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Por fallo sobre fumigaciones, productores entrerrianos se movilizarán y no descartan cortar la ruta 12

La protesta se desarrollará el jueves 24 de octubre, en el acceso a Colonia Merou. Comenzará a las 9.30 y al mediodía harán una asamblea, donde definirán las acciones a encarar. No descartan cortar la ruta.

Ante el creciente malestar de los productores rurales en la provincia debido a las restricciones para realizar aplicaciones de fitosanitarios en los terrenos lindantes a escuelas públicas, Federación Agraria Argentina confirmó la realización de una protesta el próximo jueves y no descartan un corte de la ruta que une Crespo con Paraná.

Según confirmaron a Elonce desde la entidad, habrá una manifestación desde las 9.30 en la Ruta 12, más precisamente en el acceso a colonia Merou con tractores, herramientas agrícolas y camiones debido «al extenso tiempo que se están tomando los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con respecto al fallo judicial que el juez, Virgilio Galanti decretó la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo, importen reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad aquí se dispone».

En el lugar, habrá volanteada con el objetivo de «esclarecer lo que ocurre» y no descartan que durante las asambleas se produzcan cortes de ruta, debido al malestar existente entre los productores. (El Once)

VIDEO: Nació un pollito con cuatro patas

El extraño suceso ocurrió en el norte de la provincia de Santa Fe, en un campo de la localidad de El Sombrerito, de General Obligado. El encargado del lugar contó que nunca tuvieron un caso así. Mirá el video.

Un extraño suceso ocurrió en el norte de la provincia de Santa Fe. Se trata del nacimiento de un pollito que en vez de dos tiene cuatro patas. El mismo sobrevive y se alimenta normalmente.

Desde Calchaquí al mundo se acercaron hasta el campo ubicado a 4 kilómetros al norte de la localidad de El Sombrerito en el departamento General Obligado, en el noreste de la provincia de Santa Fe, donde lo esperaba el capataz Rubén Luque quien comentó la insólita noticia y mostró al animal a través de un video. Asimismo, dijo que es la primera vez que nace un ave con estas características. (El Once)

Desde Entre Ríos a Estados Unidos: un frigorífico fue habilitado para exportar carne vacuna

La Agencia de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprobó a cinco nuevos frigoríficos argentinos para que exporten carne vacuna, entre ellos, uno entrerriano. El logro fue anunciado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, en el marco de su visita oficial al país.

Luego del encuentro que mantuvo con el subsecretario de Comercio Exterior y Asuntos Agrícolas Internacionales, Ted Mc Kinney, Etchevehere manifestó que “estos anuncios son hechos concretos. Es una muestra más que elocuente del éxito de la política de apertura de la Argentina hacia el mundo, y de la confianza generada en los cuatro años de gestión del presidente Macri con las principales potencias del planeta”.

De este modo, quedaron habilitados para exportar los frigoríficos: Quickfood SA, Logros SA, Forres-Beltrán SA, Azul Natural Beef SA y Alberdi SA. Suman, en total, 16 las plantas habilitadas para exportar carne a los Estados Unidos.

 

El frigorífico entrerriano

El frigorífico Alberdi SA, de Oro Verde, concretó sus anhelos: en agosto pasado, durante la presentación oficial de la fusión con el Grupo Olio, el presidente de la firma, Leonardo Lequio, había manifestado que aguardaban por las habilitaciones correspondientes desde Estados Unidos para comenzar con las exportaciones, principalmente de carne kosher.

Desde el frigorífico, esperan poder trabajar unas 1.200/1.300 toneladas anuales, ya que el cupo de exportación de carne vacuna a Estados Unidos es de 20.000 toneladas y lo reparte el Gobierno.

La primera venta podría concretarse el próximo mes, si se cumplen los trámites correspondientes. Lomo, bife ancho y bife angosto, entre otros, serían los cortes del primer envío.

Dos Florines

CRA defendió los agroquímicos y criticó el accionar «ignorante» de los veganos

«El concepto de sustentabilidad ambiental está ya arraigado en todas las consideraciones productivas y ha generado el concepto de buenas prácticas agrícolas que ya son normas en las provincias y en la Nación», dijo el presidente de CRA.

La entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió con una fuerte defensa del uso de los agroquímicos en la producción a gran escala y disparó contra los movimientos «verdes o conservacionistas».

En un comunicado de prensa firmado por su presidente, Dardo Chiesa, la entidad rural dijo que el mundo entero enfrenta el desafío del crecimiento en la producción de alimentos y energías.

«El concepto de sustentabilidad ambiental está ya arraigado en todas las consideraciones productivas y ha generado el concepto de buenas prácticas agrícolas que ya son normas en las provincias y en la Nación», dijo Chiesa.

Se quejó porque el sector denominado «verde o conservacionista» pretende, a través de su accionar, instalar el rechazo a la producción aunque sea sustentable.

Así, dijo CRA, «se avanza en la prohibición del uso de los fitosanitarios (maliciosamente llamados agrotóxicos) y, abuso de las limitaciones de las distancias mínimas de aplicación, que dejan miles de hectáreas productivas sin posibilidad de trabajar».

En los últimos días el debate por los agroquímicos se instaló en la agenda pública debido a mensajes críticos del animador televisivo Marcelo Tinelli.

CRA cuestionó el accionar «desconsiderado tan irrespetuoso como ignorante» de los veganos, que «bajo falaces paradigmas esconden los problemas de la dieta, que ellos mismos defienden, negándose a su vez a corroborar con la ciencia y la tecnología lo que desde la producción se argumenta».

La entidad dijo que ese es un caso emblemático, pues sus manifestaciones han llegado «a la violencia», y cuestionó «falsos conceptos con la conservación de los montes, leyes de reordenamiento territorial que no solo no defienden lo que deben, sino que, además impiden la producción, el empleo, el arraigo y el desarrollo».

En muchos casos, añadió, su aplicación a ultranza genera incendios devastadores que terminan destruyendo lo que se pretendió proteger.

«Zonas protegidas que no solo no respetan a los que habitan y trabajan sus tierras con anterioridad, sino que además, contribuyen y expulsan a sus vecinos. Finalmente, para no cumplir su objetivo de conservación», expresó.

Y dijo que se está «en el umbral en el cual, a partir de ahora o trabajamos y ponemos un objetivo en común o se formará una grieta que perjudicará a todos».

«Desde CRA instamos a trabajar de manera conjunta entre todos los sectores, con respeto, con conocimientos basados en la ciencia y tecnología y no en doctrinas», dijo la entidad.

Jóvenes del Departamento Uruguay en la Olimpíada Agropecuaria

Tres estudiantes de la Escuela Nº 145 de Basavilbaso, junto a su docente, representaron a Entre Ríos en la 9a edición de la Olimpiada Brasileña Agropecuaria, desarrollada en Foz de Iguazú. Otras cuatro delegaciones del país participaron del evento.

El director de la modalidad de Educación Técnico profesional, Héctor Andrés Rousset, acompañó a los alumnos y los felicitó porque “todas estas instancias nos demuestran la calidad educativa que tienen nuestras escuelas, tanto de educación técnica como agrotécnicas, y del compromiso de los estudiantes y profesores por investigar, innovar y crecer en el ámbito.”

La Olimpíada Brasileña Agropecuaria es una competencia científica nacional que tiene como objetivo estimular la entrada de jóvenes de secundaria y subsiguientes en carreras técnico-científicas a través de la investigación e innovación agrícola, la aplicación del conocimiento científico, el manejo de situaciones desafiantes y la cooperación entre aquellos involucrados en los Juegos Olímpicos.

En consecuencia, se busca motivar la participación de los estudiantes en actividades de iniciación científica, desarrollo regional y producción de innovaciones tecnológicas, volviendo así a la comunidad, beneficios derivados de la mejora de la educación pública secundaria y técnica relacionada con la agricultura. (La calle)

El trigo del litoral pide pista para ir directo a Brasil, sin pasar por el puerto de Rosario

La movida comenzó en Corrientes pero también podría beneficiar a productores de Entre Ríos e incluso de Chaco.

Con la diversificación agrícola en la mira, el gobierno de la provincia de Corrientes realizó este año una misión comercial a Brasil para establecer un canal directo de exportaciones del trigo argentino y sortear una de las mayores barreras para la extensión del cereal en la zona: el costo del flete a los principales puertos y centros de consumo argentinos.

Es que entre los 700 kilómetros a Rosario y los 250 a 300 kilómetros a los molinos de Brasil en Pelotas y Porto Alegre, la diferencia del costo por tonelada transportada no es menor. Achicar esa diferencia tiene aún más sentido si se piensa que el trigo que va a Rosario se destina en su mayor parte a Brasil, en un triángulo que podría evitarse si el cereal cruzara directamente la frontera, algo tan simple como imitar lo que se hace todos los años con el arroz, principal cultivo de la provincia.

«Si se dan las condiciones comerciales, Corrientes podría sembrar de la noche a la mañana 50.000 hectáreas de trigo», afirma Enrique Figueroa, jefe del grupo de Producción Vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, Corrientes. Quizás esa cifra suene a poco comparada con las 2.342.984 hectáreas de trigo que se siembran en la provincia de Buenos Aires, pero no son nada despreciables para Corrientes, donde el arroz cubre unas 91.400 hectáreas por año.

Sin embargo, en la campaña anterior se sembraron apenas 2545 hectáreas de trigo en Corrientes, incluso con el incentivo de créditos blandos otorgados por la provincia a los productores, a pagar a cosecha. En los 90, cuando se comenzó a sembrar trigo en Corrientes se alcanzó una superficie de 20.000 hectáreas, pero con mucha variabilidad según el año.

Corrientes tiene, en términos logísticos, una ventaja competitiva y podría abastecer al nicho comercial del sur de Brasil, que importa por año 500.000 toneladas, con una significativa mejora de precio para el productor, que se calcula entre un 15 y 25%. Por eso, esta vía de comercialización podría abarcar también trigos de Chaco y Entre Ríos, por ejemplo, y si se estabiliza la producción anual hasta se podría justificar la industrialización en la zona.

Además, existe la ventaja de vender en forma anticipada ya que en Corrientes se cosecha en septiembre u octubre, antes que en la zona triguera núcleo.

Del lado brasileño, el trigo argentino se usa para mezclar con el propio y blanquear la harina, para responder a las demandas del consumidor local que prefiere panificados más claros. Las muestras que llevó la misión comercial dejaron conformes a los molinos brasileños que se visitaron en cuanto a su color, gluten y proteína. De la misión comercial participaron productores, técnicos especialistas en trigo, representantes de la Universidad de Corrientes y del INTA.

 

Oportunidades

Quedó abierta la puerta para que los productores vendan directamente a molinos del otro lado de la frontera. La gimnasia exportadora está aceitada gracias al arroz, en especial para las grandes empresas agropecuarias, ya que Corrientes es la principal productora de arroz del país, y destina entre el 70 y el 80% de su producción a Brasil. «Para pequeños y medianos productores hay acopiadores brasileños que ya están en contacto como para que a fin de año se concreten algunos viajes y se vendan los primeros camiones», dijo Pablo Capellari, consejero del Ministerio de Producción de Corrientes.

En Corrientes se siembran preferentemente variedades de ciclo corto que se adaptan mejor a inviernos y a primaveras que comienzan antes que en las zonas trigueras tradicionales. Por eso, la ventana de siembra comienza en mayo para los ciclos largos e intermedios y se extiende hasta el 10 de junio como muy tarde para los ciclos cortos. De esta forma, se busca que los trigos florezcan a fines de agosto, ya sin riesgo de heladas, y que el llenado del grano se realice en septiembre con temperaturas templadas y poca lluvia. Se apunta a cosechar durante la primera quincena de octubre.

Desde el INTA Mercedes proponen una densidad de siembra de 100 a 120 kilos por hectárea para lograr el ideal de 300 plantas por metro cuadrado. Además, una fertilización de base de 80/100 kilos de fosfato diamónico y 30 kg/ha de cloruro potásico, 70 a 120 kg/ha de urea en una o dos aplicaciones, el uso de insecticidas para control de pulgones y fungicidas para prevenir fusarium, según como venga la primavera.

En los ensayos del INTA se alcanzaron rindes de más de 4000 kilos y en el campo un máximo de 3500 kilos, con promedios de 2500.

De todos modos, el cultivo tiene su riesgo ya que en Corrientes las lluvias son muy irregulares y pueden ser muy copiosas en poco tiempo y luego faltar agua por largos períodos. «Los suelos son pobres y los drenajes insuficientes, por lo que el agua se queda, encharca y genera muchas enfermedades, o se va y arrastra nutrientes», explica Figueroa. En invierno, la temperatura media es de 15 grados, por lo que el trigo tiene poco tiempo para formar macollos y las variedades de ciclo largo pierden contra las cortas por las pocas bajas temperaturas que normalmente se registran.

Patricio Watson, uno de los productores correntinos que participaron de la misión comercial, se entusiasma con la idea de vender el cereal directamente a Brasil. Comenzó a sembrarlo hace 10 años, sobre maíz con rastrojo pastoreado y sin pastorear. En ambos casos con fertilización fosforada de 100 kg, monoamónico+zinc en la línea, luego 120 kg de urea+potasio voleada al macollo.

También exploran la posibilidad de sembrar trigos de doble propósito (forrajero y para grano) con los que se están obteniendo buenos resultados: alrededor de 300 kilos de carne y 2500 kilos por hectárea de granos, una alternativa posible para inviernos lluviosos.

«El resultado de las reuniones mantenidas en Brasil fue muy positivo y trataremos de aceitar los mecanismos que permitan hacer una prueba piloto de exportación directa para esta campaña», remarcó Watson.

 

Una hoja de ruta para la producción del cereal

Hace 10 años, cuando evaluaron los registros de lluvias de Corrientes, vieron que, a diferencia de lo que sucede en el sur de Córdoba, donde ya hacían trigo y donde casi no llueve en invierno, las lluvias correntinas eran más regulares en invierno. Se entusiasmaron y comenzaron con rindes de entre 2500 y 3000 kilos.

«El problema fue siempre la comercialización. Durante la campaña pasada, con precios que rondaban los US$240 la tonelada, se podía vender el trigo en Resistencia o Chacabuco, a 200 y 700 kilometros», dice Patricio Watson. Pero con precios de 160 o 170 dólares esa alternativa no es rentable.

Por eso la venta directa a Brasil sería una alternativa comercial viable para el trigo de Corrientes. O usarlo como forraje para el destete y para las vaquillonas. Siempre en forma controlada y después de un acostumbramiento con balanceado, en el caso del destete, con alrededor de un kilo o un kilo y medio por animal y con complemento de suplementos minerales y proteicos. La superficie creció hasta las 300 hectáreas, pero hoy se achicó a 200. Al trigo le sigue un maíz convencional o tropical que siembran en diciembre y hasta el 10 de enero para cosecharlo en mayo/junio y embolsar húmedo con destino forrajero.

La Nación

Los datos que impulsan al sector porcino de Entre Ríos

Según información publicada por el Ministerio de Agroindustria, durante los primeros ocho meses del año crecieron la producción y la faena de cerdo en la Argentina. Además, se consolida el consumo per cápita y toma impulso el mercado externo como opción para el sector, debido al incremento de las exportaciones.

El sector porcino del país atraviesa un momento complejo por las dificultades de la coyuntura nacional, pero a la vez alentador por las potencialidades propias y factores que estimulan el mercado interno y externo. Los últimos datos oficiales dan cuenta de un sostenido crecimiento de la cadena, que permiten sortear los altos costos, la falta de financiamiento y los vaivenes de los indicadores macroeconómicos.

De acuerdo al informe publicado por el Ministerio de Agroindustria con información de agosto, durante los primeros ocho meses del año se registró en el país una suba del 3% en la producción de carne porcina, al contabilizar 421.775 toneladas. En tanto, la faena creció 1,2% si se compara la variación de enero a agosto de 2019 respecto de igual período del año pasado. En total, se faenaron 4.524.084 kilos en ocho meses.

Respecto del mercado interno, se registró en el período de enero a julio de 2019 una suba interanual del 1,6% en el consumo per cápita, con un promedio de 14,97 kilos por habitante en el año. Incluso, se llegó a consumir 15,34 kilos durante el séptimo mes del año. Esto da cuenta de un aumento de la participación del cerdo en los hábitos de consumo de los argentinos, no sólo como opción ante las otras carnes, sino por las bondades propias y beneficios alimenticios.

 

Exportaciones

Párrafo aparte merece el incremento registrado en las exportaciones de cerdo que, si bien no son significativas en términos de volumen, sí resultan importantes para el camino que todo el sector está comenzando a recorrer. Según datos oficiales, creció 36% la cantidad de ventas al exterior durante los primeros siete meses del año en términos interanuales, totalizando 13.442 toneladas comercializadas.

En relación al comercio exterior, es clave destacar las oportunidades que se abren para los productores de cerdos de Entre Ríos y el país, como alternativa para consolidar el crecimiento y desarrollo del sector. El acuerdo logrado con China para poder ingresar al Gigante Asiático con producción local es un primer paso para estimular a toda la cadena, generar políticas que permitan ganar nuevos mercados, ser competitivos y hacer frente a la demanda.

En este sentido, desde la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) se propicia el asociativismo y la integración. La provincia es una de las cuatro más importantes de la Argentina en producción porcina y cuenta con un potencial enorme de crecimiento. Serán determinantes las inversiones, para sumar tecnología y desarrollar una estrategia de expansión vertical y horizontal que posibilite estar a la altura de las circunstancias.

Empresa entrerriana concretó la primera exportación directa de cítricos a la Unión Europea

Con el apoyo de provincia, la firma Toller Hermanos SRL con sede en Federación, formalizó en septiembre la primera exportación directa de cítricos hacia la Unión Europea.

Guillermo Toller, miembro de la empresa, comentó que “ya se realizó en parte el negocio y estamos trabajando con un par de contenedores más. Esta operación surge de un contacto que realizamos en la feria de Berlín, en el mes de febrero, donde participamos con un stand con naranjas para destino industrial. Luego de esto concretamos el primer empaque los primeros días de septiembre y ya llevamos cinco contenedores enviados”.

Consultado por la frecuencia de exportación, el empresario expresó que “es la primera vez que exportamos, puntualmente a Suecia”, y destacó el valor de haber participado en la feria, por “el contacto que uno logra ahí, en las reuniones y conversaciones con posibles clientes, así como en el post feria”.

“Cuando el comprador se acerca porque te ha visto en la feria, ha probado la fruta, te buscan por internet, es allí donde surgen negocios; también cuando hemos vuelto de la misma. La participación es muy positiva, más que nada por el hecho de que uno se está dando a conocer al mundo”, subrayó Toller.

Respecto a las características de su firma, Toller precisó que “somos seis hermanos que trabajamos en una empresa netamente familiar. La Secretaría de Producción, a través del área de Promoción de Exportaciones, siempre nos ha invitado a todas las ferias que van surgiendo; la última fue una invitación a Colombia debido a que hubo una apertura en el mercado”.

Luego comentó que “nosotros no tenemos personal dedicado a comercio exterior, somos una empresa chica y es por ello que valoramos mucho el aporte del Estado provincial, sobre todo en lo que respecta a costos internos, ya que debemos competir con empresas de otros países con economías diferentes a la nuestra. El apoyo gubernamental para las participaciones en las ferias nos ayuda a no quedar afuera a la hora de generar el costo y competir con otros países más competitivos”, advirtió.

Agregó que en su empresa “tenemos una planta fija permanente de 45 empleados, sumados a unos 90 empleados más tercerizados, los cuales son mano de obra no calificada, que es la primera en quedar fuera del mercado laboral”.

Cabe destacar que la empresa es una pyme que produce cítricos sobre 500 hectáreas propias y alquiladas, que años atrás montó su propia planta de empaque y que ahora se dedica también al negocio de la exportación en forma directa, sin intermediarios.

Más adelante, Toller dijo que el “negocios para hacer hay un montón, hay que saberlos buscar. Las oportunidades siempre están. Con la devaluación que tuvimos somos un poco más competitivos. No es imposible la competencia en el exterior, aunque no resulte nada sencilla. Hay que tener claro que nosotros en el mundo somos un oferente más, y este es un trabajo que requiere tiempo y tenacidad, como también precio”.

Al respecto, hizo notar que “en toda cadena, tenemos la mano de obra y todos los insumos son dolarizados, además de una carga impositiva muy alta. Además, hay nuevos competidores en el mundo que hace 15 años no estaban. Perú es un caso, es el productor casi número uno en mandarinas, con costos mucho más bajos. En naranjas, competimos directamente con Sudáfrica, que produce muchas más toneladas por hectárea que nosotros. Hay que mirar un poco la exportación y después el mercado interno, que es muy grande y en el cual tenemos distribución en casi todo el país. Ahí necesitamos que mejore el poder adquisitivo de toda la gente para que consuma el cítrico”.

 

Apoyo gubernamental e importancia de las economías regionales

Respecto a la novedad de esta exportación, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, valoró la importancia que tienen los productores entrerrianos en lo que refiere al crecimiento de la provincia.

«Tal lo ha expresa siempre el gobernador Gustavo Bordet, el Estado debe estar presente apuntalando y cooperando para el crecimiento de todos. Las economías regionales suman cada vez más, como así también los pequeños emprendimientos que son muy importantes en estas épocas que estamos viviendo. Tenemos una provincia con una extensión muy valiosa, con puertos, con rutas y caminos que nos llevan a poder hacer una buena distribución de la producción y además con mucho valor agregado. Ese valor agregado es el que debemos potencializar y también continuar trabajando para allanar los caminos a los productores, brindándoles herramientas legales para que las economías regionales sigan creciendo”, destacó el funcionario.

Por último, Gabás señaló que “Entre Ríos se va a poner en marcha en función de las políticas que lleve adelante el gobierno nacional. Las provincias dependen de las macropolíticas fiscales y económicas y eso tiene un efecto en cada territorio: si a nivel nacional hay un orden en sus cuentas públicas, en la política productiva y económica, lógicamente eso va a tener un impacto positivo en nuestra provincia. Ojalá que efectivamente se reactive el consumo interno, se reactive la industria, que se empiece a generar valor agregado y sobre todo empleo, que es lo que necesitamos todos los argentinos”.

Fumigaciones en Entre Ríos: Ambientalistas denunciaron al fiscal de Estado «por mentir sobre el amparo»

Desde la ONG Basta es Basta indicaron que el amparo contra el uso de agroquímicos «está vigente, le guste o no a Julio Rodríguez Signes».

Los integrantes del colectivo ambientalista Basta es Basta de la provincia denunciaron al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, por el delito de «instigación a desobedecer la autoridad» dadas sus declaraciones periodísticas en las que negó la sentencia vigente y alentó a los productores a incumplir con la ley que garantiza mil y tres mil metros de protección a las escuelas rurales.

«En vez de defender a los fumigados, defiende a los fumigadores», indicó un comunicado emitido por la ONG. Le apuntan al estratega del decreto de la gobernación 2239 sobre los límites más favorables a los productores rurales para las fumigaciones en cercanías de escuelas de campo.

Ese decreto, este viernes fue declarado ilegal e insconstitucional en su articulos principales donde reduce a 500 y 100 las distancias de pulverizaciones y estableció «áreas de restricción», barreras verdes contra los agrotóxicos y «unidades centinelas de control» que eran prácticamente inviables de llevar a la práctica realmente.

Rodríguez Signes ya anticipó que se apelará la medida de juez de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti que resolvió admitir parcialmente la demanda del Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos contra el Gobierno entrerriano.

Desde Basta es Basta expusieron que el viernes, Rodríguez Signes brindó una entrevista a Radio Nacional Paraná donde el fiscal, ante la pregunta del periodista agropecuario Miguel Ruberto sobre la situación legal en la que se encuentra un productor, respondió en forma textual: «La sentencia no está firme, es decir en la medida que la provincia interponga un recurso de apelación está vigente el Decreto 2239”

«Le recordamos al fiscal que es un funcionario público con responsabilidades especiales frente a la ciudadanía, su accionar tendencioso no sólo incita a la ilegalidad sino que genera un daño grave a las instituciones y al sistema democrático», desafió la entidad.

Según la interpretación de los ambientalistas, Signes «intenta confundir aún más cuando continua diciendo que «recién volveremos atrás si el Superior Tribunal confirma la sentencia, mientras tanto está vigente el Decreto 2239”.

«Estas afirmaciones configuran una grave mentira jurídica, inconcebible en boca de un funcionario con ese nivel de responsabilidad que conoce perfectamente el funcionamiento de los procedimientos legales», denunció Basta es Basta y agregó que «es la segunda vez que la verborragia del fiscal Rodríguez Signes genera confusión. El año pasado obligó al Tribunal Superior de Justicia a tener que salir responder que el fallo seguía firme pese a la apelación del Gobierno».

Por el momento la sentencia del juez de la Cámara está vigente. Si el Estado apela, corresponde esperar a que la Justicia conceda o no esa apelación de la Provincia. Si eso sucede, según el Artículo 15 de la nueva Ley de Procedimientos Constitucionales, la sentencia continuará vigente y deberá ser aplicada aunque esté apelada, es decir, la apelación no suspende la aplicación de la resolución.

En base a ese concepto, Basta es Basta aclaró que «cualquier pulverización debe respetar las distancias de mil metros terrestres y 3 mil aéreos. Le guste o no al Fiscal de Estado porque para eso existe un estado de Derecho».

«Los dichos de Rodríguez Signes son absolutamente ilegales. Fue denunciado por “instigación al incumplimiento de ley, de una Sentencia vigente” y porque “incurre en incumplimiento de su función pública y pone en peligro la salud pública”. Sin mencionar la completa falta de ética al desconsiderar la actuación de la Justicia y demostrar, por tercera vez, su parcialidad y evidente decisión de defender intereses privados sectoriales», agregó el comunicado.

 

FISCAL DENUNCIADO

La Ley orgánica de Fiscalía de Estado N°7296, establece que el deber público del Fiscal y dice “tampoco podrán asesorar, representar o patrocinar a particulares en asuntos judiciales, extrajudiciales o administrativos en los que sea parte o tenga interés la Provincia, las municipalidades y sus entes autárquicos o descentralizados. Igual prohibición se observará para los casos en que tales particulares realicen contratos, convenios u operaciones con los referidos entes, o sean concesionarios de obras o servicios públicos”.

Para los ambientalistas, «Rodríguez Signes asesora, reúne, defiende y se fotografía con la cámara de la industria quimica y los responsables de las aplicaciones desastrosas y masivas de agrotóxicos sin ningún tipo de control ambiental. Advertimos de esta conducta improcedente del Fiscal de Estado que arriesga nuestro sistema de justicia y democracia. Instamos no apenas a una legalidad formal sino a la responsabilidad y prudencia de nuestros funcionarios públicos», cierra el comunicado de la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos – Basta es Basta. (R2820)

Fumigaciones en Entre Ríos: La Justicia falló contra el decreto de Bordet, considerándolo inconstitucional e ilegal

El Vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, resolvió hoy admitir parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y, en consecuencia, decretó la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los Artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo importen reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad aquí se dispone.

Se trata de la causa Nº 9850 “Foro Ecologista de Paraná y otro C/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos S/ acción de amparo”, relativo a las distancias que deben respetarse para fumigar en inmediaciones de escuelas rurales.

La acción de amparo se vincula con las sentencias recaídas en el Expediente Nº 10.711 (a la que denomina causa madre) del 1° de octubre de 2018, ratificada por el STJ de Entre Ríos el 29 de octubre el año pasado de acuerdo al Expediente Nº 9624, ratificada por el STJ el 14 de mayo pasado.

Allí se solicitó la nulidad absoluta en el menor plazo posible del Decreto Provincial N° 2239/19 del 1° de agosto de 2019, que tiene como antecedente el Expediente Nº 2.294.731, “por entender que el mismo se aparta ampliamente de la cosa juzgada plasmada en la sentencia de la causa madre antes citada, contrariando notablemente la manda judicial, habilitando fumigaciones con agrotóxicos a distancias notoriamente menores a las distancias previamente establecidas por sentencia judicial del STJ en base a la prevención y protección del daño a la salud de niños y niñas que acuden a escuelas rurales, sin poseer el sustento técnico ni científico”, se sostiene en el escrito.

Al fundar la petición, recordaron partes de la sentencia que demostrarían su postura. Por ejemplo, cuando se señala que “la prohibición deviene indudablemente necesaria y en las distancias pretendidas por las amparistas. Ello así porque en el caso se debe adoptar un criterio de precaución, al menos hasta tanto se acredite que la protección de los afectados puede lograrse con distancias menores”.

Además, demostraron que los fundamentos del Decreto cuestionado no tiene ningún sustento en ningún estudio de las características del exigido en el fallo de la Cámara Civil y Comercial N° 2, como ya ha acontecido con el anulado Decreto Nº 4407/18, resultando éste último inconstitucional por violar la cosa juzgada, por no ajustarse, al igual que el actual, al estándar normativo que allí se exigía, transgrediéndose de dicha forma los Artículos 1°, 5°, 65°, 186° y 203° de la Constitución de Entre Ríos; pero también los Artículos 1°, 18° y 75 de la Constitución Nacional, y el inciso “c” del Artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También reiteraron “las presentaciones judiciales que han interpuesto con anterioridad, requiriendo en ellas todas las medidas “urgentes” para la protección de los individuos (niños, niñas, adolescentes, maestras/os y personal no docente) que concurren a las escuelas rurales de Entre Ríos de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud, solicitando también en dichas presentaciones se determine la fijación de una franja de mil metros alrededor de escuelas rurales, libre de uso de agrotóxicos, así como una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal cuyo objetivo sería impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos”.

Además de prohibir “la fumigación aérea en un radio no menor a los tres mil metros, tal como lo ordena el decreto Reglamentario de la Ley de Plaguicidas, para el radio de plantas urbanas”.

“Se ordene el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes y personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales, para los cual se solicita se establezcan los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno”, se indicó

También se pide que a través de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos “se ordene el inmediato análisis sobre agua de lluvia y agua utilizada para el consumo de los alumnos que comprenda un estudio físico químico y asimismo se analice la presencia de los siguientes tipos de agrotóxicos: órganos clorados, órganos fosforados, carbonatos y piretroides”. Esto fue pedido porque casi la totalidad de las escuelas rurales no poseen servicio de red de agua potable, por lo que el agua que se consume en dichos establecimientos es extraída directamente de las napas subterráneas cuya toma de agua se encuentra expuesta a la contaminación con agrotóxicos, lo que importa una situación más de riesgo de daño irreparable a la salud de los niños.

También se recordó que en la misma sentencia se condenó al Estado Provincial y al Consejo General de Educación para que en el plazo de dos años contados desde aquella sentencia “procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de 150 metros de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos y se ordene suspender de inmediato las aplicaciones de productos agrotóxicos en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.

También se recordó que el 28 de marzo pasado, la Cámara Segunda Civil y Comercial, Sala III de Paraná, decretó la nulidad de los Artículos 1° y 2° del Decreto 4407/18 del gobierno provincial, que establecían distancias de 100 y 500 metros. para las aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente. Esas distancias resultaban menores a las fijadas en la sentencia ratificada por el STJ el 29 de octubre de 2018 y confirmada por la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ, el 14 de mayo pasado.

También enfatizaron “que el Estado provincial demandado, no contó con ningún estudio objetivo y con rigor científico sobre deriva de agrotóxicos en las aplicaciones terrestres y áreas a fin de determinar medidas de máxima protección en relación a las vulnerables escuelas rurales, para confeccionar el cuestionado decreto”.

 

La Fiscalía de Estado

El doctor Julio César Rodríguez Signes, en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia, hizo un denodado esfuerzo a favor de las entidades agropecuarias para que pudieran seguir rociando de agrotóxicos los campos entrerrianos.

Argumentó que no se estaba “en presencia de denuncia por daño ecológico, ni ambiental, no hay afectación a un bien colectivo, ya que la salud no es un bien colectivo sino individual y divisible, por lo que ni el Foro ni Agmer son representantes idóneos y legitimados activos para accionar por la salud de esos individuos”.

“En su informe plantean que el único fundamento para solicitar la nulidad es que el Estado provincial no realizó ningún tipo de estudio que permita llegar al dictado del decreto que pretenden impugnar”, resaltó Rodríguez Signes y aclaró que “el Estado Provincial no estaba obligado a cumplir y dictar un decreto basado en las distancias que fijó la sentencia, sino que aquella habilitó con cierto recaudos la aplicación de distancias diferentes y es lo que se plasmó en el decreto, luego de la intervención de las áreas gubernamentales competentes, conforme fuera ordenado en la sentencia, desplegando el Estado su maquinaria para concretar las medidas”.

 

Celeridad ante el amparo

Es oportuno resaltar que este proceso se inició el 16 de agosto de 2019 y hoy se dictó sentencia. “No sin antes haber garantizado productivamente el derecho de defensa de las partes y haber sustanciado importante prueba dentro de los acotados márgenes que nuestra legislación de amparo local recientemente modificada permite. Se han admitido las pruebas vinculadas al objeto, especialmente con sentido científico, y garantizando igualdad a las partes”, resaltó el escrito.

Es oportuno recordar que el Ministerio Público Fiscal a cargo de Jorge Amílcar García estuvo a favor de la fumigación con agrotóxicos en inmediaciones de las escuelas rurales.

Distinta ha sido la postura del Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Maximiliano Benítez, quien opinó que había que tener en cuenta “algunos informes científicos agregados que revelan que la exposición a determinados agroquímicos impacta en la salud de los niños, por lo que entiende que el organismo estatal que corresponda debe adoptar todas las medidas y acciones necesarias a fin de prevenir el daño ambiental y que afecte la salud de los niños, niñas y adolescentes”.

El Vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, también analizó los cambios que proponía el Decreto 2239/19, tan promovido por el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y tan aplaudido por los fumigadores y en donde se proponía nuevas distancias de fumigación, a pesar de sentencias previas que indicaban todo lo contrario.

“En modo de síntesis –sostiene Galanti-, lo controversial del Decreto es que el Ejecutivo ha reducido sustancialmente las distancias de fumigación consignadas en el fallo del Dr. Benedetto”.

Y compara: respecto a las fumigaciones terrestres las mismas se disminuyen de los mil metros fijados en el pronunciamiento judicial a cien metros; y en las aéreas de los tres mil metros a escasos 500 metros.

“Con un detalle adicional cual es el lugar de inicio del cómputo del metraje aludido fijado desde el centro de las escuelas y no de su perímetro”, bien hace observar Galanti.

“Si bien este pleito persigue la nulidad total del Decreto en base a la cosa juzgada, no es menos cierto que además están en juego relevantes derechos humanos (vida, salud, integridad física, ambiente sano intergeneracional, etcétera). Pero que además al afectar a un colectivo específico reclaman de los operadores judiciales especial tutela.

“Así las cosas, más allá de que conforme a un tradicional criterio los planteos de inconstitucionalidad de las normas deben ser observados con restrictividad por ser tal sanción la ratio última del ordenamiento jurídico, no es menos cierto que no todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Asunto que debe poner en particular alerta al Poder Judicial a la hora de sopesar el asunto en este caso”, reflexionó Galanti.

“Así, mucho se ha hablado en los últimos años del interés superior del niño, principio rector imbricado ya no sólo en el Derecho de Familia, sino en el ordenamiento jurídico todo” y recordó lo establecido en el Artículo 3º de la Convención de los Derechos del Niño, que señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Del mismo modo hace prevalecer la importancia de la protección del ambiente y al distintivo principio precautorio, “consistente en que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente”.

Para Galanti, “el asunto se intensifica y cobra mayor envergadura si conjugamos o sumamos los derechos ambientales junto al interés superior del niño”.

Y concluye que “debe prosperar parcialmente, y en consecuencia se debe decretar la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los Artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo importen reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad aquí se dispone”.

Análisis Digital