Invitado por el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), el fiscal Ignacio Aramberry brindó detalles sobre la causa en la que se analizan presuntas irregularidades en contratos legislativos en los últimos diez años. El funcionario judicial, que lleva adelante la investigación junto a su par Patricia Yedro y a la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, reconoció que es la causa más compleja en la que le tocó intervenir y que están casi exclusivamente abocados a ella. Señaló que lo más difícil es avanzar con la sistematización de la información recolectada y precisó que hasta el momento prestaron testimonio cerca de 100 personas, entre ellas 50 contratados. También indicó que de momento las pesquisas abarcan el mecanismo instrumentado por las seis personas detenidas, pero advirtió que si aparecen cuestiones periféricas se considerará ampliar la apertura de causa. El fiscal señaló que, en paralelo, se investigan los patrimonios de las personas involucradas y dijo que aún no obtuvieron respuesta a los pedidos de información remitidos a la Cámara de Diputados y al Senado. Sobre la presentación contra el procurador general Jorge García, Aramberry aseguró: “La recibimos con sorpresa, pero no nos tiene que afectar en nada”.
-¿Es esta la causa más difícil en la que le tocó intervenir?
-Sí, sin dudas. Es una causa sumamente compleja. No es solo una causa, sino que es como miles de causa en una sola.
-¿Qué ha sido lo más complicado en esta primera etapa de trabajo?
-Lo complejo es sistematizar la información que se tiene. Se puede recopilar mucha información, hacer secuestros y pericias informáticas y telefónicas, pero la tarea difícil es tener el tiempo y contar con los elementos humanos para procesar esa información, que se va necesitando en el transcurso de la investigación.
-Ya hay seis detenidos en la causa. ¿Por qué (Gustavo) Pérez y (Roberto) Faure fueron apresados recién este martes y no al mismo tiempo que el resto?
-La investigación viene pasando por distintas etapas y se relaciona con las chances inmediatas que tenemos para procesar información. Vamos avanzando progresivamente, día a día, y estamos abocados prácticamente en un 95 por ciento a esta causa, trabajando mañana y tarde. Vamos dando pasos a medida que están dadas las condiciones como para solicitar una detención, lo que está relacionado directamente con el mérito y la prueba que haya y con los indicios acerca de posibles riesgos para la investigación. En base a estos elementos, se hacen los pedidos al juez de Garantías, que viene otorgando las medidas sin que haya habido rechazos hasta el momento.
-¿Cuántos contratados declararon hasta el momento?
-Unos 50 contratados, quizás algo más.
-¿Y en total en la causa en sí?
-Poco menos de 100 personas, pero prácticamente estamos pisando ese número.
-¿Cuántos fueron a declarar de modo espontáneo?
-Todas las personas que han comparecido en la Fiscalía que aparecen en la documentación como titulares de algún contrato han comparecido sin reparos. No ha habido oposición de la gente para dar testimonio.
-¿Les sorprende que todos los contratados sean de Paraná o lo consideran el modus operandi de (Hugo) Mena, (Flavia) Beckman y (Alfredo) Bilbao?
-Tenemos nuestra hipótesis acerca de eso, pero va a ser materia de un análisis más profundo con posterioridad. Lo hemos considerado y es un punto en el que estamos trabajando.
-¿Van a hacer foco en el andamiaje de estas personas o hay algo por fuera de eso en esta primera etapa?
-La investigación está direccionada a esas personas básicamente. Obviamente esto se hace con la información que pudimos colectar a este momento. Hemos ido haciéndonos con la documentación por nuestros propios medios. Si aparece alguna cuestión periférica será materia de consideración para una ampliación de la apertura de causa, que es lo que nos limita para producir medidas.
-¿Se pusieron una fecha límite de trabajo?
-La idea es hacer el proceso lo antes posible y terminar en un plazo razonable para estar en condiciones de hacer solicitudes con alguna otra pretensión por fuera de las que estamos realizando, que son de medidas coercitivas que requieren una evaluación y una discusión menor.
-¿Les llegó alguno de los informes que requirieron a la Cámara de Diputados y al Senado?
-Por el momento no.
-¿Hay lentitud para responder por parte de otros organismos?
-Observamos una lentitud razonable porque los tiempos de este nuevo sistema de investigación no son acordes a los que manejan los organismos administrativos y sabemos de la complejidad y la burocracia que los rodea. Luchamos contra eso, pero no solo en esta causa.
-Inicialmente se planteó un desvío de 1.200 millones y luego la doctora Goyeneche informó que la cifra era de 2.000 millones. ¿A su entender este número va a ser más amplio?
-La cifra resulta de una actualización monetaria que se hizo tomando el valor del dólar que es muy provisoria y se ha sacado en función de que necesitábamos una atribución específica. Vamos a trabajar en eso y es uno de los puntos a profundizar. Vamos a someter a pericia esta cifra y la documentación que tenemos para establecer el cálculo más cercano a la realidad.
-¿Este flujo de dinero pasó por inversiones en la región, en el país, en gasto político o también podría haber sido llevado a cuentas en el exterior? Se remarca la cantidad de viajes al exterior, tres o cuatro al año, de algunos de los principales imputados.
-La investigación, atento a la complejidad, tiene varias temáticas. Una es la cuestión patrimonial. No descartamos otro tipo de inversiones y hemos solicitado informes a la AFIP y a organismos que puedan dar cuenta de un seguimiento más detallado de la situación patrimonial de las personas involucradas.
-En las últimas horas se conoció una presentación contra el procurador Jorge García por parte del abogado Carlos Reggiardo. ¿Cómo lo receptaron?
-Lo receptamos con sorpresa, obviamente. De todas formas, no sé de qué manera puede afectar nuestra investigación y la dedicación que le estamos poniendo a esta causa. De alguna forma la investigación no está direccionada a llevar a juicio y condenar a personas, sino a ver si algunas personas realmente están vinculadas o merecen ser exoneradas. No es una persecución directa hacia nadie y esta presentación no nos tiene que afectar en nada. (Análisis)
