El Tribunal de Juicios y Apelaciones, compuesto por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, rechazó por mayoría los pedidos de los fiscales para que comiencen a cumplir las condenas el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
La presidenta del tribunal fundamentó su oposición al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que Báez sea derivado a la Unidad Penal N°1 de Paraná. Entendió que la condena que pesa sobre el exministro, no está firme. Asimismo, fundamentó su rechazo a los pedidos de los fiscales para que Urribarri y Aguilera sean alojados en la cárcel bajo la modalidad de prisiones preventivas. A su voto se plegó el vocal Julián Vergara. De modo que, por mayoría, el tribunal impuso medidas restrictivas de la libertad contra los tres condenados: que fijen domicilio y se reporten semanalmente a Fiscalía, que entreguen sus pasaportes y se emita alerta a Migraciones para que no puedan salir del país y que entreguen, cada uno, 20 millones de pesos como caución. El cumplimiento de estas coerciones impuestas, del que deberán dar cuenta, estará vigente hasta que la sentencia “sea ejecutable”.
En disenso se pronunció el vocal Elvio Garzón, que no coincidió en lo medular de los votos que le precedieron. Para el juez, existe un riesgo de fuga latente que, en el caso de Aguilera y Urribarri, puede concretizarse. Además, subrayó una disparidad a la hora de aplicar las prisiones preventivas. “Son las personas más vulnerables las que soportan las medidas más gravosas, el encierro en unidades penales”, marcó.
En uno de los puntos que sí coincidieron los tres jueces, fue en denegar el pedido de Mauro Urribarri para que levanten el embargo sobre la casa del lago de Federación, inmovilizada en febrero de 2018. En la audiencia que discutieron las preventivas sobre los condenados del “megajuicio por corrupción”, el abogado Emilio Fouces se presentó en representación de Kriptax Inc SA, la empresa familiar de los Urribarri, y en nombre de Mauro Urribarri como presidente del Directorio. La mansión de Federación está inscripta como bien empresarial. De modo que al dictar la medida cautelar sobre la propiedad por la condena a Sergio Urribarri, tanto su hijo como la empresa se consideraron perjudicados. La solicitud fue rechazada de plano por los tres jueces.
La audiencia comenzó pocos minutos después de las 10. Estuvieron los fiscales Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull. Conectados de modo virtual estuvieron Urribarri, Báez y Aguilera, y también los abogados porteños Fernando Burlando y Javier Baños. En persona se presentaron los defensores Leopoldo Cappa (codefensor junto a Burlando y Baños de Urribarri), Ignacio Díaz en representación de Báez; Miguel Ángel Cullen en defensa de Aguilera; Emilio y Gastón Fouces como abogados y apoderados de Kriptax y Mauro Urribarri.
¿Por qué entendieron que las condenas no están firmes?
Luego de que se dictara la sentencia el 7 de abril de 2022, los defensores interpusieron recursos de Casacón. Esa Cámara los rechazó y confirmó las condenas pronunciadas en primera instancia. Posteriormente, los abogados plantearon impugnaciones extraordinarias que fueron rechazadas por Casación. Eso motivó un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ que resolvió rechazar los recursos defensivos por «inadmisibles».
«La secretaria de la Sala Penal, la doctora Melina Arduino, informó que a la fecha, las actuaciones se encuentran a despacho a fin de resolver los recursos extraordinarios federales articulados por Urribarri; Báez; Aguilera; Gerardo Caruso; Gustavo Tamay; Germán Buffa; Corina Cargnel; y Emiliano Giacopuzzi», leyó Castagno, de un documento que facilitó la Sala Penal al Tribunal, el 22 de agosto de 2024.
«Esta reseña permite una conclusión: la sentencia de condena en relación a Urribarri, Báez y Aguilera no se encuentra firme al encontrarse pendiente de resolución la concesión o denegación del recurso extraordinario federal articulado por las defensas. Y en consecuencia no es ejecutable la sentencia en relación de los mismos», manifestó la presidenta del Tribunal y reafirmó: «La sentencia no es ejecutable hasta que no se agotan los recursos extraordinarios previstos por la normativa provincial sin que corresponda considerar a esos fines los recursos extraordinarios federales».
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