo no es en absoluto el resultado de improvisaciones o errores en las proyecciones por parte de quienes manejan el poder, sino que se trata lisa y llanamente del objetivo que se han trazado en el marco de un plan de gobierno que excluye a la mayor parte de las y los argentinos para poder satisfacer los intereses de una minoría privilegiada, la misma que a lo largo de la historia se ha llevado la tajada más grande en el reparto de los beneficios en nuestro país. Un plan que cierra con un endeudamiento externo feroz que, en apenas tres años, ha hipotecado el futuro de generaciones de argentinos y entregado la soberanía nacional a los organismos multilaterales de crédito”.
En ese marco, los docentes entrerrianos sostienen que “el paquete de medidas de ajuste y subordinación a los negocios del gran capital que ha definido el Poder Ejecutivo encuentra complicidad directa en amplios sectores del Congreso de la Nación, donde se convalida en términos legislativos el saqueo por medio de normas de carácter regresivo y antipopular. E intenta –además- disciplinar a los gobiernos provinciales. En este sentido manifestamos: los gobernadores que negocien salarios a la baja, que no respeten los compromisos asumidos en lo referente a no perder ante la inflación, que mandan a sus diputados y senadores nacionales a convalidar las políticas de saqueo que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, serán igual de responsables de uno de los mayores desastres económicos y sociales en la historia de nuestro país”.
“El poder económico y sus mandaderos políticos al frente del Estado han resuelto de forma deliberada, con el aval mezquino de los grandes medios de comunicación, construir discursivamente al enemigo entre las organizaciones sindicales y sociales, con el firme propósito de encontrar un chivo expiatorio que les permita justificar el endeudamiento que nos está llevando de manera directa al desastre. Insistimos ´acá no sobra ningún trabajador´ y a la vez denunciamos el crecimiento de la desocupación y la pérdida de miles de puestos de trabajo a causa de los despidos y cierres de áreas sensibles en el estado, unidos a una política que ha llevado a la quiebra y el cierre de miles de pymes en todo el país”, dice el pronunciamiento sindical.
Entre Ríos Ahora
