Crecen las deudas en un sector fuertemente afectado por los tarifazos, los aumentos del dólar, la falta de financiamiento y la asfixia impositiva.
La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la delicada situación por la que atraviesa el sector, afectado fuertemente por las subas del dólar, los tarifazos, la falta de financiamiento y la asfixia impositiva. A través de una solicitada, hicieron saber que las prestaciones privadas de salud están en emergencia: «Queremos advertir a la población de la difícil situación de las Pymes que dan prestaciones de salud a casi el 60% de los beneficiarios de obras sociales en la provincia», señalaron en el comunicado, publicado el domingo por Diario UNO.
En este marco, Víctor Lozze, presidente de Acler, afirmó: «Esta es una problemática que atraviesa a las clínicas de todo el país, no solo de Entre Ríos. Como empresas de servicio no podemos actualizar los precios de las prestaciones que brindamos, que normalmente se cobran recién a los 90 días. Con la inflación actual el dinero se desvaloriza pasados tres meses. Estamos en un sistema imperfecto que nos obliga a abrir un interrogante y hacer un llamado de atención sobre una situación que nos está afectando». Asimismo, señaló a UNO: «En los sanatorios es imposible cobrar coseguro, y el mecanismo en la seguridad social es trabajar todo el mes, entregar las órdenes los 10 primeros días del mes siguiente, las cuales deben ser auditadas, por lo que pasan por lo menos 60 días; es muy difícil reducir ese tiempo». Sobre este aspecto, comentó que mantendrán reuniones con directivos de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) para evaluar de qué manera achicar los plazos de pago: «Si podemos acortar un poco los tiempos de pago nos ayudaría mucho», manifestó.
Lozze también hizo alusión a las abultadas deudas impositivas que los referentes del rubro afrontan: «La realidad es que hay sanatorios que se están financiando con los impuestos y los aportes, haciendo malabares para seguir. Estamos en emergencia sanitaria hasta fin de año, y si no es prorrogada a nivel nacional, la situación se va a agravar y seguramente muchos deberán cerrar», dijo, en referencia a la medida que establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no puede establecer embargos por incumplimientos de pago de clínicas y sanatorios. No obstante, aclaró: «Las deudas siguen aumentando. Lo ideal sería que implementen una moratoria que se adecue a las necesidades del sector y sea razonable para que todos puedan acogerse»
Además, indicó que el 68% del costo de un sanatorio se destina al personal. «La actividad en el rubro requiere mano de obra intensiva, las 24 horas y los 365 días del año, y ha tenido una paritaria de sueldos cercana al índice de inflación y no así los precios que cada obra social determina que puede pagar, totalmente ajeno al incremento de los costos de las prestaciones», expresó, y confió: «No sabemos cómo hacer, cuando la seguridad social no nos ha aumentado más que el 32%, y además los incrementos no son inmediatos, sino que son parcializados y escalonados. La situación es muy complicada. Es un sector que necesita más atención y que sea más una política de Estado, pero es difícil eso».
A pesar de la profunda crisis del sector, el dirigente descartó que se restrinjan prestaciones por los altos costos: «La gente no tiene la culpa, por lo que no se hará retención de servicios», expresó, y subrayó que todo el sector de salud está afectado: «Tanto el efector público como el privado, en estas circunstancias del país, lo está bancando estoicamente, porque realmente tenemos serios problemas», dijo.
A su vez, destacó el buen diálogo con la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, al manifestarle las dificultades del sector: «Nos reunimos la semana pasada con todo su equipo para ver qué medidas implementar, porque como las camas tanto púbicas como privadas están faltando, hay que generar políticas para trabajar en conjunto, al igual que con el tema de la tarifa eléctrica, que nos afecta a los dos sectores por igual».
Por su parte, Silvia D’Agostino, vicepresidenta de Acler, sostuvo: «Hemos hecho gestiones a nivel nacional, presentado nuestras preocupaciones y manifestando cuál es el impacto de la presión impositiva y de las subas de las tarifas. Somos Pymes, pero con mano de obra intensiva, y con nuestro tamaño de facturación debemos tener tres turnos permanentes y somos grandes demandantes de mano de obra. Esto no se ha tenido en cuenta y a nivel provincial tenemos los mismos impuestos que un comercio que abre ocho horas».
«Hemos hecho el planteamiento de las tarifas, porque no podemos hacer economía en este punto, ya que tenemos respiradores y otros apartos cuyo uso no se puede suspender o apagar a la noche. Y no podemos dejar de trabajar o de pagar los sueldos, entonces mucha gente se están endeudando con los impuestos. Son muchos sanatorios que están dejando de pagar las contribuciones a nivel nacional, no porque no quieren, sino porque no pueden», aseveró.
También el valor de los insumos se incrementó, y al respecto mencionó: «Para abonar el oxígeno tienen que entregar un cheque a 30 días a lo sumo; para comprar medicamentos y descartables, que aumentaron a valor dólar, sobre todo la parte de insumos, hay que pagar al contado. Desde la institución que dirijo no restringimos ningún servicio, pero a costa de grandes sacrificios y un importante endeudamiento». En este sentido, lamentó que las moratorias vigentes no se ajusten a las necesidades del sector y resaltó: «Estamos cobrando a precio históricos, sin actualizar, cuentas que llevan 120 días. Ayer nos reunimos con una obra social sindical, que nos dio 17,5% de aumento en todo 2018 y lo que va de 2019, con una inflación que ronda el 50%».
Por otra arte, D’Agostino recordó que en la provincia se perdieron más de 1.500 camas en la última década: «En esta época del año van a faltar camas. Las que se perdieron no se van a reponer, porque nadie va a invertir en un sector que no tienen rentabilidad. Además, si alguien cometiera la locura de agrandar el negocio, no tiene con qué financiarlo, con tasas de interés que están en el 70%», advirtió, y concluyó: «Hacemos pública esta situación porque la gente tiene derecho a conocer de qué se trata esta problemática que estamos enfrentando».
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