Cierre de listas: quiénes son los precandidatos con cuentas pendientes en la justicia

ANÁLISIS realizó un repaso por las listas oficializadas por los distintos partidos para competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que en la provincia se realizarán en abril. Allí aparecen como precandidatos a distintos cargos hombres de la política con causas judiciales por la presunta comisión de diversos delitos contra la administración pública. El caso más resonante es el del intendente de Paraná, Sergio Varisco, que va por la reelección mientras tramita en la justicia federal la causa en la que está procesado por presuntas conexiones entre el gobierno local y el narcotráfico. En el oficialismo, dos de los cuatro intendentes procesados recientemente por el juez federal Claudio Bonadio, Juan Carlos Kloss y Luis Erro, son precandidatos a senadores provinciales.

Un repaso por las listas de las distintas fuerzas políticas que competirán en Entre Ríos en las elecciones primarias de abril muestra que son varios los precandidatos inscriptos que están involucrados en distintas causas judiciales.

Los procesados más recientes, por resolución del juez federal Claudio Bonadío, son Juan Carlos Kloss y Luis Erro. Kloss es intendente de Hasenkamp y precandidato a senador por el departamento Paraná por el Frente Creer Entre Ríos, cuya boleta encabeza el gobernador Gustavo Bordet. Erro, ex presidente municipal de Gualeguay, competirá por la banca de su departamento en el Senado, también por la lista del oficialismo.

Ambos fueron procesados el 8 de febrero en un lote de casi un centenar de intendentes de distintos puntos del país por la presunta malversación de fondos públicos entre 2013 y 2015. Los recursos estaban destinados a plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. En el marco de la investigación, Kloss -que fue citado a declarar a Comodoro Py el año pasado-, Erro, Rubén Vázquez (San Benito) y José Luis Dumé (Oro Verde) también fueron embargados por 3 millones de pesos. Si acceden a las bancas, los dos tendrán fueros parlamentarios.

El ex intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, enfrenta una causa penal por presuntas irregularidades en la ejecución de un plan de viviendas y se inscribió como precandidato a senador provincial por su departamento, también en la lista que encabeza Bordet. La investigación, que actualmente se encuentra en etapa de realización de pericias, se originó en una denuncia presentada en julio del año pasado por el funcionario Luis Uriona, delegado en Entre Ríos de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que abarca también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, ambos en prisión, entre otros ex funcionarios kirchneristas. Si entra el Senado, también obtendrá la protección de los fueros.

El diputado provincial Juan Carlos Darrichón, por su parte, se presentó como precandidato a intendente de Diamante por el peronismo. Está imputado por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omitir transferir fondos correspondientes a aportes jubilatorios de los empleados del gobierno local a la Caja de Jubilaciones municipal y, aunque fue sobreseido en dos oportunidades, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó que se revea esa resolución. También afronta otra causa vinculada con la cesión de un terreno a través de un contrato de comodato.

Otro diputado provincial, Rubén Ángel Vázquez (PJ), va como candidato a intendente de San Benito. Desde junio de 2005 está imputado en una causa iniciada tras una denuncia por la supuesta falsificación de un decreto y una notificación oficial. Junto a otras personas, fue acusado de falsificación de documento público, delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. En 2012 la justicia pidió su desafuero, pero la Comisión de Asuntos Constitucionales denegó la solicitud.

El ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, investigado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la causa que se inició en 2016 a partir de una denuncia periodística de la revista ANÁLISIS, se inscribió como candidato para volver a ser intendente de Santa Elena. En las últimas horas, el fiscal Álvaro Piérola dispuso no hacer lugar a un nuevo planteo de desestimación de las actuaciones impulsado por la defensa que ejerce el abogado Carlos Reggiardo. En un escrito al que tuvo acceso este medio se argumentó que, al haber tomado conocimiento el Ministerio Público Fiscal (MPF) de informes que confirman la existencia de cuentas en Uruguay a nombre de la esposa de Rossi, la ex diputada provincial Patricia Díaz, también imputada en el legajo, “se abre un abanico de medidas de evidencia a recabar de aquí en adelante”. También se advirtió que “la investigación no ha finalizado”, sino que “se encuentra en curso con sobrados elementos para sostener su vigencia”.

 

Los candidatos de Cambiemos

En Cambiemos, en tanto, sobresale la situación del intendente de Paraná, Sergio Varisco, que va por la reelección y está procesado por la justicia federal en el marco de la causa en la que se investigan presuntas conexiones del gobierno local con la banda liderada por el narcotraficante Daniel Celis. Tres personas de su entorno -la funcionaria municipal Griselda Bordeira, el concejal Pablo Hernández y el empleado municipal Alan Viola-, cumplen prisión preventiva. La Fiscalía pidió recientemente la elevación a juicio del expediente.

En la justicia provincial, en tanto, Varisco está imputado por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración pública, por la tramitación de un adelanto financiero a una mutual de Paraná. En carácter de partícipe primario, está imputado en la misma causa el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, que encabeza la lista de concejales de Varisco en la capital provincial. El juicio oral y público correspondiente está agendado para mayo de este año.

Ninguna de las dos situaciones impidieron que el intendente sellara un acuerdo con el precandidato a gobernador de Cambiemos, Atilio Benedetti, que lo llevará en su boleta y le cedió lugares en la lista de diputados provinciales, uno de los cuales fue para Lucía Varisco, hija del presidente municipal.

El diputado provincial radical Ricardo Troncoso, recientemente imputado por presuntas irregularidades en contratos suscriptos en su despacho, se inscribió por su parte como precandidato a senador provincial por el departamento Tala. Competirá en las PASO con otros tres postulantes. Si entra, mantendrá los fueros parlamentarios.

Troncoso quedó imputado el 16 de febrero tras responder a su citación a indagatoria mediante un escrito. En septiembre de 2018, en el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), se revelaron las irregularidades que luego fueron ratificadas en la denuncia que formalizó un ex empleado. Al legislador se lo investiga por la presunta comisión del delito de peculado y los fiscales pudieron determinar que sustrajo “fondos públicos mediante la suscripción de contratos de obra con el mero objeto de retener para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios”. También se señaló que, en otros casos, la maniobra tendía a que “personas contratadas prestaran servicios personales” para el diputado. (Análisis)

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