El letrado que defiende los intereses de la imputada confesa de asesinar a su expareja, Fernando Pastorizzo defendió la morigeración de la prisión preventiva y su traslado a la casa con una tobillera electrónica. Comparó la situación con el represor.
Víctor Rebossio, abogado de la joven que confesó haber matado a su ex novio en Gualeguaychú, se preguntó hoy que si le concedieron prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, condenado en numerosos juicios de lesa humanidad, por qué no otorgársela a su clienta.
«Si le dieron domiciliaria a Etchecolatz, por qué no dársela a Nahir Galarza», dijo el defensor al ser consultado por Télam sobre los motivos por los cuales solicitaba ese beneficio para la joven de 19 años detenida en una comisaría por el crimen de su ex novio, Fernando Pastorizzo (21).
En un escrito, Rebossio pidió que mientras se sustancia la causa le morigeren las condiciones de detención a su asistida y calificaron a la prisión preventiva como una «situación prejuiciosa y desajustada a las medidas de prueba recopiladas en el expediente».
El defensor propuso que se le coloque a la joven «una tobillera magnética o una sencilla custodia policial en el acceso al domicilio» que oportunamente fijará. Además, solicitó que se cite a Galarza a prestar una nueva declaración indagatoria.
En definitiva, el vocal Javier Cadenas de la Cámara de Gualeguay, convocará en una fecha a determinar a las partes para que fundamenten el pedido o el rechazo al reclamo, y luego resolverá.
Etchecoltaz (88), ex jefe de la Policía Bonaerense, cumple prisión domiciliaria en una casa del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata desde el 27 de diciembre, cuando el beneficio le fue concedido por el Tribunal Oral en lo Federal 6 de la Capital Federal en razón de su edad y las enfermedades que tiene.
El represor fue condenado en numerosos juicios de lesa humanidad, con sentencias que incluyen cuatro prisiones perpetuas en las causas conocidas como «Etchecolatz», «Circuito Camps», «Favero Alvarez» y «La Cacha», y se le atribuyen 440 víctimas de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y sustracción y apropiación de hijos de desaparecidos, entre otros delitos. (UNO)
