Dos sujetos integrantes de una comunidad gitana, que fueran detenidos por estar sospechados de ser autores de varias estafas a mujeres de avanzada edad, deberán permanecer alojados a disposición de la Justicia, tras dictarse este viernes la prisión preventiva.
Se trata de Pablo Luis Traico de 28 años, oriundo de Santa Cruz (Río Gallegos), pero domiciliado en la ciudad de La Plata y Raúl Armando Miguel de 29 años, misionero pero actualmente viviendo en Moreno, provincia de Buenos Aires, ambos sujetos representados por el defensor particular, doctor Adrián Cabrera, en causa que lleva adelante la doctora María Occhi, caratulada “Estafas reiteradas”.
La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, dando inicio con la presentación de las partes y los alegatos, siendo la primera en exponer, la representante del Ministerio Público Fiscal.
La doctora Occhi describió los tres hechos denunciados, de los que resultaron víctimas una mujer de 82 años, otra de 76 y la restante de 91, agregando que este viernes ingresó una cuarta denuncia t el personal de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos dependiente de la Departamental Uruguay, está investigando otros dos posibles casos.
La operatoria de estos malvivientes fue hacerse pasar por familiares de las damnificada y convencerlas de que debían cambiar el dinero de sus ahorros ante una inminente devaluación, argumentando que la transacción la haría un supuesto gerente que iría de su parte.
Dos de las víctimas cayeron en el engaño en sus domicilios entregando importantes sumas de dinero en pesos argentinos y dólares, en tanto que la tercera, fue buscada en su casa y llevada al banco para retirar la plata, lo que demuestra el total desparpajo con el que se manejan estos estafadores.
La detención de Traico y Miguel se produjo cuando personal policial iba a realizar una diligencia en torno a la investigación y los interceptó en Artigas y 25 de Agosto cuando estos sujetos venían de uno de sus actos delictivos en un Chevrolet Celta de color blanco, en el cual se secuestró una considerable suma de dinero, y elementos de interés a la causa, entre ellos las ropas de ambos que serían al menos similares a las descriptas por las damnificadas.
La fiscal señaló que dada su forma de vida y el hecho de no ser de la ciudad, genera riesgos de fuga o entorpecimiento a la IPP, debiéndose adoptar las medidas para garantizar llegar al final de la investigación y bregar por la tranquilidad de las víctimas, todas mujeres de avanzada edad, destacando que se estaría ante una banda de estafadores, que tendría contactos con miembros de la misma familia de la comunidad gitana de Santa Fe, donde hay causas en trámites con familiares de estos, por lo que solicitó la prisión preventiva por 90 días, esperando poder realizar ruedas de personas, tomar testimoniales y analizar comunicaciones telefónicas, intercambiando información con autoridades judiciales santafecinas.
La Defensa se opuso
Por su parte el doctor Cabrera, se opuso terminantemente a la medida, considerando que no hay elementos que aseguren la comisión de semejantes delitos por parte de sus representados, destacando que el hecho de ser miembros de una comunidad nómade por naturaleza, signifique que no estarán a derecho. También resaltó que estos sujetos son comerciantes que se dedican a la venta de automóviles y el hecho de que contaran con una suma de dinero importante en su poder, eso no implica que sea producto de los delitos que se les intenta endilgar, por lo que pidió la libertad y ofreció finalmente una caución real de 100 mil pesos cada uno.
Quedaron detenidos
Oídas las partes, el juez realizó un análisis de los expuesto considerando que existen elementos suficientes a esta altura de la investigación que recién comienza, para sostener con el grado de certeza que en esta etapa se exige, para hacer lugar al pedido fiscal.
Por esta razón el doctor Díaz dictaminó la prisión preventiva de los imputados por el término de 70 días.
Consecuentemente con ello, ambos habrán de ser alojados en dependencias de la Comisaría Primera, a disposición del Juzgado de Garantías y a disponibilidad de la Fiscalía.
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