El trabajador de Desarrollo Social acordó una pena condicional y la devolución de 300.000 pesos por los 18 subsidios con los que se había quedado. Había truchado datos de beneficiarios para quedarse con el dinero.
La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, homologó en las últimas horas el acuerdo, por el cual se dispuso condenar a la pena de tres años de prisión condicional a un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que reconoció ser el autor de Peculado, al haberse cobrado 18 subsidios del organismo.
La magistrada no objetó el acuerdo entre el fiscal Gonzalo Badano y la defensa de Joaquín Ignacio Oñativia, un trabajador del Ministerio de Desarrollo Social, que había ingresado en la gestión de la entonces ministra, Laura Stratta.
En setiembre de 2021, la vicegobernadora Stratta conoció de posibles irregularidades por parte del empleado oriundo de Victoria, por lo que hizo la denuncia en la Fiscalía de Estado, tras enterarse de que beneficiarios de subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social, durante su gestión como ministra, habían sido intimados por el Tribunal de Cuentas para que rindieran lo recibido, aunque nunca lo habían cobrado.
La Fiscalía de Estado recopiló la documentación de los casos y también se incorporaron más casos que fueron detectados por el Tribunal de Cuentas.
Con todos estos elementos, la vicegobernadora se cruzó a tribunales para hacer la denuncia correspondiente en la fiscalía en turno.
Desde el Ministerio Público Fiscal se investigó la situación, y se formuló la acusación contra el acusado por el delito de peculado por una serie de 18 hechos, cuya responsabilidad fue admitida en la audiencia de Juicio Abreviado, por Oñativia.
La jueza consultó al imputado por el delito, y tras corroborar que admitía la responsabilidad, cerró el acuerdo logrado entre las partes.
Barbagelata entendió como ajustado a Derecho la sentencia a tres años de prisión condicional, devolver el monto sustraído en esos casos (240.000 pesos, que con los intereses llega a 300.000 pesos), una multa de 90.000 y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
También se fijaron como reglas de conducta, realizar por parte del victoriense 96 horas de trabajo en entidades de bien comunitario.
Badano pudo establecer en la investigación, que Oñativia alteró y truchó datos de beneficiarios, como de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, y de esa manera quedarse con el monto de los subsidios. (Uno)
