El fiscal Federico Uriburu confirmó que no hay obstáculos para elevar a juicio la causa que investiga las torturas en el convento de las Carmelitas Descalzas. «Tengo directivas de la Procuración de elevar la causa a juicio. Hay un planteo de competencia en la Corte, pero a la Corte solo se envió una copia del expediente. El original quedó acá», expresó el fiscal. El máximo órgano judicial debe resolver una cuestión de competencia, pero mientras tanto la Justicia entrerriana tiene vía libre para avanzar en la causa. Una de las últimas medidas del fiscal fue pedir explicaciones al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, para saber porque corrió a Luisa Toledo de su rol de Madre Superiora del convento. El caso se inició tras una denuncia de la Revista ANÁLISIS donde se describió la perversidad del accionar en el interior del convento.
La Justicia avanzará con la elevación a juicio de la causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos a dos novicias en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.
El fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, que tramita la investigación penal preparatoria expresó: «no tengo obstáculos para seguir la investigación, y de hecho se va a reactivar después de la feria, en febrero. Tengo directivas de la Procuración de elevar la causa a juicio. Hay un planteo de competencia en la Corte, pero a la Corte solo se envió una copia del expediente. El original quedó acá».
La Corte Suprema de Justicia debe dirimir un conflicto de competencia negativa: el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú resolvió que no es competencia del fuero provincial; y del mismo modo, la Justicia Federal se declaró incompetente.
Una de las últimas medidas que adoptó el fiscal fue pedir explicaciones al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, de las razones por las cuales la superiora del convento carmelita, Luisa Toledo, fue apartada de su función y mudada a una casa religiosa del Chaco. Puiggari respondió de forma escueta e insuficiente: admitió el traslado pero no dio motivos.
Enterados de los movimientos que empezó a dar el fiscal Uriburu, los defensores de la monja Toledo, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, le pidieron al juez de Garantías de Nogoya, Gustavo Acosta que frenara cualquier movimiento hasta que no resuelva la Corte. El delito del que se acusa a la superiora es el de privación de la libertada agravada por el uso de violencia, a partir de una denuncia que publicó la Revista ANALISIS.
La causa penal
Se abrió el 25 de agosto e investiga las denuncias de dos exmonjas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.
Luisa Toledo, que durante más de dos décadas dirigió el monasterio, quedó involucrada en una serie de denuncias que hicieron dos exreligiosas y que la acusan de torturas, privación de la libertad y ejercicio déspota de la autoridad. (Entre Ríos Ahora)
