Las cifras oficiales de la implementación de la Ley de Narcomenudeo demuestran las dos caras de una actividad delictiva con un trasfondo social.
Delitos. Los allanamientos de Toxicología fueron 221, pero otras áreas de la Policía, en requisas por otros delitos, hallaron droga en 161 ocasiones.
En siete meses y medio, la implementación de la Ley de Narcomenudeo dejó varios aspectos para analizar y pasar en limpio. En lo cuantitativo, las cifras de causas, detenidos, allanamientos y secuestros por parte de la Dirección Toxicología en toda la provincia evidencian una ofensiva policial contra la venta de droga minorista. En lo cualitativo, la condición social y sobre todo la situación de consumidores de muchos de los imputados, refleja la necesidad de una respuesta sanitaria que complemente la punitiva por parte del Estado. A su vez, en la Justicia se ha arribado a numerosas condenas, casi todas mediante juicios abreviados.
Según las cifras oficiales de la Policía de Entre Ríos informadas a UNO, tanto la Dirección como las Divisiones de Toxicología de los 17 Departamentos de la provincia, llevaron adelante 221 allanamientos en el marco de causas por narcomenudeo. En algunos casos se trató de más de una requisa de un mismo procedimiento, al atacarse distintos domicilios vinculados a la misma investigación.
Además, se les dio intervención en otros allanamientos llevados adelante por otras divisiones policiales o jefaturas departamentales que encontraron drogas mientras buscaban otros elementos: en estos casos, fueron 161. Es decir, 382 en total contabilizando ambos tipos de actuaciones policiales.
De este modo, teniendo en cuenta lo dicho sobre más de una requisa en una misma causa, se puede inferir que fueron alrededor de 200 los kioscos de droga desarticulados en la provincia.
En total, hasta el viernes, fueron 312 las personas detenidas por participar en la actividad de kioscos de drogas: 210 varones y 102 mujeres.
Sobre la cantidad de droga secuestrada, se detalló que fueron 18,330 kilos de marihuana (1.940 dosis y trozos o ladrillos) y 6,345 kilos de cocaína (4.456, entre dosis fraccionadas, que muchas veces no llegan a un gramo, más trozos o ladrillos de la sustancia).
También, en los allanamientos se golpeó la parte económica del negocio, con el secuestro de dinero, que supera los 2 millones de pesos en todos los procedimientos. Asimismo, se secuestraron los vehículos que eran utilizados para la actividad delictiva: fueron 42 autos y 52 motos, de los cuales algunos han sido ya decomisados y entregados a dependencias oficiales, como la misma Dirección de Toxicología, el Ministerio de Salud, y hasta dos bicicletas que fueron entregadas al Consejo Provincial del Niños, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Cabe destacar que en los 17 departamentos de la provincia hubo allanamientos y detenidos por narcomenudeo, lo que evidencia el alcance territorial casi absoluto del narcotráfico, y consecuentemente de la problemática del consumo de sustancias. Los departamentos que encabezan las cifras de procedimientos policiales por esta actividad ilícita son Paraná (con 54 allanamientos y 75 intervenciones) y Concordia (con 38 y 14, respectivamente).
El director de Toxicología de la fuerza provincial, Lucio Villalba, expresó a UNO algunos puntos sobre un balance inicial acerca del trabajo implementado desde el 10 de mayo, día que entró en vigencia la Ley provincial Nº 10.566.
El comisario expresó que se trató de «un aprendizaje interesante» y destacó «un buen trabajo en conjunto con los fiscales».
Además, refirió la dinámica del delito, donde se encuentran con personas que comercian droga en su «kiosco», y alguien que consume, si tiene algo más de dinero puede comprar algunas dosis más para a su vez revender, pero en otra ocasión que está sin plata para esa «inversión», no lo hace más.
En este sentido, Villalba destacó la importancia del aspecto de atención de adicciones a quienes detienen por estos delitos, «porque el bien protegido es la salud».
«Todos los días hay procedimientos», afirmó Villalba, y refirió que por ello se fue transformando la estructura policial: «Había delegacías que tenían cuatro o cinco funcionarios, y se transformaron a divisiones duplicando o triplicando el personal. A fines de 2016 se crearon cinco divisiones en los departamentos más grandes, y con la nueva ley se crearon siete divisiones más. Actualmente quedan Feliciano, San Salvador, Tala e Islas con delegacías, no obstante se las dotó con más personal».
«Se está haciendo base, los resultados se van a ver en cuatro o cinco años», concluyó el director de Toxicología, al tiempo que recordó que, paralelamente, siguen trabajando en investigaciones que se desarrollan en la Justicia Federal, con causas importantes.
Más allá de la respuesta punitiva
Los kioscos de droga constituyen una actividad insoportable en los barrios de las distintas ciudades de la provincia, tanto por el daño que causa a quienes consumen, como las consecuencias de inseguridad que generan. Ante esto, desde el Estado provincial se decidió dar una respuesta al eslabón más débil de uno de los negocios más millonarios.
En las audiencias con los imputados que se desarrollan en los Tribunales se observa que, en su mayoría, aún en las causas de bandas de narcomenudeo, se trata de personas jóvenes, sin oportunidades y adictos al consumo de drogas.
En este marco, según afirmó la ministra de Gobierno de la Provincia, Rosario Romero, en diálogo con el programa A Quien Corresponda en Radio de la Plaza, la respuesta a la problemática no es solo penal: «Además de lo punitivo, la situación se aborda desde otro punto de vista y ofrecemos alternativas a las personas que no tienen trabajo; el Estado asiste, subsidia, financia la capacitación, a quienes se capacitan en oficios se les da un microcrédito para que logren una actividad productiva. Pero hay que ser muy claros en que el delito está mal y hay que tener una clara definición de no tolerar ni al chico ni al grande en materia de estupefacientes, porque ambos hacen mucho daño».
Asimismo, aseguró que «hay mucha actividad de distintas organizaciones no gubernamentales y del propio Estado para ofrecer alternativas a quien está preso de una adicción. Me consta el esfuerzo que hacen muchas familias que han venido a conversar conmigo, después de procedimientos me reuní con papás cuyos hijos están involucrados en causas penales a quienes se les ofreció una salida terapéutica, y en eso el Estado está respondiendo», aseveró. (UNO)
