La nueva obra social mantendrá su independencia económica, pero el Estado tendrá más peso en el Directorio. Anticipan que dentro de 30 a 40 días los afiliados notarán mejoras en el servicio.
Amenos de 40 días del final de la intervención de Instituto Obra Social de Entre Ríos (IOSPER) ya se debate en comisiones del Senado el proyecto de ley para su reemplazo por la Obra Social de Entre Ríos, modificando su composición de manejo pero manteniendo su estructura actual.
El interventor del Instituto Obra Social de Entre Ríos (IOSPER), Mariano Gallegos, confirmó tres detalles fundamentales del proceso: que se mantendrán las fuentes laborales; que la OSER será autárquica y que «mejorarán las prestaciones».
Gallegos expresó que «la estructura de administración actual es muy grande y cara. Nuestra gestión entiende que su misión es venir a resolver y hacerse cargo de los problemas, creemos que tenemos que tener injerencia en la conducción de la obra social y, entonces, se mandó este proyecto de ley que ya ingresó en la Cámara de Senadores para su tratamiento».
«La diferencia sustancial es que el Poder Ejecutivo va a estar representado en el Directorio, porque continúa el gobierno colegiado, pero, además de los dos representantes sindicales, el gobernador nombrará al presidente y vicepresidente del Directorio».
Ese cambio con preponderancia de la política sobre los directores sindicales no cayó bien en ATE; AGMER y FESTRAM. El interventor admitió que «no he tenido contacto con los gremios, pero van a tener representación y van a tomar las decisiones junto con los representantes del Ejecutivo, porque la conducción es colegiada. Me parece bien que los dos gremios mayoritarios tengan un lugar en el Directorio».
Aunque aclaro que «yo creo que todos representamos a los trabajadores porque al gobernador Rogelio Frigerio lo votaron los trabajadores entrerrianos, es decir, no es exclusivo de los gremios esa representación».
Consultado sobre el futuro de los empleados de la empresa, Mariano Gallegos contestó que, en caso de aprobarse la ley, «la planta de trabajadores de Iosper pasa directamente a Oser, sin cambios en los sueldos que cobran, es decir, con intangibilidad, porque no queremos afectar los ingresos de nadie».
Por otra parte, confirmó que «la nueva Obra Social de Entre Ríos conservará la autarquía financiera y administrativa». Un punto central que evalúan los gremios.
El nuevo enfoque estará puesto en la incorporación de nuevos afiliados por fuera de quiénes son empleados públicos o sus familiares. «Habrá que establecer cuál es la cuota de afiliación», dijo Gallegos, que agregó que «podemos pensar que no se va a cobrar plus. Quiero aclarar que si un afiliado va al médico y le cobra un plus, no debe dudar en notificarlo porque vamos a pedir que se los saque del registro de prestadores, porque se hizo un esfuerzo enorme para pagar honorarios de mercado a los médicos para que desaparezca el plus».
El interventor destacó que «ni bien el proyecto entró por la Cámara de Senadores, empezó su estudio y esperamos que los legisladores la traten rápidamente y puedan sancionarla, porque es evidente que IOSPER representa un problema para la provincia».
En ese sentido, admitió que esperan que salga antes de junio. «La intervención vence el 12 de junio, con lo cual, sería oportuno tener la ley para esa fecha, si es la voluntad de los legisladores, para no necesitar prorrogar la intervención que debe durar 6 meses. Es una decisión del gobernador». Sin embargo, agregó que «entiendo que en la necesidad de seguir transformando la obra social se envió el proyecto de creación de la OSER».
En otro tramo de la nota, Gallego destacó que tanto en los afiliados como en los trabajadores hay disposición de trabajar para que esto mejore. Los afiliados están golpeados por el servicio que históricamente es engorroso, cuesta acceder a las prestaciones o las niegan y eso termina en amparos judiciales. Están con los ojos puestos en la intervención para ver cuánto podemos mejorar».
El interventor dijo que «en 30 días, el afiliado va a notar cambios significativos en las prestaciones y medicamentos, así como ya se nota en el tema prótesis: se están otorgando los turnos para los 1000 pacientes con los que teníamos un atraso.
Respecto de la intervención en marcha, Gallegos expresó que la «primera etapa fue auditar y conocer realmente la situación financiera del IOSPER y encontramos que la deuda era peor de lo que pensábamos porque rondaba casi 40 mil millones de pesos y el déficit mensual era muy alto también».
«A partir de ahí, en los dos primeros meses, renegociamos los contratos con los prestadores y se notaron algunas rispideces sobre la negociación. Ahora, estamos culminando la segunda etapa, con la firma de nuevos convenios, donde logramos reducciones importantes con los principales prestadores como FEMER, ACLER y el Colegio de Farmacéuticos. Tenemos muy buena relacion con reuniones semanales donde cada uno defiende sus intereses porque yo sé lo importante que ellos son para la obra social y, ellos, reconocen que IOSPER es casi un 40 por ciento de su facturación», valoró.
El interventor agregó que «estamos implementando la despapelización de los procesos para hacer autorizaciones on-line, recetas electrónicas para agilizarlos. Creo en los próximos 40 días se van a notar los cambios con un acceso a las prestaciones de manera ágil y dinámica».
Tras las denuncias realizadas ante la prensa, Mariano Gallegos explicó que «los principales temas que pusimos en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la provincia son la compra de prótesis y medicamentos. En las prótesis descubrimos una maniobra donde se pagaba la cápita y el oferente no entregaba las prótesis en tiempo y forma y cobraba tres cápita antes de cumplir», y detalló que «el Tribunal de Cuentas hizo un análisis y lo envió a los fiscales».
Por su parte, la semana pasada se «radicó una denuncia por medicamentos porque los descuentos que se lograban eran inferiores al promedio de las obras sociales. Analizamos los precios y, en el contrato que firmamos, están un 20 por ciento abajo de lo que veníamos pagando». Ese caso «se envió al Tribunal de Cuentas para que lo audite y determine si hubo mala administración o una connivencia o corrupción», concluyó. (R2820)
