Los abogados defensores tienen dudas hasta dónde está dispuesta a llegar la Justicia. Desde la Procuración General aseguran que esto recién empieza. Los días en que ocurrieron los allanamientos, las prisiones preventivas y las excepciones.
Las declaraciones de Miguel Carlín movieron el avispero y pusieron en alerta a los abogados defensores y observadores de este caso que tiene atentos a los tres poderes del Estado. El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dijo que “es relativa la responsabilidad de quien firmó los contratos” en referencia a la investigación que están llevando adelante la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro.
Se trata de una supuesta asociación ilícita en la que en el seno de la Legislatura se ideó un sistema recaudatorio fraudulento a través de contratos leoninos que se firmaban a valores de entre 35 mil y 50 mil pesos pero el contratado recibía apenas 1200 o 2000 pesos más el pago del monotributo. El mecanismo – que se investiga desde el 2008 a la fecha excepto Diputados desde 2011 – se perfeccionó de tal manera que la estructura requirió de la logística de dos estudios contables por fuera de la administración de las cámaras.
En la imputación conocida hace dos semanas la atención que paralizó a la prensa y al público fue la cifra que estimó el Ministerio Público Fiscal cuando fijó en unos 1200 millones los pesos que se habrían fraguado en el ámbito parlamentario.
En esa misma imputación, sin embargo, no aparecieron los nombres que se esperaban. Es decir los de las presidencias de las cámaras, Adán Bahl y Sergio Urribarri. Tampoco sus antecesores José Cáceres, José Eduardo Lauritto y José Ángel Allende. Ante los trascendidos de que iban a ser llamados a que presenten abogados, la mayoría de los abogados se adelantó y lo hizo. Hay quienes entienden que al ser convocados con representante los ubica como sospechosos, por lo tanto imputados; otros entienden que son meros “sindicados”. De una u otra manera todos están bajo un manto de observación por parte de la Justicia. Quizás haya sido un error dejar trascender que la narrativa mediática instale una certeza con tanta anticipación si a los pocos días de redactar la imputación la misma no quedó plasmada en el legajo. En el Concejo Deliberante de Paraná se está por abrir otro capítulo en torno a la transparencia. Un sector de Cambiemos y el Frente Renovador quiere que la presidenta del cuerpo, la macrista Josefina Etienot, ponga en la esfera pública todos los contratos con sus correspondientes montos.
En la audiencia del viernes, donde se discutió la prolongación de las prisiones preventivas en el caso de los contratos truchos, medida que se ratificó, aparecieron nuevamente las dudas de los abogados defensores en torno a las supuestas varas (diferentes) que tiene la Procuración General al momento de avanzar en la investigación. El ejemplo más recurrente es por qué Gustavo Pérez, ex director general de la administración del Senado, no fue detenido al ser un nexo sensible entre el cuerpo legislativo y uno de los buffet contables que trabajaban desde afuera. La defensa, a cargo de Guillermo Vartorelli, alude que su representado dio un paso al costado para no entorpecer la investigación. Esto ocurrió el 4 de octubre, aunque la decisión se tomó el día anterior, cuando Página Judicial reveló el escándalo. Sin embargo, la causa se inició el 20 de septiembre con la detención y allanamiento a Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Hugo Mena y María Victoria Alvarez.
No deja de alarmar que un funcionario que tenía acceso a la documentación bajo pesquisa se pasee por Casa de Gobierno. Los representantes de Alfredo Bilbao insisten con que su defendido no puede estar en la unidad penal por haber querido borrar información el día de los allanamientos cuando la causa se inició 13 días antes, lo que indica que si hubiese querido entorpecer la investigación tenía tiempo de sobra para hacerlo, alegó Iván Vernengo el viernes. Y agregó que Bilbao no pudo haber hecho lo que hizo sin el contacto de Pérez. Quien también tuvo un golpe de suerte fue Sergio Cardoso, titular del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. En un primer allanamiento, al calor de las primicias, la Justicia llegó a un domicilio desocupado. Este viernes dio con el ocupado. Se desconocen los resultados.
Los fiscales aprovecharon la audiencia para poner de relieve la abultada prueba de las relaciones entre los detenidos que integrarían la asociación ilícita. Falta aún el capítulo que corresponde al otro buffet, “Integral Asesoría”, integrado por Pedro Opromolla, Gustavo Falco y Guido Krapp. Ahí se realizaba el pago de los impuestos de los falsos contratados a través de una terminal de “Entre Ríos Servicios” que funcionaba en el mismo estudio.
La estrategia de la defensa, básicamente, está puesta en la idea de la obediencia debida. Vartorelli dijo en una entrevista al programa Cinco Esquinas (FM Costa Paraná) que los contratos a tal o cual persona son una decisión política, no administrativa. Con esto puso a su defendido como un empleado que hacía tareas que le solicitaban. ¿Quiénes?
Los defensores cuyo representados están más comprometidos vieron en las declaraciones de Carlín una hoja de ruta. ¿Si la firma de un contrato es un elemento relativo, por dónde pasará la responsabilidad a juzgar entonces? Vale aclarar que el ex vocal dijo no conocer más de la causa que lo que se publica en los medios.
Lo cierto es que se niegan a sus representados abran la boca. No lo ven conveniente hasta que aparezcan los Ceo’s de la estructura. El interrogante es hasta dónde está dispuesta a llegar la Justicia.
La respuesta ante cualquier sospecha de un recorte de responsabilidades, quizás, la haya dado Yedro cuando cerró el viernes su alegato con una frase que se repite en la Procuración General: se está ante un gigante que apenas se la ha visto los pies.
Fuente: Página Política
