Tal como lo adelantara de manera exclusiva, días atrás se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, la audiencia ante la Cámara de Casación Penal por el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenó a la doctora Sonia Selva Tolosa, por el delito de Homicidio culposo por el fallecimiento del niño Axel Thiago Albornoz, la cual fuera interpuesta por los abogados del estudio Jurídico Pérez-Arrechea. (VER FALLO COMPLETO)

Este viernes en horas del mediodía, Vocales de la Cámara de Casación de Paraná, doctores Marcela A. Davite; Marcela Badano y Hugo D. Perotti, dieron lectura al fallo casatorio, haciendo lugar al planteo presentado por la Defensa Particular de la doctora Sonia Selva Tolosa, los doctores Félix Patricio Pérez y Sebastián Rodrigo Arrechea, por lo que en consecuencia revocó la sentencia de fecha 26 de abril del año 2016, dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay y absolvió a la profesional del delito de “Homicidio Culposo”.

La noticia fue recibida con gran optimismo por los representantes legales de la doctora Tolosa, que consideraron importante este fallo, ya que “se hizo justicia”, debiéndose recordar la gran repercusión que tuvo el caso en el seno del cuerpo médico del Hospital Urquiza y los profesionales de la medicina de La Histórica.

En diálogo el doctor Arrechea destacó lo actuado por el Tribunal de Casación, ya que se analizó minuciosamente lo actuado en Concepción del Uruguay y el planteo de la Defensa que desde el comienzo de la investigación sostuvo con vehemencia la inocencia de la jefe de Pediatría del Hospital Urquiza.

Volviendo sobre lo ocurrido

Como se recordará el Tribunal integrado por los vocales, Alberto Seró, Alejandrina Herrero y Mariela Rojas de Di Pretoro, condenó a la profesional a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión, por haberla encongtrado material y penalmente responsable de homicidio culposo por mala praxis.

Los representantes de la doctora Tolosa no quisieron dejar las cosas así y a ante este fallo desfavorable, presentaron la casación, cuya audiencia se realizó el jueves primero junio.

Los defensores técnicos, sostuvieron que la sentencia se había construido sobre valoraciones parciales y fragmentadas de la prueba, dándole relevancia a los testimonio de los Dres. Walter Aguirre y Luis Moyano; y que se apartaron sin explicación y fundamento alguno de los testimonios del forense que intervino en la autopsia, doctor Siromski y doctora López de Bertero (Médica patóloga que realizó el informe anátomopatológico), así como de las médicas tratantes (Dras. Barreiro y Rodríguez), para hacer lo propio con el testimonio de las enfermeras que estuvieron a cargo del suministro de los medicamentos y del control diario de evolución del niño Thiago Albornoz durante su internación.

Por su parte la Dra. Celicia Goyeneche, Procuradora General Adjunta de la Provincia de Entre Ríos, defendió parcialmente la sentencia expresando que desde la óptica objetiva y de la imputabilidad de la conducta (análisis ex antes de la conducta médica cuestionada) la sentencia no tenías fisuras, pero que desde la evitación del resultado (desenlace final con la vulneración del bien jurídico vida), la sentencia no fundamentaba correctamente en encadenamiento sucesivo de aquel resultado muerte, por lo que pedía que se corrija por el Tribunal de Casación esa parte de la sentencia, sin modificar la pena. Esta postura fue apoyada por el querellante, doctor Gustavo Soppelsa, que brindó argumentos similares a los expuestos en los alegatos expuestos.

Fallo contundente

Los abogados defensores de la octora Tolosa, destacaron que el fallo de Casación fue contundente y que se basó plenamente en lo presentado por la Defensa, como ser entre tantas cosas el descartar lo que se dice en una parte de la sentencia que afirmaba que existió una adulteración en los resultados obtenidos de los análisis relacionados con los glóbulos blancos que poseía el paciente, precisamente el número 12.000 supuestamente estaba adulterado en el documento ya que se encontraba sobreescrito el número “2” sobre el número “9”; pero el Ministerio Público Fiscal reconoció que de las investigaciones que se efectuaron por los investigadores fiscales, teniendo en sus manos los originales de los documentos que informan sobre tales análisis, se determinó que la cifra de 12.000 glóbulos blancos era la correcta, existiendo solamente un error involuntario y material de la planilla de laboratorio de urgencia.

En otra parte del fallo señalan que “Según surge de las pruebas aportadas por las partes, especialmente de las conclusiones de los Dres. Ezcurra y Ellis, pero también de la Historia Clínica y de lo manifestado por los testigos que formaban parte del equipo que estuvo a cargo del niño, la Dra. TOLOSA obró de modo diligente, revisó al niño en todas las oportunidades que estuvo de guardia, interrogó a los padres acerca de cómo había dormido, suministró la medicación de manera correcta a los síntomas que ante ella se presentaban e incluso se anticipó al resultado del antibiograma y agregó la “Clindamicina” como después vino sugerido.

En su fallo el Tribunal de Casación, hizo un análisis de todo lo actuado en el Juicio Oral, llegando asó a la conclusión de que “la sentencia es arbitraria y que no se puede condenar a la Dra. Tolosa por este hecho que ha sido motivo de la imputación. Dada la normativa vigente, y considerando que su accionar deviene en atípico, es que corresponde en esta instancia absolverla”.

Finalizando los fundamentos de la sentencia casatoria, los Vocales Marcela A. Davite; Marcela Badano y Hugo D. Perotti, votaron por unanimidad el fallo absolutorio y revocaron l sentencia impuesta en Concepción del Uruguay. (03442)

Los implicados, con distintos grados de responsabilidad, en la muerte de la joven de 21 años, están detenidos con prisión preventiva, uno de ellos con prisión domiciliaria

El Juzgado de Garantía Nº 2, a cargo del doctor Sebastián Elal elevó al tribunal de juicio de Gualeguay la investigación del caso de femicidio de Micaela García.

Sebastián Wagner y Pavón, considerados coautores del hecho, y Fabián Echosor como encubridor continuarán en prisión preventiva, mientras Otero permanece con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.

Este jueves en la audiencia, la Fiscalía y la querella realizaron tal petición, en tanto que hubo oposición de las defensas, aunque de todos modos acordaron algunas de las pruebas a incluir o excluir del debate.

Además, hubo pedidos de morigeración de medidas cautelares, en particular de la situación del imputado Néstor pavón, quien lloró ante el juez por las condiciones infrahumanas en las que está detenido en la cárcel de Gualeguay: en una habitación de dos por dos, sobre una especie de colchón que en realidad es una toalla, con una palangana que hace de baño y que, para dormirse a la noche, debe hacer vueltas carnero hasta la madrugada.

Los abogados defensores Horacio Barreto y Néstor Carvajal reclamaron el arresto domiciliario, beneficio que ya goza otro acusado, Gabriel Otero. En tanto que Sebastián Wagner sigue alojado en la cárcel de Federal, y su padrastro, Fabián Ehcosor en la granja penal de Gualeguaychú.

El debate se dará el segundo semestre de este año, en el cual se intentará esclarecer lo ocurrido aquella madrugada de abril en el sur entrerriano. (UNO)

«Desde el año 1972 que soy pescador y jamás pesqué un bicho de estos», contó Lalo, el pescador que capturó un esturión, aguas al sur de Concepción del Uruguay. Además, contó que lo va a embalsamar para que quede de recuerdo. Seguir leyendo Pesca inédita de exótico ejemplar en Concepción del Uruguay: Tiene 10 kilos el esturión capturado en el río Uruguay →

El fiscal general del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, José Ignacio Candioti, pidió 20 años de prisión para el represor José Darío Mazzaferri por delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay. “Tenemos que valorar la magnitud del injusto, nadie puede negar la gravedad de los hechos contra adolescentes. Hubo allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad agravadas por la violencia y en tres casos por el tiempo; hubo tormentos; y además es responsable de integrar una asociación ilícita que concurre realmente con todos los delitos anteriores”, precisó. Por otro lado, las querellas representadas por María Isabel Caccioppoli, Marcelo Boeykens, Sofía Uranga y Lucía Tejera, hicieron un pedido de pena unificado: 25 años de prisión en cárcel común e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También los querellantes pidieron que se investigue la posible responsabilidad de Mazzaferri en el secuestro de Carlos José María Fernández y su posterior muerte en la Masacre de la Tapera, lo que fue presentado por los militares como un “enfrentamiento”. En igual sentido, instaron a que se investigue la probable participación del policía federal en la desaparición de Julio Alberto Solaga.

El tribunal subrogante, compuesto por los rosarinos Beatriz Caballero de Barabani, Jorge Sebastián Gallino y Omar Paulucci, escuchó los argumentos de la acusación pública y las privadas, en una jornada que se extendió hasta las 18.30 de este jueves. Entre el público que oyó alegar al fiscal Candioti esta mañana, estuvieron las juezas federales Lilia Carnero y Noemí Berros, quienes junto a Roberto López Arango integraron en 2012 el tribunal que juzgó la causa Harguindeguy.

El debate se reanudará el 6 de julio con los alegatos de la defensa compuesta por los abogados Guillermo Morales y Martín Montegrosso. Durante esa jornada también habrá réplicas y dúplicas. En tanto, el 27 de julio, después de la feria judicial, fue agendado para las últimas palabras del imputado y el veredicto.

Sádico

“Es importante dejar sentado que aún a la barbarie más extrema: el hecho de aplicar tormentos sobre chicos adolescentes, indefensos y vulnerables, se le debe responder siempre con la aplicación del Estado de Derecho. Se debe responder con la actuación de la justicia como se ha hecho aquí, con un juicio, ante los jueces de la Constitución, con el respeto de todas las garantías constitucionales. En ese cometido, no me cabe duda y así le solicito a los jueces que le impongan una justa condena a Mazzaferri por ser el responsable de graves violaciones a los derechos humanos, constitutivas de delitos de lesa humanidad”, dijo Candioti este jueves por la mañana.

El fiscal General del TOF de Paraná, contextualizó los hechos juzgados en la causa en un plan sistemático de represión ilegal, donde se cometieron “múltiples delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, vejaciones, robo de bebés… Personas como Mazaferri se valieron del poder estatal para cometer estos delitos, utilizaban la maquinaria estatal, controlaban los estamentos judiciales a su favor y generaban un temor generalizado en la población que no pudo empezar a denunciar hasta entrada la democracia. Hay que entender el temor de las víctimas y del entorno a las víctimas”, explicó. “Entre Ríos fue parte de todo esto y una patota integrada por Mazzaferri fue protagonista en los delitos juzgados”, acotó.

Candioti recordó que se trató de víctimas adolescentes. “Eran chicos que estuvieron privados de su libertad porque se los acusaba de tener un mimeógrafo con el que imprimieron volantes en contra del gobierno de facto. Por eso fueron terriblemente torturados. Hoy tienen terribles secuelas físicas y psicológicas. Les gatillaron en la cabeza, los picanearon desnudos sobre la parrilla, les hicieron el submarino. Las víctimas son ocho y las torturas están acreditadas con la prueba”, expresó.

El fiscal recordó que la defensa de material del represor, que calificó como “mala”, quedó “completamente rebatida” con las pruebas y los testimonios en la causa. “Vino Mazzaferri a decirnos que estaba sorprendido por venir a juicio 30 años después. Pero acaso no supo que fue denunciado por Carlos Martínez Paiva ante la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; acaso no supo que fue denunciado nuevamente en el ’86 ante la Justicia Federal por Martínez Paiva, por estos delitos”, contrastó el fiscal. De inmediato refrescó que estuvo cinco años prófugo eludiendo a la Justicia.

“Mazzaferri es responsable de todo esto y de integrar una asociación ilícita que así fue considerada en sentencias anteriores de este tribunal. Él está sentado acá por ser el coautor de los delitos y no por integrar la Policía Federal en aquellos años, como dijo, porque las víctimas pudieron diferenciar muy bien quiénes fueron los policías que los cuidaron y quiénes fueron aquellos que los torturaron. Recordemos cuando Martínez Paiva, en plena inspección ocular, le dijo a la presidenta que ‘lo que hizo Mazzaferri no es propio de un ser humano’”.

Entre la prueba mencionada por el fiscal, resaltó un informe remitido por la Policía Federal, donde se dio cuenta de los objetivos de la “Oficina Técnica”. “Allí se apuntaba a la lucha contra la subversión, y Mazzaferri estaba a cargo de esa oficina en Concepción del Uruguay. Mazzaferri fue sádico, se podría decir que disfrutaba de la tortura que aplicaba y fue el principal torturador e instructor de los vejámenes”, calificó.

“Mazzaferri actuó sobre seguro. Es coautor responsable de múltiples delitos en múltiples ocasiones: allanamientos ilegales; secuestros agravados por la violencia y en tres casos por exceder el mes; tormentos agravados; y de integrar una asociación ilícita en concurso real con los delitos anteriores. Por eso considero que es justo que reciba una pena de 20 años de prisión”, cerró el fiscal.

Que sean 25 años y que abran nuevas investigaciones

Las querellas particulares encabezadas por María Isabel Caccioppoli y Marcelo Boeykens hicieron un pedido unificado de penas. Coincidieron en que lo justo son 25 años de prisión en cárcel común, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Caccioppoli señaló que la causa “está muy completa en cuanto a la documentación y la prueba”. Dijo que el accionar de Mazzaferi fue “autoritario dentro de la Policía Federal” y consideró que la “responsabilidad está totalmente probada”. Asimismo, cuestionó “la conducta disuasoria de derecho” que tuvo Mazzaferri al estar prófugo tantos años. “Lo buscamos casi cinco años y cuando se sentó a dar la indagatoria dijo estar sorprendido y no pudo justificar nada. Él usó todas las herramientas que tuvo para disuadir la justicia. Vino acá a mentirnos y a decir que no sabe por qué está detenido”, criticó la abogada.

También dijo que hubieran preferido que Mazzaferri sea juzgado en la causa Harguindeguy. “Mazzaferri fue el único que faltó para completar ese cuadro, porque él siguió las órdenes de Albano Harguindeguy -ministro del Interior durante la dictadura- para perseguir por cuestiones políticas, algo que quedó completamente probado”, reafirmó.

Por su parte, el abogado Marcelo Boeykens destacó la cantidad de prueba colectada en la causa Harguindeguy contra Mazzaferri. “Fue tanto que el TOF anterior no pudo omitir aludir las responsabilidades de Mazzaferri en la sentencia, y hubo una suerte de juicio en ausencia, por eso es que debió constituirse este nuevo tribunal para juzgarlo”, recordó.

Boeykens ubicó a los crímenes de lesa humanidad juzgados en esta causa en el contexto del “segundo genocidio nacional” y pidió que así sea considerado por los jueces en la sentencia. “Harguindeguy fue jefe de la Policía Federal en el gobierno democrático que él derrocó, para luego pasar a ser ministro del Interior en el golpe de Estado. En ese contexto, Harguindeguy envió a su subalterno Mazzaferri a Concepción del Uruguay”, describió.

El abogado repasó las finalidades de “concentración económica, primarización de la economía y endeudamiento que tuvo el proceso de reorganización nacional”. Además de las políticas económicas, señaló otro de los objetivos del golpe militar: “identificaron al enemigo interno, según la doctrina de seguridad nacional. Y precisamente en Concepción del Uruguay, el concepto de terrorismo fue aplicado con fuerza, pero sin desaparecidos porque se trata de una ciudad muy chica, donde todos se conocen. Pero lo que pasó en todos lados durante el golpe de Estado también pasó en Concepción”.

“Estos no fueron delitos comunes, por la masividad y porque se persiguió a una porción específica de la población. No existe impedimento para no calificar a estos delitos en un contexto de genocidio. Estos son delitos imprescriptibles. Esto fue un genocidio y no es nuevo ni demencial. Fue este tribunal el que contextualizó estos delitos en el marco del segundo genocidio nacional, así lo hizo en la causa Harguindeguy, en Área Paraná y en la causa Céparo. Fue un genocidio, no porque fue un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil, sino porque fue un ataque discriminado para vulnerar colectividades de pertenencia. Porque los militares y civiles que lo perpetraron, buscaban que sus víctimas dejaran de militar, dejaran de ir a los lugares que iban. Y no fue una nacionalidad el objetivo de la persecución, fueron las características comunes que unían a los perseguidos. Hubo un primer genocidio organizador del Estado-Nación: aquel contra las poblaciones originarias; y hubo un segundo genocidio reorganizador del Estado-Nación: aquel que fue contra valores y principios sociales que aglutinó militantes en distintos espacios políticos como Montoneros, el PRT y muchos otros movimientos”, argumentó Boeykens.

El abogado pidió que se investigue la posible responsabilidad de José Darío Mazzzaferri en el secuestro y muerte de Carlos Fernández. “A él lo buscaban por el asesinato de Cáceres Monié. Cuatro policías federales vestidos de civil lo encontraron en la localidad de Teodolina, Santa Fe. Unos días después Fernández fue abatido en lo que los militares llamaron un ‘enfrentamiento’. Mazzaferri fue reconocido por la Policía Federal de Paraná el mismo día que Fernández fue secuestrado por sus labores. Así figura en las constancias”, advirtió el querellante.

En el mismo sentido hizo un pedido de investigación sobre la posible comisión de delitos de Mazzaferri en la desaparición de Julio Solaga, secuestrado en similares circunstancias que Fernández, por cuatro policías federales vestidos de civil. Mazzaferri también fue reconocido por la fuerza el día de ese secuestro. (Análisis)