Las tres víctimas de los abusos del cura Justo José Ilarraz corroboraron este lunes lo que ya habían declarado en instrucción. El primer testimonio se extendió por más de tres horas y en su relato, el muchacho hizo referencia a las reuniones que mantuvo con el cardenal Estanislao Esteban Karlic cuando los hechos empezaban a trascender entre la curia del Seminario de Paraná. “Se le hizo reconocer las copias de la denuncia en el sumario diocesano que inició en 1995. Dos de los testigos que declararon hoy ratificaron esas denuncias, una del año ‘95 y otra del ’96, donde ya pusieron en conocimiento los hechos que habían sufrido”, dijo el fiscal Francisco Ramírez Montrull a ANÁLISIS DIGITAL. Ilarraz estuvo presente durante el último testimonio, tal como lo pidió esa persona. También se informó que el arzobispo de Paraná Juan Alberto Puiggari, declarará por escrito; y que en los casos del cardenal Estanislao Esteban Karlic y el Obispo Emérito Mario Maulión se realizarán pericias psicológicas para evaluar los estados de salud y dictaminar si están en condiciones o no de declarar.

La primera audiencia del juicio contra el cura Justo José Ilarraz arrancó a las 9 de este lunes y se extendió hasta las 17.30. El religioso llegó unos minutos después de las 8. Entró por la puerta principal, acompañado de su hermano y se alojó en un despacho de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Allí esperó hasta las 8.45, cuando salió rodeado de policías que lo escoltaron por el corredor de planta baja, hasta llegar al salón donde se realiza el debate. Durante esos pocos pasos por el ala derecha de los tribunales locales, Ilarraz no pudo evitar las cámaras que lo acompañaron hasta el reducto en el que se acuarteló hasta la media tarde. No se lo vio salir en ningún momento. Incluso, a la hora de retirarse del lugar, los policías de la guardia comunicaron a la prensa que Ilarraz ya había salido por el estacionamiento del edificio, evitando una vez más el asedio periodístico.

Antes del inicio formal del debate, los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, comunicaron a los medios que las puertas estarían cerradas y así sería hasta en el mismo acto de gobierno que es el adelanto de sentencia. Esa decisión finalmente se dio vuelta, luego de que las partes, incluida la misma defensa representada por el abogado tucumano Jorge Muñoz, estuvieran de acuerdo con la publicidad del acto. La cuestión se planteó entre los puntos preliminares, antes de comenzar con las testimoniales. Los fiscales y la mayoría de los abogados querellantes pidieron que alegatos y sentencia sean abiertos al público. Sobresalió la actuación del querellante Milton Urrutia, que se opuso a la divulgación de todos las etapas, incluido el veredicto.

“Este debate se debe realizar a puertas cerradas para preservar el derecho a la intimidad de las víctimas y para preservar la imparcialidad del tribunal, que es uno de los principios rectores de nuestra actividad. Cualquier cuestión que surja del debate se comunicará a través de la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esto significa que ninguno de nosotros va a hablar con la prensa de forma particular”, marcó Vivian en el breve contacto con los medios.

La decisión fue retrucada por algunos periodistas presentes que preguntaron por qué el adelanto de sentencia no sería público y por qué no se puede fotografiar al imputado en el banquillo de los acusados. “Es una metodología que corresponde a cada uno de los tribunales. Nosotros, en función de una cuestión de imparcialidad, consideramos que se debe evitar cualquier tipo de fotos aquí, lo que no quiere decir que no le puedan sacar fotos en otro lado. Es una metodología que aplicamos en Gualeguaychú, incluso para todos los casos. Es una decisión dentro de las competencias del tribunal”, remarcó Vivian, que es vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad del sur entrerriano.

 

Tres víctimas ya ratificaron sus denuncias

El fiscal Francisco Ramírez Montrull confirmó que los tres testimonios que se escucharon este lunes son coincidentes con las denuncias judiciales en el expediente que inició en 2012. Incluso, dos de ellos refrendaron las primeras denuncias que hicieron a mediado de los ’90, cuando Karlic ordenó abrir una investigación interna. Por eso, frente a los jueces tuvieron que reconocer sus primeras declaraciones, aquellas que ya tienen más de 20 años plasmadas en papeles que fueron guardados bajo siete llaves en el Seminario de Paraná.

“Se les hizo reconocer las copias agregadas al sumario diocesano que se inició con esa denuncia del año ´95. Así fue para dos testigos. Ellos reconocieron que ya en esos años pusieron en conocimiento los hechos que sufrieron”, remarcó el fiscal.

Ilarraz estuvo presente durante el último testimonio, tal como lo pidió esa persona. “El tribunal con buen criterio respetó el pedido de las víctimas. Algunos quisieron declarar sin que él esté presente y en el último caso Ilarraz sí escuchó el testimonio”, señaló Ramírez Montrull.

“Las declaraciones fueron con muchos detalles, muy precisas, muy ajustadas a los hechos. Tuvieron que hacer varias pausas por la emoción. Las declaraciones se escucharon en la misma línea de lo que ya vienen denunciando desde hace muchos años, con el mismo tenor de aquel sumario diocesano, que después fue vuelto a declarar en fiscalía y finalmente hoy en el debate oral. Siempre corroboraron los mismos hechos que son la base de la acusación”, se explayó el representante del Ministerio Público Fiscal.

 

Karlic y Maulión pidieron no declarar

Entre los testimonios más esperados está el del cardenal Karlic, que por aquellos años era obispo de Paraná y superior de Ilarraz, y fue quien impulsó la investigación diocesana que terminó con la excardinación como castigo para Ilarraz. También se espera la declaración del Obispo Emérito Mario Maulión, que actualmente vive en Rosario. Ambos son personas de edad avanzada y si bien sus testimonios se iban a producir por escrito, este lunes se decidió realizarles a ambos una pericia psicológica que constate el estado de salud y si están en condiciones de declarar.

“En el caso de Maulión y Karlic, presentaron certificados médicos diciendo de la imposibilidad de prestar declaración. Entonces por la Fiscalía se pidió que se corrobore los estados de salud. En caso de que los médicos consideren que sí están en condiciones de declarar, se aportarán pliegos de preguntas para que vea el tribunal y las partes y se les remitirán”, aclaró el fiscal de la causa y en ese sentido, ratificó que ninguno está descartado aún como testigo en el juicio.

 

Debate

El tribunal se compuso por jueces que no han sido parte de la causa N° 5471, caratulada “Ilarraz, Justo José S/Corrupción de menores (por ser encargado de la educación)”. El expediente judicial por los abusos en el Seminario de Paraná tuvo una profusa actividad de la defensa y se recurrió a tribunales superiores en numerosas ocasiones, por lo cual la mayoría de los magistrados de la provincia intervinieron en algún momento.

Entre los numerosos recursos impulsados por la defensa del cura Ilarraz, que hasta también fue ejercida por el abogado Juan Ángel Fornerón -pero hace unos meses concursó para ser juez del fuero Civil y Comercial y debió renunciar a la defensa técnica-, actualmente hay un planteo de prescripción que está por resolverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Intervienen en el juicio el fiscal Francisco Ramírez Montrull, que es asistido por el fiscal Álvaro Piérola. Y los abogados querellantes Marcos Rodríguez Allende, Walter Rolandelli, Lucio Amavet, Victoria y Santiago Halle, Milton Urrutia y María Alejandra Pérez.

El inicio de juicio estuvo acompañado por integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico que se extiende a lo largo y ancho del país acompañando víctimas; la Asociación Compromiso con voz de Villaguay que se integró por víctimas, familiares y amigos del cura Marcelino Moya; y la ONG Con los gurisis No de Urdinarrain, conformada por familiares y víctimas de abuso del ex director de Cultura municipal, Javier Broggi.

El juicio oral continuará este martes con la declaración de las otras cuatro víctimas denunciantes y pasará a un cuarto intermedio hasta el 23 de abril, cuando se esperan los testimonios de Diego Ariel Rausch; David Hergenreder; Norberto Agustín Hertel; Leonardo Javier Tovar; José Francisco Dumoulín; y Osiris Daniel Agustín Ponce.

La etapa de producción de prueba que se extenderá hasta el 9 de mayo prevé la declaración de 73 testigos, incluidos Maulión, Karlic y Puiggari. En tanto, los alegatos de partes serán el 10 y 11 de mayo.

 

La denuncia periodística

Una investigación periodística que publicó la revista ANÁLISIS en septiembre de 2012 hizo temblar a la curia y la sociedad de laicos en Paraná y la zona. Por primera vez, ANÁLISIS daba a conocer los aberrantes abusos cometidos por Ilarraz mientras fue prefecto de Disciplina, una suerte de educador y compañía espiritual y emocional para los niños que se internaban en el Seminario Menor.

“Por lo menos 50 chicos de entre 12 y 14 años, quienes recién empezaban su carrera religiosa, fueron violados entre 1984 y 1992 por el entonces prefecto Justo José Ilarraz, oriundo de la capital entrerriana”, se dijo entonces. “En el ’93 se inició un Juicio Diocesano, donde declararon innumerables jóvenes, que reconocieron las perversidades que les hacía el sacerdote cuando eran apenas niños, pero optaron por ocultarlo. En esto último tuvieron responsabilidades el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic, al igual que el actual titular, Juan Alberto Puiggari, quien fuera prefecto del Seminario Mayor del establecimiento en esos años. Como castigo, el cura pedófilo fue enviado al Vaticano durante un año. En los últimos tiempos, un grupo de curas, al igual que víctimas y ex seminaristas le reclamaron la expulsión de la Iglesia de Ilarraz -quien cumple funciones en una Parroquia de Monteros (Tucumán)- y la denuncia judicial, pero jamás hubo respuestas”.

“Ninguno tenía más de 12, 13 o 14 años. Eran casi niños. Con cada uno de ellos hizo lo mismo entre 1984 y 1992. Los acariciaba, los bañaba, los besaba en la boca, los masturbaba, los penetraba. Los descubría sexualmente y los condicionaba. Eso que sucedía entre las cuatro paredes de su habitación privada del Seminario o en el baño, no se tenía que enterar nadie. Si alguien traicionaba ese pacto perverso de confidencialidad la iba a pasar mal. Iba a empezar la hora de las represalias y se acababan los privilegios: los caramelos, los chocolatines, la buena comida, la tv o las películas en video que por las noches podían ver en esa habitación, sin pasar frío ni angustias por el cariño interminable del prefecto religioso. “Ustedes deben saber que ahora, nuestra amistad es más grande. A mayor confianza, mayor es el amor y la amistad”, repetía el cura abusador todas las noches.

“Por cada año, casi siempre los elegidos eran cerca de 10. Los cálculos más acotados indican que por lo menos unos 50 chicos fueron abusados en esa década; las estadísticas mayores hablan de cerca de 80. Casi todos los jóvenes eran de la zona de Paraná Campaña, provenientes de familias de campesinos, donde la vocación religiosa suele ser más fuerte. “Siempre existió una relación muy particular entre las familias de la gente de campo de toda esta región con el Seminario de Paraná. Ellos colaboran mucho con la Iglesia y cuando traen a sus hijos, apenas saliendo de la niñez, saben que los dejan en manos de Dios y que de allí saldrán religiosos hechos y derechos, de los que siempre se sentirán orgullosos”, indicó a ANÁLISIS uno de los religiosos. “Lo que nunca midieron fue que allí dentro, en medio de tanta gente con deseos de hacer cosas buenas por la Iglesia y la sociedad, existía un depravado y con cierto poder en ese ámbito”.

Tras estas revelaciones, la Justicia inició de oficio una investigación por la orden del procurador General de la provincia, Jorge García, que concluyó con siete denuncias por abuso y corrupción de menores contra Ilarraz. La pesquisa duró cuatro años y logró acumular prueba que se plasma en unos 12 pesados cuerpos de expedientes. El 17 de agosto de 2016, el juez Pablo Zoff elevó a juicio el caso Ilarraz. (Análisis)

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