Así surge de los registros del Ministerio de Justicia de la Nación que aclaró que el dinero no fue en concepto de subsidios sino de ayudas económicas contemplada en la ley de asistencia a las víctimas de delitos federales.
A lo largo de once meses de pesquisa, la familia de Santiago Maldonado recibió una ayuda económica estatal por un total de 1.552.715,76 pesos destinados a solventar viáticos, hospedajes, gastos de defensa y los honorarios de un perito forense en las dos causas que todavía se sustancian en Chubut por la desaparición del joven tatuador.
El monto exacto surge de un pedido de acceso a la información pública que tramitó Infobae ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conocer los detalles, fechas y destinatarios de esa ayuda económica brindada en el marco de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
La norma, sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cambiemos, había entrado en vigencia 18 días antes de la desaparición de Maldonado a través de su publicación en el Boletín Oficial, pero sólo fue reglamentada por la cartera de Justicia el 9 de mayo pasado.
Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte del @jusgobar. El Ministerio de Justicia y DDHH no otorga subsidios.
— Germán Garavano (@german_garavano) November 7, 2018
Eso implicó en los hechos que tanto Sergio Maldonado como su esposa, Andrea Antico, como así también su abogada, Verónica Heredia, y otras personas que los asistieron en las querellas pudieran pasar gastos en los numerosos viajes que realizaron entre Bariloche, Esquel y Buenos Aires antes (en gran parte) de que quedaran establecidos los alcances de la asistencia a las víctimas de delitos federales.
Los Maldonado «estrenaron» esa legislación y hasta donde pudo saber Infobae han sido hasta ahora los beneficiarios de esa ley junto con los familiares del Ara San Juan y del pesquero el Rejunte.
Aunque, en sintonía con lo aclarado ayer por el ministro Garavano a través de un tuit que fijó en su cuenta de esa red social, esa contribución económica a la familia no representa un subsidio estatal de ningún tipo sino que se extiende como cumplimiento al orden jurídico, justificaron en esa cartera.
A raíz de la vehemente polémica generada por este tema en la red social Twitter, en parte producto de la distorsión o la mala interpretación de la información, Garavano escribió: «Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte de @jusgoba. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no otorga subsidios», aclaró.
A pesar de la desmentida, sin embargo, continuaron las arremetidas y las críticas—cáusticas— por la asistencia que brinda la ley. No obstante, la aclaración ministerial tuvo miles de retuits y también algunas adhesiones.
Si bien en esa cartera nada informaron respecto a la continuidad o no de la ayuda económica prevista por ley, en las planillas quedó acreditado que la ayuda estatal comenzó el 28 de agosto de 2017 con viajes y viáticos a Esquel y se extendió hasta el 30 de julio de este año para aéreos y gastos en Comodoro Rivadavia donde la abogada Heredia defendió ante la Cámara la ilegalidad de las escuchas por el caso Maldonado, señala Infobae.
Reunión con la CIDH
Lo más llamativo en la nómina de reembolsos son los $12.606 en «gastos de librería y otros» y los $34.013 en aéreos a Montevideo junto a otros 2010 dólares en viáticos para los Maldonado, su letrada y el perito forense de parte Alejandro Incháurregui para asistir a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
La cita en Uruguay se celebró el 26 de octubre de 2017, una vez hallado el cuerpo de Santiago y conocidos los resultados preliminares de la autopsia.
En aquel ríspido debate la familia seguía sosteniendo -aún en presencia del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- la ausencia de una investigación imparcial junto con la responsabilidad del Estado argentino «por la desaparición forzada» de Santiago Maldonado.
Pero lo más curioso de la acusación resultó la presencia de Incháurregui, ex miembro del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense y el experto que identificó los restos del Che Guevara, y que fue uno de los 55 peritos que avaló el resultado primigenio de la autopsia donde constaban la ausencia de lesiones y/o signos de arrastre en el cuerpo del joven tatuador.
El Estado pagó los honorarios de Incháurregui de $300.000 por los seis meses de labor como perito de parte, elegido por la familia Maldonado, según consignan las planillas de gastos, además del traslado del cuerpo de Santiago desde Esquel hasta la Capital para que el Cuerpo Médico Forense y otros peritos realizaran la necropsia.
Fuentes de la cartera judicial explicaron que en el caso de los viáticos se les extendieron a la familia los mismos montos que perciben los funcionarios públicos que enrolados en ese ministerio.
Por otra parte, ninguna erogación exhibe esos informes en relación a los honorarios de la abogada Heredia que se estiman forman parte de un acuerdo privado por cuota litis. Como informó Infobae semanas atrás, fuentes que conocen muy bien la causa creen que el pago de los honorarios de Heredia está pactado a partir de un futuro pedido de resarcimiento a la familia ante los tribunales internacionales de derechos humanos por denegación de justicia. Aunque nadie puede adelantar un resultado en ese sentido.
