La jueza hizo lugar al pedido del fiscal que sostuvo que existen evidentes posibilidades de fuga y de entorpecimiento en la causa al justificar el pedido de prisión preventiva por 90 días. La joven será trasladada a una unidad penal.
Este lunes se trató la situación procesal de Queyla Sánchez, la joven de 18 años detenida por apuñalar y dar muerte a Carla Krems de 38 años, madre de tres niñas menores de edad, en el transcurso de una disputa ocurrida el pasado miércoles 6 de diciembre en el asentamiento del ex FAPU, en Concepción del Uruguay. En la audiencia, se dispuso la prisión preventiva y su alojamiento en una cárcel.
Como se recordará, la homicida estuvo prófuga varias horas, pero finalmente (con sus ropas cambiadas) se entregó en la Comisaría del Menor y la Mujer.
Este lunes se trató el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, que estuvo representada por el doctor Fernando Lombardi, dado que la fiscal del caso, se encontraba en sala de la Cámara por el juicio contra el abusador de Basavilbaso.
La audiencia estuvo presidida por la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero, encontrándose presentes la imputada y el doctor Pablo Sotelo, integrante del Estudio Jurídico del doctor José Ostolaza.
El fiscal dio lectura a los hechos, confirmando que Sánchez apuñaló tres veces a la víctima, una en la zona subclavicular derecha y otra en la izquierda, lesión que afectó la arteria clavicular, que la llevó a la muerte, en tanto que el tercer puntazo fue por la espalda en la parte del omóplato de Krems.
La mujer fue llevada al hospital, llegando ya sin vida producto de la masiva hemorragia, lo que hizo imposible cualquier intento de los médicos.
Sánchez en tanto se escapó por los fondos dejando tirado el cuchillo de una hoja de 15 centímetros entre los pastos, el cual fue secuestrado por la Policía.
El fiscal sostuvo que existen evidentes posibilidades de fuga y de entorpecimiento, y que con los elementos obrantes en la causa, se justificaba el pedido de prisión preventiva, por lo que pidió la medida por un plazo de 90 días.
A su turno el defensor particular no puso objeción al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, pero solicitó que su clienta sea alojada en la UP6 o la UP9, de manera de que pueda recibir tratamiento por sus adicciones, algo que en Comisaría no podría ser llevado adelante.
Fue así que la jueza dispuso hacer lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva por el plazo solicitado y la comunicación al sistema carcelario, para ver en que Unidad sería alojada. (03442)
