De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, durante la campaña agrícola 2019/20, se implantaron 443.100 hectáreas de trigo, 9% más que en el ciclo anterior, y alcanza la mayor superficie en 20 años.

Para localizar al segundo mejor registro en dos décadas, hay que remontarse a la campaña 2001/02 para encontrar el segundo mejor registro del siglo; en aquel ciclo se habían implantado 424.500 hectáreas.

El Sistema de Información Agrícola (Siber) relevó los datos de la campaña, donde se destacan asimismo los departamentos más trigueros de la provincia: Paraná con mayor área sembrada, 66.800 hectáreas, lo que representa el 15 % del área total, le sigue Gualeguaychú (55.400 ha), Nogoyá (48.900 ha) y Uruguay (44.900 ha), mientras los departamentos con menor superficie fueron San Salvador (4.200 ha), Feliciano (4.000 ha) y Federación (2.300 ha).

Según publicó Dos Florines, hasta el momento en la provincia, se lleva cosechado el 15% del área total implantada, es decir que se han trillado unas 66.500 hectáreas.

Debido al escaso avance en las labores, señala el Siber en su último informe sobre el estado de los cultivos, “todavía no es factible estimar el rendimiento promedio provincial”, y, sobre la base de consultas efectuadas a los colaboradores, se detecta “a nivel de lote un amplio rango de valores”.

Dos Florines

Aseguran que «el incremento de las cotizaciones de la hacienda y de la carne es inevitable y necesario». «Sólo resta saber en qué momento ocurrirá», asegura la Federación de Industrias Frigoríficas sobre el aumento.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), destacó que es «inevitable y necesario un reacomodamiento de precios en la cadena de ganados y carnes».

«El faltante de oferta que se espera para el verano hará que los precios suban. Esa recomposición es necesaria para que el negocio sea viable y no tiene que ser vista como un problema», explicó a AGROFY NEWS.

«Las políticas del nuevo gobierno tienen que estar orientadas a potenciar al sector y evitar intervención que ya dieron resultados negativos en el pasado», agregó.

Según Urcía, el precio de la carne bovina fue el más competitivo en el mercado doméstico en la última década y eso sólo fue posible por varios factores:

– Creció la producción de carnes porcinas y aviar

– Se combinó con una crisis económica que se tradujo en menor consumo per cápita pese a que la oferta de las categorías de hacienda liviana (novillitos y vaquillonas) destinada al consumo interno fue alta.

«La combinación de esos factores generó fuerte pérdidas en los feedlots que actualmente reponen menos de lo que venden y cuyo resultado por animal terminado es negativo en $1.500/2.500, eso significa que ese eslabón es el que está soportando el mayor peso del atraso en la recomposición de las cotizaciones», comentó en un artículo.

«El resto de la cadena industrial y comercial, mayorista y minorista, también están haciendo sus aportes y por esos motivos, tanto en el repunte de precios de la hacienda en las elecciones PASO y luego Generales no se trasladaron en toda su magnitud a los precios de la carne al mostrador», agregó.

En este sentido, citó la encuesta de precios que encarga IPCVA en 200 puntos de venta de AMBA, el precio de kilogramo de la media res de la segunda semana de Octubre de 2019 era el mismo precio que en Marzo, luego de la recomposición de precios.

Es decir «que durante 6 meses de constante inflación (marzo/octubre) el precio de la carne estuvo estancado a nivel mayorista y con pequeños aumentos e inferiores a la inflación en el nivel minorista, se estima que en la medición interanual tendría un atraso de 15% respecto de la suba de promedio de la economía», explicó Urcía.

Se suma que el cuero ha perdido valor lo que impacta en el recupero: «Algunas plantas lo están salando incurriendo en mayores costos, hay casos en el norte del país donde los están enterrando, pero en definitiva no aporta valor y el costo de faena es mayor que el ingreso por la venta de subproductos».

«El sector engordador (feedloteros) necesita revertir la situación de quebrantos y lograr un nivel de equilibrio, por otra parte, mientras que el sector industrial y comercial también se ve afectado por la suba de costos por lo que el negocio sólo será viable con un aumento de los precios en la carne al consumidor», destacó el vicepresidente de Fifra.

En este sentido, «el incremento de las cotizaciones de la hacienda y de la carne es inevitable y necesario, sólo resta saber en qué momento ocurrirá».

«Es necesario aclarar que ninguna intervención estatal sería capaz de impedirlo pero sí podría matar las expectativas del negocio ganadero iniciando una verdadera liquidación de stock que al cabo de un tiempo producirán efectos más gravosos y que llevarían mucho más tiempo corregir».

«Esto ya ocurrió con la liquidación del 2009 y 10 años después todavía no se recuperó totalmente el stock perdido», alertó.

La situación presentada «fue paliada en parte por el crecimiento de las exportaciones traccionadas por China, como efecto de la enfermedad peste porcina africana en su rodeo porcino».

«El gigante asiático deberá importar carnes sin llegar a cubrir el déficit ocasionado por la enfermedad y la llevará a mejorar los precios para asegurarse el producto. Por este motivo en editoriales anteriores hablamos de las dos caras del negocio».

Urcía agregó: «También decimos que la exportación fue un paliativo porque ante la situación económica imperante en nuestro país, la exportación a China permitió que la vaca tuviera un muy buen precio que en otras circunstancias hubiera significado deterioro del stock, muchos productores con la venta de una vaca retuvieron dos terneras, si la vaca no hubiera tenido ese precio el productor habría vendido las dos terneras a faena y la vaca se hubiera muerto en el campo como ocurría en 2007/2008».

«Ante la disminución de oferta de hacienda terminada para consumo y la demanda sostenida para la exportación las reglas de oferta y demanda harán su trabajo, ante una oferta limitada y una demanda en crecimiento habrá tensiones de precios hacia la suba», adelantó.

«Esto que podría verse como un problema debería interpretarse como la solución en el largo plazo. Mejores precios en la ganadería harían interesar a que los inversores ingresen en el negocio ganadero lo que mejoraría la oferta a futuro abasteciendo al mercado interno y la exportación».

«Intentar restringir las exportaciones, con cupos, gravámenes o cualquier otro tipo de intervención significaría impedir la recomposición de precios y por ende quitar el atractivo de invertir en el negocio y así dejaríamos de aprovechar la oportunidad que brinda el mercado internacional».

«Nuestro desafío debe estar enfocado en llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan sin afectar el desarrollo de un actividad que podría generar mayores recursos, riqueza y empleo genuino para quienes hoy debemos ayudar», concluyó.

Los trabajadores del frigorífico ServiAves, ubicado en el acceso a San Justo, realizaron este viernes un paro ante la falta de pagos. Según trascendió, ayer no les depositaron sus salarios y todavía les adeudan la quincena y parte del aguinaldo anterior.

Por esto, no ingresaron a trabajar a la planta. En el lugar estuvo presente el titular del gremio de la Carne, Sergio “Pancho” Vereda quien detalló que estuvo reunido en asamblea con los trabajadores y que presentarán una nota ante el Ministerio de Trabajo.

Finalmente, destacaron que hasta no recibir una respuesta -o los pagos- no levantarán la medida de protesta.

Sobre el frigorífico

Es importante señalar que ServiAves, no tiene producción propia para faenar, por lo que el frigorífico trabaja con pollos de la firma gualeya, que paga por el servicio.

La no faena de este viernes, dejó sin ingreso a la empresa de San Justo y según señalan desde la firma, “no hay dinero para cumplir en estos momentos, ya que el ingreso previsto por la faena de los pollos de Soychú, se vio frustrado”.

Dada la compleja situación, concurrió a San Justo el titular del gremio de la Carne, Sergio «Pancho» Vereda, quien intenta mediar para llegar a una solución, participando de la asamblea de los trabajadores, señalando que los mismos presentarán una nota ante el Ministerio de Trabajo.

La empresa haría una denuncia penal

Según informaron los propios trabajadores de la firma, los responsables de la empresa que hoy atraviesa esta fuerte crisis, está tratando que depongan esta postura para evitar tener que realizar una denuncia penal.

“No podemos dejar la planta en manos de la gente, todo el fin de semana. Ahora Vereda está tratando de gestionar para que se retiren y evitar de esta manera tener que recurrir a la Justicia y denunciarlos penalmente”, dijeron. (La calle)

Durante casi seis décadas, la vitivinicultura estuvo proscripta en Entre Ríos. Luego, las leyes cambiaron y la actividad comenzó su lento regreso. Hoy, son tres las bodegas y casi cien los viñedos en toda la provincia.

Hacia 1928, Entre Ríos era la cuarta región vitivinícola del país: 115 bodegas, 2.500 hectáreas de viñas y una cultura profundamente arraigada en el hacer del vino. Para entonces, Concordia, Federación y Colonia San José era los bastiones de esta actividad, aunque también había bodegas en Concepción del Uruguay y Paraná.

La tradición del vino llegó de la mano de los colonos: «Eran suizos del cantón de Valais, franceses de la Alta Saboya e italianos del Piamonte, quienes vinieron a poblar la provincia hacia finales de 1850 y trajeron en su acervo las diferentes modalidades en esto de elaborar el vino propio» cuenta Juliana Vulliez Sermet, dueña de la bodega que lleva el apellido familiar.

Suizos de Vailly, hacia 1900. Varios migraron a Entre Ríos Agrandar imagen

Suizos de Vailly, hacia 1900. Varios migraron a Entre RíosPor esos años, según asegura la historiadora Susana de Domínguez Soler, el general Justo José de Urquiza tenía en el Palacio San José unas veinte cepas a modo de experimentación. Fue él quien cedió a esos primeros colonos, los sarmientos de Filadelfia, una variedad francesa aclimatada en EEUU, que funcionó muy bien en estas tierras. Luego se sumaron otras cepas que los inmigrantes trajeron de su Europa natal, entre ellas Lorda, rebautizada en el Río de la Plata como Tannat.

Fue una historia feliz, rica en emprendimientos, hasta la llegada de la gran crisis a mediados de la década del ’30. Para entonces, el consumo de vino había descendido brutalmente con la consecuente baja de los precios, pero con una producción que se mantenía más o menos constante.

«Hay que aclarar que el problema del vino venía desde antes, asegura Domínguez Soler. Las provincias cuyanas que habían recibido grandes incentivos para el cultivo de vid presentaban un excedente en las cosechas, que ya se registra en los primeros años del siglo XX. El Estado compraba este excedente, ya que no había suficientes bodegas en esa zona para procesar el total de la uva obtenida». Además, las provincias cordilleranas, que en esa época tenían una economía de monocultivo, presionaban desde tiempo atrás a fin de restringir a sus territorios la plantación de uva para vinificación. La crisis fue la gota que colmó el vaso.La ley 12.137, sancionada en 1935, que promovió la creación de la Junta Reguladora del Vino, fue la solución que el gobierno de Agustín P. Justo encontró a esta delicada problemática.

Básicamente, la norma apuntaba a la drástica reducción de la producción ¬-no se mencionan los métodos-, objetivo que consiguió con creces. En 1936 la elaboración de vino se había reducido en 600 millones de litros. Tanta eficiencia no fue gratuita y los entrerrianos recuerdan con mucho dolor aquellos días. «Fue muy drástico, una bofetada al productor, muy triste», señala la historiadora Celia Vernaz. «Llegaban los empleados municipales -agrega- a romper alambiques y toneles para que no se produjera más, derramaban el vino, el trabajo se perdía, tiraban la producción, fue vergonzoso». Esta decisión de política económica benefició abiertamente a Cuyo, ya que las autoridades consideraron que Entre Ríos tenía otras fuentes de producción. Así, dicha norma puso fin a la vitivinicultura en la provincia: todas las grandes bodegas cerraron y la actividad quedó circunscripta a la elaboración de vino para consumo familiar.

Nuevos tiempos

La prohibición de cultivo de uva para vinificar se mantuvo para Entre Ríos hasta 1993, cuando por iniciativa del senador Augusto Alasino, se aprobó la ley 24.037 que estableció la liberación territorial para la plantación de viñedos. De ahí en adelante, fue posible producir y comercializar vino en toda la Argentina. Actualmente, la provincia cuenta con tres bodegas industriales: Vulliez Sermet, BordeRío y Los Aromitos. «Además, hay cuarenta viñedos registrados como tales -diez tienen autorización para elaborar vino casero- pero se cree que hay muchos más, casi unos cien», asegura Domínguez Soler, quien editará a fin de año el segundo libro sobre este tema, «Historia del vino en Entre Ríos».

Los Vulliez Sermet fueron los pioneros de esta segunda etapa. Incentivados por los relatos del abuelo Carlos Miguel, quien vivió aquellos años de prohibición, se lanzaron a la tarea de revivir el trabajo en la viña. Ellos, son una de las tantas familias que durante cuatro generaciones habían vivido en Entre Ríos de la pequeña bodega, en su caso fundada por Michel Vulliez Sermet, un poco después de su llegada a Colonia San José hacia 1860.El nuevo inicio se forjó con plantines traídos de Cafayate. En 2002 adquirieron una bodega de 1874 que perteneció a la familia Favre, en Colón, con 6 hectáreas, donde hoy cultivan Chardonnay, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Tannat. Con estas cepas producen vinos y espumantes que llevan el nombre del linaje familiar. Además de la visita a la bodega, ofrecen varias cabañas para los viajeros que quieran disfrutar la experiencia completa.

BordeRío, ubicada en Victoria, propiedad de Verónica Irazoqui y Guillermo Tornatore, abrió un poco después. Cuentan con 18 hectáreas de viñedos y olivares y una producción de vinos -Injusto- y espumantes -BordeRío- que juntos alcanzan hoy las 50.00 botellas, aunque las instalaciones permiten crecer hasta 100.000 anuales.Allí se organizan diferentes actividades para recibir a los interesados en disfrutar de sus vinos y descubrir las cualidades de esta zona que, algunos llaman la Pequeña Burdeos.

Los Aromitos, en Crespo, es el tercer emprendimiento. La bodega trabaja desde el 2011 y fue creciendo lentamente hasta adquirir hace unos tres años la categoría industrial. Aquí, elaboran su etiqueta Ára con la cosecha de los viñedos de Tannat, Syrah, Merlot y Malbec que poseen en Colonia Ensayo, departamento de Diamante, a unos 50 km de distancia. La bodega está abierta al turismo previa cita.

La Nación – Gabriela Pomponio

En Colonia Elía, una pequeña localidad de alrededor de 1600 habitantes en el departamento Uruguay, se reunieron representantes del gobierno provincial, la Policía, la Universidad Nacional de Entre Ríos y municipio, para interiorizarse en la propuesta de un protocolo de control de aplicación de fitosanitarios, que se comenzará a implementar en la localidad.

Este jueves, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, los secretarios de Producción, Álvaro Gabás, y de Ambiente, Martín Barbieri; el jefe de la Policía, Gustavo Maslein; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, Jorge Luis Pepe; y el intendente, Ramón Barrera, se reunieron a fin de interiorizarse sobre la implementación de un protocolo que busca controlar la aplicación de fitosanitarios, bajo un sistema de fiscalización electrónico, en el marco del decreto 2239/19.

Además, se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco de la Licenciatura en Salud Ambiental, para investigación en el territorio.

La propuesta surgió del intendente Barrera, quién convocó a las autoridades provinciales en el polideportivo local para presentarles un protocolo de control en la aplicación de fitosanitarios. Para llevar a cabo dicho protocolo, la Municipalidad de Colonia Elía adquirió una central meteorológica, un GPS, un rastreador satelital y un móvil municipal.

Respecto a los actores intervinientes, se propone un equipo de Protección Ambiental, que intervenga el Juzgado de Faltas en la autorización de las aplicaciones, la Policía de Entre Ríos, Bomberos, Centros de Salud y la Universidad.

Sobre la operatividad, se proponen sistemas de alertas con distintos niveles, incluyendo la comunicación con la que se puede alertar las posibles infracciones, con sus respectivos protocolos de actuación territorial.

Según índices del clima, se le da autorización

Al respecto, el intendente Barrera explicó que contar con un protocolo, “significa tener el control desde el municipio -en este caso- de los actores que son seguridad urbana, donde se le da al aplicador las pautas para las zonas donde va a aplicar y, a su vez, también tener en funcionamiento una central meteorológica que indica la densidad de la humedad, el viento y cuestiones que son importantes para saber si se le da autorización al aplicador en ese día para que efectúe su trabajo”.

Barrera indicó, además, que “el Juzgado de Faltas es quien estaría a cargo de esa autorización”, pero también “hay otros actores que están dentro del esquema, porque entendemos que esto tiene que ver con apreciaciones en términos generales, porque la sociedad está reclamando actuaciones en este sentido”.

“Nosotros, como Estado local queríamos ser parte de una cadena, un eslabón, que una las apreciaciones en particular. Creo que hay posturas antagónicas de uno y otro lado, y nosotros entendemos que es la manera de llevar adelante, responsablemente, algo que nos atañe a todos, productores, Estado local y el vecino común que entiende que también debe ser protegido”, sostuvo.

La ministra Romero, por su parte, indicó: “Sería interesante que se ponga en funcionamiento, se constate que funcione y creo que sería importante darlo a conocer. Esta experiencia podríamos tomarla como una prueba piloto en Entre Ríos”.

“Hay que apoyarnos en estas cosas, porque hay puntos de tensión que han llegado a judicializarse, tenemos normas en discusión y este es un eje de conflicto en todas las sociedades del mundo, no solamente acá. Y los Estados tienen que buscar un punto de equilibrio, y si lo hacen de la mano de los académicos, los que saben y de la tecnología, puede lograrse”, subrayo.

“Esta combinación de esfuerzos del Estado y de la comunidad es muy valiosa y esta experiencia que está haciendo Colonia Elía, ojalá podamos replicarla en la provincia, y para ello vamos a trabajar y evaluar este modelo que comenzará a funcionar estos días», consideró la ministra Romero.

A su turno, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, felicitó a “los graduados, alumnos y docentes de la Licenciatura en Salud Ambiental, quienes hicieron el relevamiento de campo y las encuestas” y alegó que “la Universidad Pública también tiene la función de que nuestros graduados se involucren en los temas realmente importantes de la sociedad y que tienen que ver con políticas públicas. Para nosotros la carrera de Licenciatura en Salud Ambiental es un orgullo”, agregó.

Por su parte, el secretario de Ambiente Sustentable, Martín Barbieri, dijo estar “contento por vivir esta experiencia”.

“Es un municipio que toma la decisión política de dar un paso adelante en materia de fumigaciones, que es uno de los ejes de discusión hoy en día y que no está resuelto; llevar adelante un proceso para cambiar esto, por un lado, garantizar el derecho de los productores a producir y, por el otro, proteger los bienes naturales, el medio ambiente y la salud. Estoy sorprendido gratamente con el trabajo que han hecho los chicos de la UNER que realizaron un exhaustivo relevamiento en la localidad. Ojalá sea una experiencia que aporte y, sin dudas, podremos replicarlo en el resto de la provincia”, aseguró.

Finalmente, el secretario de la Producción, Álvaro Gabás, opinó que fue “un encuentro muy fructífero” y explicó que “lo que procura es tener un control efectivo sobre las aplicaciones terrestres y aéreas de las pulverizaciones que se realizan en campo. Es muy importante porque esto es un primer ensayo de un control efectivo a través del uso de la tecnología y en tiempo real. A partir de ahí, si hay un desvío por parte de algún productor, se puede labrar un acta, prohibir la pulverización y hasta sancionar desde la Fiscalía de Estado, en el caso de que sea gravoso o penosa su actitud”.

“Desde Producción vemos esto con buena predisposición que este trabajo sea conjunto y se pueda replicar en todos los departamentos de la Provincia, en el marco del decreto del Gobernador que fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, lo que es muy importante ya que este decreto fue sustentado y fundamentado con regulación técnica, académica y también con participación de la secretaría de Salud, sobre todo procurando la salud de los humanos, del ambiente y que la producción esté bajo una comunión a la hora del desarrollo productivo de la Provincia”, finalizó Gabás.

Estuvieron presentes también, el intendente de San Justo, Leonardo Cergneux; el intendente electo de Colonia Elía, Gabriel Barbará y el secretario de Relaciones Institucionales, German Grané.

«Este fallo fundando solo en cuestiones formales, deja mucho que desear en cuanto a la ponderación de derechos por parte de nuestro Tribunal», sentenció a Elonce TV la abogada del Foro tras las sentencia del STJ.

El Superior Tribunal de Justicia revocó por unanimidad la sentencia de primera instancia, y por lo tanto dejó legítimo y válido el decreto provincial que regula la aplicación de fitosanitarios en cercanías a escuelas rurales.

Al respecto, desde el Foro Ecologista de Paraná se adelantó a Elonce TV que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el decreto provincial que regula las fumigaciones.

«Este fue un resultado muy desafortunado para quienes estamos detrás de estas cuestiones y para quienes ejercemos la profesión también porque habíamos tenido cinco sentencias favorables que habían marcado una tendencia jurisprudencial única que estaba siendo vista en todo el país y analizada hasta en territorios del exterior y lamentablemente esto marca un retroceso en lo que hace a materia ambiental y la jurisprudencia local», apuntó la representante legal de la entidad, Aldana Sasia, en relación a la resolución del STJ que se conoció este lunes.

«Este fallo fundando solo en cuestiones formales, que se aparta de la evidencia científica que está en el expediente, deja mucho que desear en cuanto a la ponderación de derechos por parte de nuestro Tribunal»

«Es un retroceso pero no es tan inesperado porque en junio hubo una reforma exprés de la ley de Procedimientos Constitucionales, por la cual, se reguló la figura del amparo y lo que se modificó por un proyecto del Poder Ejecutivo, fue la composición del alto cuerpo al momento de emitir resoluciones en estas cuestiones de amparo ambiental», explicó la abogada.

Y continuó: «Anteriormente, las resoluciones eran dictadas por la Sala de Procedimientos Constitucionales, y ahora se apartó esa justicia natural, y la resolución es por parte de cinco miembros que devienen de un sorteo de todo el Tribunal».

Sasia detalló que, «a través de una serie de excusaciones, la Sala que se venía pronunciando en oportunidades anteriores, no lo hizo porque fueron excusados y recusados, entonces resolvió un Tribunal totalmente diferente, del que ya sabíamos que podía ser este el resultado porque claramente había sido intención del Ejecutivo el reformar la ley de Procedimientos».

Para la abogada del Foro Ecologista de Paraná, son «lamentables» este tipo de resoluciones «porque se constituye un Tribunal que desconoce en absoluto lo que eran los antecedentes de estos procesos y porque el análisis que se hace en la sentencia se aparta absolutamente del contenido, y solo se resuelve en cuestiones procesales que ya habían sido tratadas en amparos anteriores».

Acudirán a la Corte Suprema

«Es un desaliento que nos motiva para que esto reaccione en estamentos de máxima formación, como la Corte Suprema de Justicia que ya viene dando antecedentes en Entre Ríos como el caso Amarras que mandó a nuestro Superior Tribunal a reformar la sentencia», aseguró a este medio la representante legal de la entidad ambientalista.

Y en ese sentido, argumentó: «Hablamos de la salud de niños de escuelas rurales y en el expediente se pudo demostrar el daño genético que tienen muchos de esos chicos que acuden a esas escuelas; ocho de cada diez tiene daño genético reversible si es apartado de estos ambientes».

«Este fallo fundando solo en cuestiones formales, que se aparta de la evidencia científica que está en el expediente, deja mucho que desear en cuanto a la ponderación de derechos por parte de nuestro Tribunal», sentenció.

«Quedamos preocupados pero nos da la posibilidad a que sea resuelto por instancias superiores»

Respecto de las distancias para las fumigaciones en cercanías a escuelas rurales, la abogada recalcó que «en la sentencia primigenia basada en un estudio del Conicet, una bióloga genetista solicitaba que la distancia no sea menor a 1095 metros, pero el decreto del gobernador, sin el aval de la ministra de Salud, fijo una distancia de reducción de 100 y 500 metros». «Es un retroceso muy grande en lo que hace a la ponderación y el resguardo de la salud que era el objetivo fundamental de esta acción», subrayó Sasia.

A continuación, la abogada lamentó que «se dejó pasar» lo que hubiese sido «un momento emblemático para fijar una pauta de producción en esas hectáreas, el habilitar otro modo de producir». «Creemos que es fundamental que ingresen dólares a nuestro país pero también hay otros modelos que no es solo a través del modelo actual agroindustrial», apuntó al respecto.

Consultada sobre el tiempo que demandaría una resolución en la Corte Suprema, la abogada del Foro Ecologista reconoció que «puede llevar un tiempo bastante largo» y lamentó que «mientras tanto se seguirá fumigando sin ninguna política de reducción».

Mencionó, además, «el contrasentido de esta resolución que condena a plantar una barrera arbórea como prevención, siendo que puede tardar hasta diez años en crecer y esos niños que estamos tratando de proteger ya no estarán más en las escuelas». «La celeridad que pedimos es en base a esa protección y necesidad», justificó.

Punto aparte, sugirió que se desconocen «cuáles serán los métodos de control (de las fumigaciones) porque el Estado ya había demostrado que era inviable e imposible controlarlas, porque la secretaria de Producción cuenta con dos camionetas y dos ingenieros agrónomos para toda la provincia». «Quién puede llegar a controlar 250 mil hectáreas», se preguntó.

Para finalizar, adelantó que «muchísimas organizaciones de DDHH, ambientales, políticas y sociales piensan presentarse ante la Corte, en calidad de amicus curiae porque la sentencia (que fue rechazada por el STJ) era esperanzadora e implicaba un punto inicial para que el país empiece a producir de otra manera y a mirar políticas a largo plazo que ponderen la protección de la salud de nuestros niños, de todos los que habitamos el territorio y de futuras generaciones».  (El Once)

Un vecino del barrio San judas de la localidad de Villaguay cultiva diversas plantas en una huerta ecológica donde solo usa la técnica de barbecho. Así cultivó una acelga que ya mide 2,28 metros de alto.

Un vecino del barrio San judas de la localidad de Villaguay cultiva diversas plantas en una huerta ecológica donde solo usa la técnica de barbecho y ningún otro elemento para obtener rindes muy importantes.

Se trata del productor hortícola Ramón Riedel quien cosechó una acelga que mide 2,28 metros al dejarla sin cortar, publicó AP Villaguay. Según se informó, la planta empezó a semillar y ahora podrá obtenerlas para continuar sembrando la especie.

La acelga es cultivada por sus hojas y forma una roseta que normalmente alcanza una altura de 30 a 40 cm de altura.

Riedel comentó que fue visitado por la coordinadora del programa Pro Huerta del INTA, Rita Magdalena, quien tomó nota de la curiosidad del cultivo que llama la atención la altura alcanzada sin perder potencialidad en la generación de hojas de gran tamaño. (El Once)