El Gobierno trabaja contrarreloj para diseñar un andamiaje legal que llene el vacío legal que existe hoy en la Provincia en lo que hace a las restricciones para la realizaciones de fumigaciones en zonas rurales donde existen escuelas y así evitar la contaminación de docentes, alumnos y poblaciones aledañas. La redacción del decreto respectivo quedó en manos de la Secretaría de la Producción, que dirige Álvaro Gabas, con asesoramiento de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), según explicó una fuente del Poder Ejecutivo.
Ese vacío legal advertido por el juez Miguel Giorgio, miembro de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuando fundamentó el voto que, por mayoría, rechazó la apelación del Gobierno al fallo de primera instancia que fijó límites precisos para realizar fumigaciones en campos próximos a establecimientos educativos. Dijo Giorgio: “Reitero, hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños -y docentes- que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están. Desde ésta óptica, se hace evidente la ausencia normativa relacionada con la salud de los alumnos rurales, por lo que encuentro absolutamente razonable la imperiosa necesidad de suplir dicha laguna, y aunque sea transitoriamente, establecer de manera urgente una protección a un bien jurídico tan importante y esencial como es la salud de los niños y los docentes de las escuelas rurales sin invadir con ello las restantes esferas de poderes sobre quienes pesa el deber de reglamentar y/o normativizar la debida protección de quienes asisten regularmente a dichos establecimientos educativos rurales, frente a una práctica claramente lícita, pero cuya nocividad para la salud se ubica hoy como centro de debate científico de los distintos foros, sin que pueda sostenerse un consenso respecto de la inocuosidad para la salud humana en su ejercicio”.
Confirmado el fallo que dictó a principios de octubre el camarista Oscar Daniel Benedetto por parte de la Sala Penal del STJ, el Gobierno acudió con un recurso extraordinario para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pidió que hasta tanto el tema se resuelva en esa instancia, la aplicación del fallo quede suspendida. De hecho, en la administración del gobernador Gustavo Bordet entienden que no hay aplicación de la sentencia judicial. “Nuestra interpretación es que el fallo está suspendido. Pero esa es nuestra interpretación y es opinable”, dicen. Aunque el 16 de noviembre, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado, Sebastián Miguel Trinadori, envió una nota al secretario de la Producción, Álvaro Gabas, en la que lo anoticia de la presentación, el 14 de noviembre, del recurso extraordinario federal ante la Sala Penal. “Atento lo expuesto, corresponde hacerle saber que la interposición del Recurso Extraordinario Federal supra mencionado produce efectos suspensivos respecto del fallo recurrido”, dice el texto.
El 21 de noviembre, la oficina de prensa del Poder Judicial distribuyó un comunicado con este título: “Continúa vigente el fallo que limita la aplicación de agroquímicos en inmediaciones de escuelas rurales”. Textual, decía esto: “Como paso previo a expedirse sobre su admisibilidad, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dio trámite al recurso extraordinario presentado por Fiscalía de Estado ante el fallo sobre la aplicación de agroquímicos y corrió vista a las partes intervinientes para que se pronuncien al respecto. No habiéndose pronunciado todavía sobre la suspensión de los efectos de la resolución, como interesa la parte recurrente, por el momento dicha sentencia continúa vigente, conforme lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8.369″.
En el Poder Ejecutivo, sin embargo, insisten en la no aplicabilidad del fallo por cuanto está en trámite un recurso extraordinario federal. “Nosotros realizamos esa interpretación -confió una fuente del Gobierno-. Y esto es así, según nuestra opinión, conforme lo establece el Código Procesal Civil de la Nación. Es nuestra opinión jurídica. Pero a la vez decimos que no se ha presentado ninguna denuncia por fumigación que amerite aplicar el fallo. Y creemos que el decreto que reglamentará las distancias saldrá mucho antes de que aparezca un caso”.
La sentencia
El lunes 1° de octubre el camarista civil Oscar Daniel Benedetto dictó un fallo que prohibió “la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres 3.000 metros”.
La medida limitante se mantendrá “hasta tanto se determine, por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”.
Además, al acoger favorablemente el amparo presentado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer9, la Justicia exhortó al Estado provincial a realizar “en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”.
La sentencia, además, condenó al Estado entrerriano y al Consejo de Educación “a que en el plazo de 2 años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento 50 metros de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos”. Y dispuso suspender “de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
El Poder Ejecutivo apeló esa sentencia ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidió “la revisión total de la sentencia impugnada, que establece una superficie de exclusión sin haber tenido en cuenta ni haber valorado la cantidad de hectáreas que quedan improductivas a raíz de la medida tomada por el juez de primera instancia. Es decir que ello es inviable por arbitrario e infundado”. Pero el alto cuerpo rechazó la apelación, y ahora el Gobierno inició el camino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Gobierno se centra en el perjuicio a la producción que supone el fallo judicial. Al respecto, sostiene que en 2017, la superficie total sembrada fue de 1.690.200 hectáreas. Y que de acuerdo a un informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 escuelas secundarias que se encuentran en ámbitos rurales. De tal modo que no se podría fumigar en forma terrestre en 304.266 hectáreas y no se podrá fumigar en forma aérea en una superficie de 2.738.394 hectáreas. “Es decir, en este caso, en una superficie incluso superior en casi 800.000 hectáreas a las 1.690.200 hectáreas que conforman la superficie agrícola de la última campaña”, señala el informe que presentó el Gobierno a la Justicia.
Contra el “fundamentalismo”.
Elvio Guía, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, coincide en la necesidad de “llenar el vacío legal” que hay en la provincia, pero no acuerda en aplicar a rajatabla el fallo de la Justicia.
“Hay un problema que se ha generado, porque se habla solamente de la soja y de Monsanto. Y acá estamos hablando también de una cuestión social. Qué pasa con esos tambos que siembran alfalfa, avena, maíz para silo. Eso no se tiene en cuenta. Acá solamente se apunta por el lado de Monsanto y la soja, porque es lo que cae bien en la sociedad. Pero estamos lejos de eso. Las juntas de Gobierno, la mayoría, viven pura y exclusivamente de eso que se produce en el campo con un tambo, con una vaca lechera, con la ganadería, con la producción de queso”, dice Guía.
El dirigente dice que “entiende la presión social, porque hay cosas que se han hecho mal. Pero hay productores que han hecho muy bien las cosas. Lamentablemente, los jueces cuando ven un conflicto social de estas características, no quieren ir en contra del humor social. Pero acá hay que decir que la ciencia está siendo superada por el fundamentalismo. Hay productos que están habilitados por Senasa, con recomendaciones de aplicación, con ingenieros trabajando, que si se hacen las cosas bien, se minimizan a cero los riesgos”. (Entre Ríos Ahora)
