El director del Servicio de Genética Forense del STJ, brindó detalles acerca de esta base de datos que está contenida en un soporte informático desarrollado en el país.
La base de datos aún está vacía, pero ya está en funcionamiento el sistema que permitirá almacenar perfiles genéticos de imputados y condenados en distintas causas con el objetivo de contrastarlos y aumentar las posibilidades de esclarecer delitos. También se espera que sea de ayuda para la identificación de personas desaparecidas.
La presentación formal del Registro Provincial de Datos Genéticos se realizó días atrás ante miembros del STJ, jueces, fiscales y defensores. Gustavo Martínez, director del Servicio de Genética Forense del alto cuerpo, brindó detalles acerca de esta base de datos que está contenida en un soporte informático desarrollado en el país, en un proceso en el cual el Poder Judicial de la provincia tuvo un rol preponderante.
«Hemos tenido situaciones de abuso sexual en Entre Ríos, reiteradas, sistemáticas, donde las causas no estaban ligadas. Ahora ese tipo de casos van a poder resolverse. También hay muchas personas desaparecidas y cuerpos sin identificar que no ha reclamado nadie, de los que se podría conocer la identidad», ejemplifica Martínez para graficar algunas de las utilidades de la nueva herramienta.
El origen de este registro que ahora puso en marcha el STJ se remonta a 2004, cuando se elaboró un anteproyecto de ley para su creación, que permaneció bajo análisis del alto cuerpo hasta 2006, año en el cual fue presentado en la Legislatura. La norma, que lleva el número 10.016, fue sancionada y promulgada en 2010, pero su reglamentación recién se elaboró en 2015 y se plasmó en el decreto 4.273.
Ese mismo año, el STJ suscribió un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para participar en el desarrollo del software necesario, que se denomina GENis. En los Tribunales de Paraná se instaló un laboratorio piloto y ahora Entre Ríos es la primera provincia en poner en marcha este sistema. En acuerdo general, el alto cuerpo dispuso la utilización de un manual de procedimientos que también es novedoso a nivel país.
Cómo funcionará el Registro
Uno de los objetivos del registro, según la norma de creación, es facilitar el esclarecimiento de hechos criminales en relación a la individualización de las personas responsables sobre la base de la identificación a través de patrones genéticos. También se apunta a identificar a personas desaparecidas o fallecidas y contribuir a establecer el paradero de personas extraviadas. Otra de las metas es la elaboración de estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia en la provincia.
Martínez describe los distintos mecanismos para la conformación de la base: «Se recolecta evidencia en un caso, se realiza una pericia genética, se obtiene un perfil que no es compatible con el del imputado y, entonces, el perito deberá solicitar la incorporación al registro, lo que será definido por un juez. Llega la orden al registro y ahí se incorpora», ejemplifica.
Luego, indica cómo será el procedimiento en el caso de personas: «Un fiscal puede tener elementos para pensar que un imputado estuvo involucrado en alguna otra causa y puede solicitar al juez de Garantías que se incorpore su perfil genético a la base de datos para que se contraste y se sepa si pudo haber tenido participación en otro hecho. Así lo autoriza la ley si hay razones fundadas».
Otro grupo de perfiles a incorporar es el de quienes resulten condenados. De ahora en más, la orden de añadir el perfil genético a la base de datos será parte de las sentencias.
Un debate abierto
Un perfil genético es un conjunto de información obtenido mediante una pericia sobre distintas regiones del ADN de una persona que permiten identificarla. En la base de datos los perfiles se almacenan con un código. La ley establece que la información contenida tendrá carácter reservado, confidencial y secreto.
«Desde que en el mundo surgió la posibilidad de digitalizar y sistematizar un perfil genético para su búsqueda, a mediados de los ’90, se empezó a pensar en construir bases de datos. En los países anglosajones se comenzó a legislar al respecto, lo que en España y Latinoamérica demoró un tiempo más. Todo tiene que ver con una cuestión de derechos individuales. La ONU los considera datos sensibles desde el punto de vista de los derechos humanos», indica Martínez.
Respecto al progreso de las distintas legislaciones, el funcionario advirtió que primero existieron las posibilidades técnicas y luego se empezaron a diseñar las normas. «En muchos casos, pesaron casos de abuso sexual, delito en el que se entiende que hay una posibilidad de reincidencia. Por eso hay varias legislaciones que contemplan el almacenamiento de datos genéticos solo en relación a este tipo de delitos y otras que abarcan a todos los delitos, con el criterio de que, por ejemplo, en un robo se puede encontrar un perfil genético en el lugar del hecho que permita identificar al autor», graficó.
Para Martínez, lo óptimo sería contar con una legislación rectora a nivel nacional y con un mismo software en todo el país. «Nunca se hizo una junta técnica de la gente que trabaja en el tema para ver qué hacer. Y también falta una discusión que abarque todos los aspectos. Cómo tiene que funcionar una base, para qué delitos, cuánto tiempo debe estar la persona registrada, si hay coherencia con las leyes de habeas data o el Registro Nacional de Reincidencia. Hace falta un debate jurídico completo», advierte. El registro está en funcionamiento desde el 1º de junio, a la espera de que comiencen a llegar las órdenes para incorporar perfiles genéticos al sistema. A la vez, se prepara un mecanismo para incluir los datos de los efectivos de fuerzas de seguridad que trabajan en la escena del crimen para efectuar una tarea de descarte.
Genética Forense del STJ
Más allá del trabajo vinculado al nuevo registro, sorprende conocer la labor que se realiza en el Servicio de Genética Forense del Poder Judicial entrerriano en medio del ritmo intenso que imponen las tareas diarias de rutina para el auxilio en innumerables investigaciones de todo tipo de delitos. «La genética forense avanzó enormemente. No tiene nada que ver lo que hacíamos en este laboratorio hace 15 años con lo que hacemos hoy. De trabajar manualmente con determinadas cosas hoy todo está automatizado y están cambiando paradigmas», expone Martínez, antes de contar que en el laboratorio del Poder Judicial entrerriano se implementa una técnica que no se está aplicando en ningún lugar de Sudamérica. Se denomina «secuenciamiento masivo» y comenzó a implementarse tras la inversión en el equipamiento necesario y a la suscripción de un convenio con el Conicet. «Si para un estudio de rutina trabajábamos con veinte regiones del ADN, con esta tecnología podemos trabajar sobre trescientas regiones, lo que potencia enormemente el estudio. Además, permite trabajar, en lugar de con cuarenta o noventa muestras a la vez, hacerlo con doscientas o trescientas muestras en simultáneo», describe el experto en los términos más sencillos posibles.
«Poder estudiar nuevas regiones del ADN permite aplicar otra nueva tecnología que se está probando que posibilita, a partir de la extracción de ADN de una muestra biológica, obtener datos acerca del aspecto de una persona: color de ojos y de pelo, ancestralidad, altura. Esto se está empezando a hacer», completa.
¿Software nacional o un programa del FBI?
El software GENis fue diseñado como una herramienta informática que permite contrastar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas obtenidas en distintas escenas de crimen, vinculando así eventos ocurridos en diferente tiempo y lugar y aumentando las probabilidades de individualización de los delincuentes. Cuenta con código abierto, lo que significa que es una herramienta perfeccionable y adaptable a las necesidades de cada usuario.
Surgió por iniciativa del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se firmó un convenio entre esa cartera y el Ministerio de Ciencia y Tecnología que, a través de la Fundación Sadosky, obtuvo los siete millones de pesos necesarios para solventar el trabajo que se extendió durante dos años. También se convocó a la Sociedad de Genética Forense, entidad de la que Gustavo Martínez era entonces vicepresidente.
Tiempo después, cuando el funcionario judicial entrerriano pasó a desempeñarse como presidente de la sociedad, se firmaron los convenios necesarios para que los técnicos en genética forense miembros brindaran el aporte científico necesario para el desarrollo del software. «Se formó una comisión con distintos laboratorios del país y luego se armó una licitación pública de la que resultó adjudicataria una empresa privada, que conformó un equipo técnico y científico con asesores de la universidad pública y del Conicet. Participaron expertos en matemática, en seguridad informática, en genética forense y en distintos campos, miembros del Instituto Leloir, académicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desarrolló el software y se empezó a instalar en laboratorios piloto», reseña Martínez.
Hace tres años se instaló en el Poder Judicial entrerriano uno de los pocos laboratorios piloto previstos en el desarrollo del sistema. «Se cargaban datos, se hacían pruebas, se detectaban y corregían fallas y también se realizaron adaptaciones a los requerimientos de nuestra propia legislación. Se instalaron laboratorios similares en el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires y en la UBA, entre otros lugares. Entre Ríos es la primera provincia en poner a GENis en funcionamiento», resalta Martínez.
El 16 de mayo, la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, inquietó a varios de los involucrados en el desarrollo del software nacional y generó controversia. Desde la cartera se señaló como prioritario el uso de un software provisto por el FBI, denominado Codis, para soporte del Registro Nacional de Datos Genéticos. Algunos lo entendieron como el fin de GENis.
«Se debería tener en cuenta el valor que tiene usar software nacional, de código abierto, ajustable a medida, auditable y en el que los autores están a mano, versus un sistema cerrado y opaco, una caja negra que no sabemos cómo funciona porque sus algoritmos no son públicos. De hecho, hay antecedentes de impugnaciones en la Justicia de Estados Unidos. Además, se depende de la relación que se pueda tener con un gobierno extranjero, ya que en un determinado momento te lo pueden sacar», señaló por entonces al diario La Nación Esteban Feuerstein, director de la Fundación Sadosky.
Martínez advierte que lo importante es dar cumplimiento a la legislación vigente y considera que es buena cualquier herramienta que lo permita. No critica a Codis, reconoce que tiene la ventaja de que hace mucho tiempo que está en funcionamiento pero, no obstante, advierte que, si bien Codis es cedido en forma gratuita por el gobierno de Estados Unidos, el FBI exige una serie de condiciones para su instalación que implican inversiones en servidores y equipos.
También marca que no contar con el servicio técnico en el país constituye una limitante. «Ante un inconveniente, hay que hacer venir a los técnicos del FBI», precisa. Otra dificultad que señala es la dependencia que se genera de las relaciones entre los Estados, sobre todo a la hora de contar con las actualizaciones del programa. «Me tocó estar en Colombia en la época en la que el FBI ya usaba la versión 7 de Codis y en Colombia, por los problemas políticos y diplomáticos entre los países, estaba disponible la versión 5», relata.
También advierte sobre la imposibilidad de auditar el sistema estadounidense, lo que puede derivar en cuestionamientos jurídicos. «Ningún técnico o científico en el país se va a negar a acceder a una herramienta y a poder usarla. Se pueden usar los dos sistemas en paralelo. Pero se tiene que desarrollar algo nacional, que pueda ser auditado y que tenga autonomía técnica. Esta es la idea original de GENis», diferenció finalmente. (El Diario)
