La normativa busca «capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado» para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El gobierno nacional promulgó hoy la denominada Ley Micaela que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en temática de género, a través de su publicación en el Boletín Oficial.
El proyecto sancionado por el Senado el pasado 19 de diciembre establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La iniciativa lleva el nombre de la joven Micaela García, de 21 años, asesinada en 2017, por Sebastián Wagner, que tenía antecedentes de violación y que había sido liberado por la Justicia.
Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres.
El proyecto tiene por objetivo «capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado» para que den cumplimiento a los deberes asumidos por Argentina como Nación signataria de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
«La ley tiene como objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer», reza el texto de la norma.
El texto hace obligatorio para todo el personal alcanzado por esta ley cursar y aprobar cada año una capacitación en gestión con perspectiva de género de acuerdo con contenidos curriculares mínimos.
El debate de este proyecto fue impulsado luego de la denuncia realizada por el colectivo de actrices que acompañó a la actriz Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual, y que movilizó a diputados de todos los bloques a impulsar una agenda de género para debatir de manera urgente.
