La Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos “Basta es Basta” se reunió este jueves para advertir que el “supuesto decreto firmado por el gobernador (Gustavo Bordet) intentando desobedecer el amparo judicial (por las fumigaciones con agrotóxicos) y reducir las distancias de protección a las escuelas entrerrianas”, no está vigente porque fue publicado por redes sociales y no de manera formal e institucional. Al respecto, explicaron que “para que una ley o decreto tengan vigencia deben ser publicados en el Boletín Oficial cosa que no sucedió en este caso, por lo tanto: el amparo confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sigue vigente”. Ante ello, “quien realice fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1.000 metros terrestres y 3.000 metros aéreos de cualquier escuela rural entrerriana está cometiendo un delito penal”.

 

Desde la Coordinadora “Basta es Basta” se remarcaron dos puntos:

1) Para que una ley o decreto tengan vigencia deben ser publicados en el Boletín Oficial cosa que no sucedió en este caso, por lo tanto: el amparo confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sigue vigente, y quien realice fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1.000 metros terrestres y 3.000 metros aéreos de cualquier escuela rural entrerriana está cometiendo un delito penal.

2) ¿Quién difunde ese decreto extra oficial? Es una maniobra perversa e irresponsable. ¿Se trata de fuentes del gobierno? Invitan a la Coordinadora a conformar una mesa de trabajo, mientras el supuesto decreto fue “fechado” cuatro días antes y se negaron a responder preguntas directas al respecto; para luego “hacer como que” se publica para generar confusión entre la población y las autoridades de aplicación correspondientes.

“Por lo tanto, tal como lo ordenara el Superior Tribunal de Justicia, el amparo sigue vigente y desobedecerlo constituye un delito penal”, advirtieron.

Se trata del supuesto Decreto N° 4.407 del 14 de diciembre pasado. En ese mes, los secretarios de Producción Álvaro Gabás y de Ambiente, Martín Barbieri, junto al director de Agricultura y otros asesores, en nombre del gobernador Gustavo Bordet, recibieron a la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos “Basta es Basta”.

En esa oportunidad, desde la Coordinadora se consultó por las declaraciones oficiales que afirman que es “imposible producir” en las 300.000 hectáreas alcanzadas por el amparo que protege a las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos; qué tipo de producciones tienen lugar en esas áreas, y a qué cantidad de productores afecta. Asimismo, se solicitó acceso a los indicadores de salud y las capas productivas y ambientales del catastro rural en las áreas involucradas.

El secretario de Producción respondió que la información era posible estimarla, e invitó a la Coordinadora a elaborar ese dato de manera conjunta y a fiscalizar y denunciar las fumigaciones que pongan en riesgo la salud e incumplan la ley.

En cuanto a las escuelas fumigadas, la Coordinadora se manifestó en desacuerdo ante el posible decreto del gobernador (que no está publicado de manera oficial y por lo tanto no está vigente en la actualidad), que se opondría al amparo judicial que las protege. En esa reunión, incluso los funcionarios provinciales reconocieron que desconocían los fundamentos técnicos del decreto.

En relación a las llamadas “¿buenas?” prácticas agrícolas, el gobierno confirmó la ausencia de fundamentos de rigor científico que las respalde. También insistieron en la convivencia indemostrable entre modelos productivos. Desde la Coordinadora se planteó la necesidad de dar respuesta a los emprendimientos agroecologicos que se perjudican diariamente por la contaminación de derivas con agrotóxicos de otros campos vecinos e incluso hasta otros más lejanos.

A pesar de todo esto, desde la Coordinadora se aceptó colaborar en una mesa de trabajo para impulsar medidas específicas de fomento de la agroecología que permitan un cambio de matriz productiva en la provincia. Este encuentro está previsto para el 15 de enero, con otros sectores definidos por el Gobierno y la inclusión de la cartera de Salud.

Por eso ayer se reiteró que el decreto que intenta desobedecer el amparo judicial y reducir las distancias de protección a las escuelas rurales, no está vigente porque fue publicado por redes sociales y no de manera formal e institucional. (El Argentino)

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