La Justicia entrerriana acaba de escribir este 24 de diciembre una de sus páginas más oscuras, para garantizarle a Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Sergio Daniel Urribarri, brindar en familia en la Nochebuena.
Entender lo que pasó, no ya explicado con vocabulario «jurídico» sino con palabras que podamos entender todos, se vuelve una urgencia informativa en casos así. Máxime cuando todo sucedió a las apuradas, mientras los entrerrianos, en tiempos de bolsillos flacos, se preparaban para recibir austeramente la Navidad. Tan vertiginoso y a última hora fue todo que no le dio tiempo al equipo de profesionales del servicio de comunicación del Superior Tribunal de Justicia a mandar a los medios una «gacetilla» con la novedad.
¿Por qué si la Jueza Marina Barbagelata había ordenado que el cuñado de Sergio Urribarri estuviera 90 días en prisión preventiva, apenas si llegó a permanecer entre rejas una semana?
¿Por qué la Justicia, como si hubiera borrado con el codo lo que escribió con la mano, devolvió rápidamente a su casa a Aguilera, mientras que el resto de los detenidos por los contratos truchos de la Legislatura pasaron largo tiempo de «preventiva» y habrían continuado así de no mediar la domiciliaria del «cuñado», de la que terminaron beneficiándose?
¿Qué vino a descubrir la Justicia justo ahora, en este caso puntual, cuando el detenido pertenece a una de las familias con más poder en Entre Ríos, que no había descubierto antes, con los ladrones de celulares, por ejemplo?
Según las leyes, todo aquel que va detenido preventivamente debe estar «separado de los condenados». ¿Se cumple esta condición cuando a cualquier hijo de vecino le dictan la prisión preventiva? No. ¿Por qué no se cumple? Porque hace años que las cárceles están colapsadas. ¿Y entonces? ¿Hacen lo mismo que con Aguilera, los mandan enseguida a su casa? No, de ninguna manera. En la enorme mayoría de los casos, no hay ejércitos de abogados detrás, ni habeas corpus, ni que ocho cuarto.
«Si lo que el Poder Judicial hizo con Aguilera es un acto de justicia, si eso es hacer justicia, entonces tendrían que haber abierto de inmediato las puertas de la Unidad Penal 3, de la cárcel de Federal, etc. porque están llenas de procesados compartiendo el mismo establecimiento que los condenados», reflexionaba anoche un abogado, ni bien se enteró de la «buena nueva».
En conclusión, la explicación más clara y precisa de lo sucedido hay que hallarla en «Rebelión en la Granja» de George Orwell, cuando la consigna “todos los animales son iguales”, una vez llegados los cerdos al poder, fue modificada en estos términos: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.
¿Por qué salió libre Aguilera a las 21 horas de un 24 de diciembre? Porque «todos los entrerrianos somos iguales pero algunos son más iguales que otros». Porque los Urribarri, como tantas otras familias del poder, «son más iguales» que esos vecinos de los barrios a los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, ha comenzado a visitar.
Claro que la sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que liberó el camino para que el juez Mauricio Mayer concediera el «habeas corpus», nada dice de Orwell, ni del partido de los cerdos, ni de los más iguales que otros. Allí aparecen palabras mucho más atractivas como «análisis de constitucionalidad», «control de convencionalidad», «libertad», «ignominiosa iniquidad».
Dos de los jueces, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, volcaron la cuestión en favor de Aguilera. Miguel A. Giorgio fue el único que se opuso a habilitar el «habeas corpus».
«Comulgo con la idea de que los magistrados judiciales no deben ni pueden sustraerse, por motivos pura y excesivamente rituales que artificiosamente se sobreponen frente a cuestiones sustanciales axiológicamente superiores, al más amplio y severo ejercicio de las específicas potestades que le competen en el control de la preservación y respeto de valores fundamentales, como el de la libertad, poniendo oportuno freno en casos concretos sometidos a su conocimiento a la ignominiosa iniquidad deslegitimante de los sistemas represivos afectatorios de la libertad individual que no puede concebirse sólo como materia argumental de la mera declamación académica de aquellos en foros extraños al de la función jurisdiccional que les ha sido asignada, sin un reflejo palpable de tales convicciones en la labor cotidiana que les cabe como Jueces de la Democracia….», escribió Mizawak citando a Carubia.
Más adelante se hizo eco de la denuncia de los defensores del cuñado de Urribarri, resumiéndola así: «flagrante agravamiento de las condiciones en que se dispuso que Aguilera cumpliera su detención preventiva.
Y para que su decisión no pudiera ser sospechada de «parcial», la jueza que fuera abogada de Urribarri, recordó: «Esta Sala y el Máximo Tribunal Provincial en pleno ha manifestado en reiteradas oportunidades, incluso oficio mediante, nuestra preocupación por la superpoblación carcelaria a niveles de hacinamiento y la imperiosa necesidad de cumplir con la normativa vigente local y supranacional, puesto que aquellos que sufren prisión preventiva lo hacen en su condición de inocentes».
Irreprochable argumento si se aplicara con igual contundencia a la situación que atraviesan todos los que ahora mismo están en esas «hacinadas» cárceles entrerrianas y, si en vez de una reflexión genérica, se volviera un urgente llamado de atención dirigido a las gestiones de gobierno responsables de lo que pasa, con las que estos mismos jueces se cuidaron de no tener ni un sí ni un no.
¿Y por qué las prisiones de Entre Ríos no cumplen con el artículo 18 de la Constitución Nacional, allí donde dice que deben ser «sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas?
Entre otras razones, porque las sucesivas gestiones de gobierno no las han puesto en condiciones y apenas si han llegado a hacer ampliaciones menores.
Llegamos así a una notable paradoja: gracias a que en sus ocho años de gobernador Sergio Urribarri no consiguió dotar al Servicio Penitenciario de la infraestructura que exige la ley, su cuñado anoche brindó con su familia.
Paradoja que se vuelve más patética expuesta de esta otra manera: Aguilera pasó Nochebuena en su casa porque los más de 2000 millones robados a través de los contratos truchos no fueron invertidos en la infraestructura estatal, sea en escuelas, hospitales y cárceles dignas. (El Entre Ríos)
