La Fiscalía Anticorrupción reformuló el pedido de información que oportunamente rechazaron ambas cámaras de la Legislatura entrerriana en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones de personal durante los últimos 10 años. Puntualmente, el órgano que dirige Cecilia Goyeneche remitió este martes sendos escritos de similar tenor a los presidentes del Senado, Adán Bahl, y de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, a los que accedió ANÁLISIS DIGITAL. A los oficios se adjuntan anexos con los nombres y apellidos de 452 beneficiarios de contratos, en el caso de la cámara baja, y de 551 correspondientes a la cámara alta.
El primer pedido del Ministerio Público Fiscal había sido presentado en octubre. Allí se solicitaba toda la información vinculada a contratos suscriptos en la Cámara de Diputados entre 2008 y 2018 y en el Senado entre 2011 y 2018. Ambas cámaras rechazaron los oficios del Poder Judicial.
Desde la cámara baja se argumentó que la solicitud no se ajustaba a lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. Desde la cámara alta, en tanto, se pidieron mayores precisiones.
Este martes a media mañana, según informó Entre Ríos Ahora se reformuló el pedido que ingresó a las cámaras con la firma de Goyeneche y de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. Puntualmente, se circunscribió la solicitud a contratos correspondientes a 452 personas en la Cámara de Diputados y a 551 del Senado.
Sendos escritos de similar tenor a los que accedió ANÁLISIS DIGITAL fueron ingresados a ambas cámaras legislativas, dirigidos a sus presidentes: al vicegobernador Adán Bahl en el Senado y al ex gobernador Sergio Urribarri en la Cámara de Diputados.
“Hemos decidido cursarle el presente, solicitando tenga a bien informar si las personas que se detallan en el anexo han estado vinculadas contractualmente con esa Honorable Cámara. En tal caso, se sirva detallar el tipo y período de contratación, especificando si la relación se celebró con autoridades de ese cuerpo, bloques legislativos o legisladores en particular. En dicho caso, se giren –en original– los expedientes administrativos relacionados a cada una de esas contrataciones, copia certificada del acto administrativo de aprobación respectivo y las correspondientes actuaciones en las que se hubiese sustanciado el pago de los honorarios a dichos co-contratantes”, se indica en el escrito.
Además, se señala como “de interés” que se emita “un listado detallado de autoridades de ese cuerpo legislativo e integración del Servicio Administrativo y Contable, durante los período referenciados, acompañando a dichos efectos los actos administrativos de designación”.
Finalmente, “se interesa la remisión de la nómina actualizada de agentes de planta permanente de ese cuerpo legislativo”, piden los fiscales.
Más adelante, los funcionarios judiciales realizan un repaso del hecho investigado. Indican que al menos entre enero de 2008 y septiembre de 2018 Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Hugo Américo Luna (f), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona y “otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.
Esta actividad, según señalan los fiscales, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendían a 4.500 pesos, “continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho, el 20 de septiembre de 2018, con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos por vínculo”.
En el ámbito de la Cámara de Diputados, en tanto, “tal sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011, “con contratos de 5 mil pesos que también se incrementaron hasta llegar a 50 mil cada uno, hasta septiembre de 2018”.
“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, apuntan los fiscales.
También señalan que “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
“La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Gustavo Hernán Pérez (director Administrativo Contable del Senado desde 2011) y Sergio Cardoso (director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas sueldo de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.
Luego de su libramiento por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, los cheques -según narran los funcionarios judiciales- eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”. En este punto mencionan a Scialocomo, María Victoria Álvarez, Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartín, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caino, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros.
“A las personas del círculo de confianza que operaban como cobradores de cheques se las hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de Paraná, o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde Beckman, Mena, Balladares y Scialocomo les repartían los valores para su cobro, el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos”, añaden.
“Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén Mena, Fabiana Marcela Beckman, Jorge Pablo Balladares, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”, acotan.
Tras describir el manejo posterior que, principalmente en ámbito de la Cámara de Senadores se hizo a través de cuentas sueldo y tarjetas de débito, los fiscales aseguran que el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Faure, Bilbao y Alejandro Almada.
Bilbao es señalado como quien “recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones”. Luego, “se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”.
Los fiscales indican luego que “l gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno”.
“Dichas tareas -sostienen más adelante-, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliario Renato Jesús Masilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios” y con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Masinlla, a través de contratos suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Ángel Gustavino”.
“Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil -empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino, de una parte del dinero resultante”, se indica. “Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes inversiones inmobiliarias y agrícolo – ganaderas”, se acota en el escrito.
“La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”, añaden los fiscales.
También señalan, sobre el final, que Beckman, María Victoria y María Macarena Álvarez, Bilbao, Faure, Jazmín y Viviana Mena Gioveni, Balladares, sarnaglia, Scialocomo, Ferreya, Mansilla y Hugo Mena “eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los senadores de la Nación Pedro Guastavino y Sigrid Kunath”.
“Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los 1.235 millones de pesos”, concluyen los fiscales. (Análisis)
