Una familia entrerriana resultó internada con un cuadro de intoxicación por agroquimicos como consecuencia de fumigaciones en las inmediaciones de Altamirano. Por eso presentó un recurso de amparo ambiental a fines de diciembre, que ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia. También hay una denuncia penal. El Miércoles Digital dialogó con el abogado denunciante, Lucio Salisky.
Uno de los caminos vecinales de ese pueblo. En épocas de lluvias es intransitable, y complica el panorama para los pocos habitantes de la zona que además aguantan las permanentes fumigaciones.
El hecho ocurrió entre el 28 y 29 de noviembre del 2017 cuando una familia de la zona de Altamirano Norte (Departamento Tala), compuesta por Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus hijos, sufrió las consecuencias de la fumigación con agroquímicos en proximidades de su vivienda. Si bien hay una sentencia favorable en primera instancia, esperan que en las próximas semanas el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) deje firme el amparo ambiental. Por otro lado también avanza una denuncia penal.
El amparo se presentó el 22 de diciembre del 2017 y salió sorteado el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Rosario del Tala. Por el inicio de la feria judicial su tramitación posterior y resolución quedó a cargo del Juez de Feria.
“Estuvo toda la familia internada más de una semana con problemas respiratorios, afectación en el habla, la vista y mal estado generalizado”
La empresa denunciada es “Celestino Spahn S.A”, de la provincia de Santa Fe, la que llevó a cabo el sembrado en los campos lindantes a unos 700 metros de la vivienda. En tanto que el fumigador trabaja para una empresa de Villaguay.
El abogado de la familia Holstein-Silguero, Lucio Hernán Salisky, explicó a El Miércoles Digital que: “A los pocos días de la fumigación esta familia comenzó con problemas de salud que derivaron en la internación de todo el grupo familiar, el matrimonio con los dos hijos incluidos, en el Hospital Falucho de la localidad de Maciá (departamento Tala). Ahí fueron atendidos por el médico Jorge Rubattino quien diagnosticó que padecían un cuadro de intoxicación por la exposición a agroquímicos. La internación fue el 2 de diciembre del año 2017, y como en el Hospital Falucho no tenían la complejidad suficiente para atender el cuadro de intoxicación, fueron derivados al hospital Santa Rosa de Villaguay en donde estuvieron internados hasta el 9 de diciembre. Los síntomas que presentaron eran problemas respiratorios, afectación en el habla, la vista y mal estado generalizado. También les trajo consecuencias económicas ya que Hosltein es tambero y quesero, durante el tiempo de internación no pudo atender sus animales, y obviamente tampoco pudo desarrollar su actividad laboral. Actualmente siguen padeciendo las consecuencias debido a que la recuperación de la salud llevará un tiempo”.
Cuando la familia fue dada de alta, concurrieron al estudio de Salisky en Rosario del Tala para iniciar la demanda: su mayor preocupación era el temor a futuras fumigaciones de ese productor agropecuario, con las consecuentes afectaciones a la salud de la familia.
“Las fumigaciones abundan, pero los amparos ambientales, no”.
La acción legal se tramita en dos acciones paralelas: además del amparo ambiental, se hizo una denuncia penal que está en trámite en el Ministerio Público Fiscal. “Eso lleva su tiempo de la investigación penal preparatoria. Deben investigar la presunta comisión de un delito como en el caso de la escuela de Santa Anita” ejemplificó el abogado. (Ver: Los tres acusados fueron sentenciados…).
UNA SENTENCIA Y POSTERIOR APELACIÓN
Tras la presentación del amparo ambiental, los tribunales talenses dieron una rápida respuesta al hacer lugar al planteo de la familia de chacareros. No obstante esa sentencia fue apelada por la empresa demandada.
¿Qué penas les corresponden a los responsables según la legislación vigente?
Si bien Hosltein radicó una denuncia penal y hay un legajo en trámite en el Ministerio Publico Fiscal de ciudad de Rosario del Tala, se procedió a interponer una acción judicial de Amparo Ambiental con la finalidad de que el productor agropecuario demandado adopte las medidas necesarias conforme a la legislación vigente, para que su actividad no perjudique a esta familia. A partir de la interposición del amparo, se emplazó al demandado a que en el plazo de ley conteste la demanda de amparo, se produjo un breve procedimiento probatorio acorde con la sumariedad del procedimiento, y se resolvió ordenar que en ocasión de futuras fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora, y de acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de cuarenta y ocho (48) horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos, a los fines de que realice los controles correspondientes.
Sin embargo apelaron.
Sí, luego de decretada la sentencia el demandado interpuso el recurso de apelación, cuyo tratamiento corresponde a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia que posiblemente dictará sentencia una vez concluida la feria judicial, pero mientras tanto la sentencia debe ser cumplida. No es probable que fumiguen de nuevo después de tan poco tiempo, pero se debe cumplir hasta que el STJ confirme o revoque el fallo. Por los antecedentes, lo predecible es que confirmen el fallo.
O sea que no es una sanción económica sino que les dicen que tienen que hacer lo correcto.
Claro. Porque no es una demanda de daños y perjuicios. Es una acción de amparo ambiental que tiene por finalidad la prevención frente a las futuras fumigaciones. Mientras estas personas estén allí por su actividad económica es presumible que vuelvan a fumigar. La fumigación en sí no se puede prohibir, porque está permitida por la ley, pero sí se puede exigir el cumplimiento de los recaudos reglamentarios para que no perjudiquen a terceros, tal como lo indica un artículo de la ley. Esta familia sufrió un daño concreto porque estuvieron internados varios días.
¿Se acercó algún responsable de la empresa para hablar con ellos o con usted?
No se acercó ningún responsable.
¿Cuándo estiman que estará la respuesta a esa apelación?
En febrero, no pasará de ese mes. El expediente ya fue elevado. Lo que pasa es que se corre vista al Procurador General de la Provincia, hay que esperar cómo se conforma el Tribunal que lo va a resolver, hasta incluso puede ocurrir dentro de la feria.
En caso de que la sentencia quede firme y esta empresa reincida en el acto ¿qué sanción le corresponde?
Entramos en otro terreno. Las sanciones van desde las administrativas, multas, hasta penales y civiles, es decir pedir sanciones económicas.
¿Hay antecedentes de amparos en esa zona?
Casualmente tuve el antecedente del hermano de este productor, contra una empresa agropecuaria de Crespo, pero no llegó a sentencia porque se arregló de manera privada de cómo se iba a proceder en las fumigaciones y todo lo demás. Es la segunda vez que me toca en mi carrera. En la provincia hay un antecedente conocido de un productor de Viale, pero no abundan los casos. Las fumigaciones abundan, los amparos ambientales, no. La gente es reacia en acudir a la Justicia, incluso en el caso de Holstein, porque no es la primera vez que lo sufre, viene desde hace rato pero se lo venían aguantando. Fue a la Justicia cuando llegaron al extremo de estar todos internados. Ese fue el detonante.
“La gente es reacia en acudir a la Justicia, se lo aguantan hasta que llega al extremo de terminar todos internados”
UN PUEBLO CASI FANTASMA
La localidad de Altamirano está ubicada a 30 kilómetros de Rosario del Tala y a la misma distancia de Villaguay. Es uno de los tantos pueblos entrerrianos que en las últimas décadas fue sufriendo el despoblamiento paulatino, producto del avance de la concentración de las tierras en pocos propietarios y la falta de planificación sustentable del Estado para evitar que sus pobladores abandonen el campo y terminen concentrándose en las grandes ciudades.
Para los pocos que aún resisten en la zona, como el caso de esta familia, además de no contar con caminos y accesos firmes, lo que provoca un aislamiento total en épocas de lluvias, en algunas partes no cuentan con el servicio de agua potabilizada, y ni hablar de acceso a internet o buena señal de celular. Como corolario también sufren las consecuencias de las masivas fumigaciones de agrótoxicos.
Mientras tanto dependen de la valentía de los médicos, como Rubattino, que se animan a realizar estos diagnósticos, porque no pocos profesionales optan por mirar para otro lado. Por otra parte tanto la ley y sus decretos reglamentarios que establecen la distancia de 50 metros para fumigar, que tenga receta agronómica o esté presente el asesor técnico, y que las dosis sean justas, no garantiza en absoluto que los venenos no lleguen a la gente.
El amparo de la familia Holstein se suma así a la lista creciente de casos en que las comunidades deben oponer resistencia a un modelo productivo que solo se referencia en la rentabilidad y se desentiende de las consecuencias nefastas sobre el ambiente y sobre la población.
Por MARIO ROVINA Y JORGE RUBÉN DÍAZ / El Miércoles Digital
