Los empleados del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) tuvieron ayer por la mañana su plenario provincial en la Regional Centro Este, con el objeto de considerar la realidad habitacional en la provincia y reflejar su preocupación por la eliminación de planes, por parte de la Nación, para el financiamiento de nuevos barrios y dar respuesta a una demanda social.
El encuentro contó, además, con la presencia de doce delegados, entre ellos: el local, Carlos Bach, y el de la Gerencia Técnica de la Sede Central, Mariano Santiago, acompañados por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, Oscar Muntes, y el titular de la Seccional Uruguay, Martín Calisaya.
El personal, que permanece en estado de asamblea, comentó que, como consecuencia de la coyuntura, de entre las mil y las dos mil viviendas, ejecutadas por año en Entre Ríos, el número se redujo en el último tiempo al 10 por ciento.
En lo que respecta a Concepción del Uruguay, entre 2003 y 2015 se entregaron, en promedio, unas 200 casas y, en los últimos 3 años, entre 40 a 50, de planes licitados en 2014, iniciados en 2015, sorteados en 2016 e inaugurados recién en 2018.
Eso incidió en la caída del índice de la construcción y de los convenios con gremios y sociedades intermedias. En virtud de ello, quedan hoy pendientes dos complejos, el de 45 y el de 80 unidades para docentes, pero “aún no se sabe si el IAPV podrá asegurar la finalización” de ese último barrio.
“Se debe a que en 2016 se desarmaron los planes federales de viviendas y, en forma simultánea, se anunció la construcción de un millón de casas, que luego se dio de baja. Eso significa que los planes programados con bancos y el Procrear no se podrán cumplir”, se subrayó.
Reducción del gasto público
En el medio está “el plan de reducción del gasto público”. Se sabe que 17 mil millones -dinero obtenido del impuesto a los combustibles- se destinan por año únicamente al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). “Esa ley es la que está en riesgo, pues es de donde quieren sacar los fondos”, se expresó para acotarse que “ya se habla de 5 mil millones que le desean sacar al presupuesto provincial y dentro de ellos están los 700 millones del Fonavi. De ahí a que existe un gran riesgo de que Entre Ríos no pueda sustentar su ritmo de viviendas”.
Según los registros oficiales, actualmente hay 50 mil familias en la provincia que buscan cumplir con el sueño del techo propio. “Si no se envía la plata del Fonavi, desaparecerá la posibilidad de que los entrerrianos accedan a una vivienda digna y con un plan financiado por el Estado, que no es lo mismo que si lo hiciera un banco. Si no hay dinero para hacer casas sociales, tendremos familias en la calle y en situación precaria”, se anticipó.
Al respecto, se consideró que “el Gobierno central entiende que la vivienda no es una necesidad sino un gasto”. Por eso, los trabajadores se entrevistaron con las autoridades del IAPV y los legisladores y proyectan una asamblea junto a diputados nacionales, en plan de difundir la problemática e interiorizarse sobre la ley de presupuesto 2019, a tratarse a mediados de septiembre.
Reclamo en conjunto
Desde la conducción de ATE Entre Ríos se destacó que “el reclamo no pasa sólo por lo gremial sino que es intención concientizar a la sociedad de que el acceso a la vivienda es hoy casi escaso y con una proyección a desaparecer. Si el IAPV no tiene asignado, a través de Nación, el presupuesto, habrá muy pocas posibilidades de que existan planes de casas sociales para los uruguayenses”.
A todo esto, se aseveró que “se está en una situación compleja, ya que hay un Gobierno que ha decidido avanzar, en todos los sentidos, al eliminar organismos y despedir a trabajadores”, por lo que se solicitó la adhesión y la solidaridad de los restantes sectores de la comunidad. (La calle)
