En poco más de un mes caduca el convenio entre Nación y Provincia. Sin certezas de fondo y en profunda crisis, aguardan definiciones.
Del mismo modo que sucedió con el transporte urbano de las distintas localidades del interior del país, los servicios provinciales atravesaron un año de grandes y severas dificultades, con la implantación del nuevo esquema de subsidios dispuesto por el gobierno nacional, para el 2019.
La traumática salida a fin del año pasado del sistema vigente durante más de una década, obligó a recortes de servicios y quitas de frecuencias durante estos meses, que incluso obligaron a municipios a pedir la intervención del gobierno provincial, para no quedar aislados.
Lejos de acomodarse, la situación nuevamente es de incertidumbre por la falta de planificación de los recursos para el año próximo, y la definición política que tendrá en sus manos el gobierno nacional que asuma en tres semanas.
El próximo 31 de diciembre expirará el convenio del actual modelo de subsidios: Nación venía aportando un 25% a valores congelados correspondientes al 2018, y Provincia se había hecho cargo de un 50%, también de los recursos equivalentes al año pasado.
Los empresarios desconocen si se mantendrá este esquema, pero además existe preocupación porque el presupuesto provincial para el año 2020 asigna la misma cantidad de recursos para los sistemas urbanos e interurbanos, que los previstos este año.
Días atrás, dirigentes de la Asociación Empresaria del Transporte Automotor (AETA) mantuvieron una reunión con funcionarios de la cartera de Transporte de la provincia.
“Estamos analizando y viendo qué vías de solución se pueden adoptar, sin información concreta sobre el panorama para el año próximo”, dijo a UNO el titular de la cámara empresarial Leonardo Herlein.
Cuando se firmó el convenio entre Nación y Provincia para el actual esquema, se lo ideó como algo transitorio, en el intento de la progresiva eliminación de subsidios. Sin embargo, la automática quita de esos recursos obligaría a ajustar un 65% o 70% las tarifas de los servicios, por lo que se estima que se encauzará alguna negociación o acuerdo a nivel país para resolver una crisis de los servicios urbanos e interurbanos que afecta a todo el interior del país.
“Las cámaras gremiales están reclamando la restitución del viejo sistema manejado por el gobierno nacional, pero ello no está claro” que sea la idea del gobierno electo.
“El gobierno provincial está muy preocupado, por lo que le compete a nivel provincial, interurbano y urbano. Porque es una bomba de tiempo, ya lo vivimos en la ciudad”, opinó Herlein, en relación al conflicto que en Paraná derivó en un paro durante 15 días del transporte urbano.
“La voluntad del gobierno provincial es seguir apoyando, pero el presupuesto está lejos de poder financiar el sistema”, reconoció. Es que en el año hubo una inflación de más del 50%, suba de naftas y costos operativos, y una autorización de incremento de tarifas de solo el 30% en los servicios.
Actualmente, a unas 30 empresas del transporte interurbano llegan 10 millones de pesos mensuales del Estado provincial; y alrededor de cuatro millones de pesos provienen de Nación.
La cifra total es menor a lo que se venía recibiendo en 2018, aún sin tener en cuenta la inflación.
“Se está trabajando el presupuesto. Nosotros planteamos que solo mantener las actuales fondos, no alcanza”, acotó. En el presupuesto provincial se habrían asignado nuevamente 350 millones de pesos, tanto para los servicios urbanos como interurbanos.
Por la incertidumbre y caída de recursos, Herlein reconoció que el sector avanzará hacia un esquema de emergencia, si esto no se resuelve. Ello implica la reducción de los servicios, con las particularidades de cada corredor vial.
Esto de algún modo, ya se insinuó este año, con levantamiento de frecuencias en algunas localidades, y que llevó a que municipios como Basavilbaso, Tala o Maciá realicen presentaciones para no quedar sin servicios y aislados.
“Todo depende de las nuevas autoridades, y lo que se decida a partir del 10 de diciembre. Estamos en permanente contacto y tenemos buen diálogo con las autoridades provinciales, y estamos expectantes de lo que surja”, sostuvo Herlein.
Por último, reconoció que está pendiente el pedido a la Provincia de autorización de nuevas tarifas. La última había sido a mitad de año, y fue del 30%. El gobierno provincial aguarda definiciones del gobierno entrante, para tomar resoluciones.
Modalidad prestacional
Hay que recordar que mediante tres líneas de financiamiento desde Nación, como el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau); el Régimen de Compensación Complementaria Provincial (CCP); y un aporte que se entregaba a las empresas por el gasoil subsidiado, se buscaba evitar que los mayores costos se trasladen a tarifa. Ello rigió más de una década.
Con el nuevo esquema de subsidios, vigente desde inicio de año, para el sector de transporte provincial se acordó que la Nación aporte un 25% de los fondos que otorgaba hasta 2018, mientras que la Provincia entrega un 50%.
Con ese nuevo esquema y con montos fijos, se redujo la masa total a distribuir. No se ampliaron los subsidios, sino que se achicaron incluso el de las otras empresas ya beneficiarias.
Hasta 2018, y en las épocas de mayor movimiento, el transporte interurbano provincial movilizó alrededor de un millón de personas.
En la provincia hay más de 20 empresas prestatarias y ocupan entre 700 y 1.000 operarios.
UNO
