Hace poco tiempo escribía sobre un tema relacionado, en ese entonces se trataba de la desaparición de Santiago Maldonado. Si bien entendía que era importante el compromiso de la comunidad en volcarse a las calles para reclamar por el esclarecimiento de ese espantoso suceso, recordaba que en la Argentina y Entre Ríos había muchas más personas desaparecidas en democracia que, por motivos que no logro entender, a la propia sociedad no la motivaban para exigir con la misma fuerza inmediatas respuestas al Gobierno y a la Justicia.
Para mí, es tan grave la muerte de Maldonado -posiblemente a manos de un grupo de Gendarmes– como la desaparición de Fernanda Aguirre, de Gómez y Basualdo, el contador Abib, Pocho Morales o la familia Gill.
Para conveniencia de algunos grupos políticos, hay que hablar de asesinatos o desapariciones de personas a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad o de personas comunes. Perdóneme, sé que hay agravantes si una persona es asesinada por un policía como puede ser el caso Gómez y Basualdo, en Paraná, o Jorge López en Buenos Aires, pero el dolor de esas familias es tan tremendo como el de los allegados a Pocho Morales o Fernanda Aguirre.
Ya hemos dicho que gran parte de la oposición que perdió en las últimas elecciones utilizó la desaparición de Maldonado para lo peor de la politiquería barata, justamente hacer partidismo sobre el dolor de esa familia. Así les fue, fueron castigados electoralmente por la población que vio cómo intentaron llevar asquerosamente agua para su molino, sin olvidar los esfuerzos del Gobierno por engañarnos con lo que ocurría.
En las últimas horas se conoció que luego de 15 años, podría haber la posibilidad de aclarar la desaparición de toda una familia en la zona rural de Nogoyá. A Rubén Gill, a su esposa y sus cuatro hijos «literalmente» se los tragó la tierra.
Creo que esta situación debe ser repudiada en toda la provincia, exigir saber por qué fallaron el Estado, la Justicia y la Policía en aclarar qué pasó con los seis integrantes.
No vi ni una sola movilización en Paraná de algunos grupos que se dicen preocupados por estas graves situaciones.
No quiero pensarlo, pero claro, los Gill eran gente de campo, pobres, que si fueron asesinados por el poderoso terrateniente de esa zona, solo les preocuparía a sus familiares. Qué floja que fue la respuesta de la comunidad con esta gente como por otras que no estaban alcanzadas con réditos políticos.
Igualmente hay que decirlo con todas las letras, la fiscalía de Nogoyá investigó la «ausencia voluntaria» de la familia Gill, y 18 meses después se ordenó el primer rastrillaje firme en el campo de la estancia. Obvio que no encontraron nada.
Creo que hoy todos deberíamos seguir reclamando qué pasó con Maldonado, y luego de las elecciones tengo la sensación de que muchos grupos se desinflaron. Pero al mismo tiempo sostengo que hay que tener bien en alto la exigencia al Estado para saber qué hacen para llegar a la verdad por los desaparecidos en democracia. (Javier Aragón/UNO)
