El fiscal de La Paz Facundo Barbosa informó que está a punto de cerrar la investigación penal preparatoria y que en breve plazo de tiempo solicitará la remisión a juicio de la causa en la que están imputados por abuso sexual y corrupción de menores dos Testigos de Jehová de Santa Elena, ciudad del departamento La Paz.
Se trata del caso que se conoció el 25 de abril de 2017, cuando una joven publicó en su perfil de Facebook que siendo una niña fue abusada por Matías Vargas (hoy de alrededor de 42 años) y Vito Luciano Panza (actualmente de 30 años), ambos de la congregación de Testigos de Jehová de la localidad.
“Se están dando las últimas puntadas para que la causa sea remitida a juicio. Está a un paso de ser remitida, precisamente esta semana se están haciendo los últimos trámites que hay que afinar sobre los hechos imputados. Y esta causa se está remitiendo a juicio en breve”, dijo el fiscal en diálogo con Entre Ríos Ahora.
En ese sentido, el acusador público señaló que además de abusos agravados gravemente ultrajante, se les imputa el delito de corrupción de menores. “Tenemos dos imputados y distintos hechos. Tenemos un abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en concurso con corrupción de menores; y un abuso también gravemente ultrajante agravado en concurso con corrupción de menores”, especificó Barbosa.
Consultado sobre en qué consiste la corrupción de menores que ahora se les endilga a los acusados, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó: “La corrupción de menores, a grosso modo, consiste precisamente en la realización de terminadas actividades de carácter sexual con menores de edad que implican precisamente una corrupción del menor. Ya sea porque el menor es iniciado en actividad sexual a muy temprana edad; o porque se lo somete a determinados acto que son considerados corruptores. Es una calificación bastante abierta o que encierra distintos tipos de supuestos”.
De Facebook a Tribunales
Cuando el caso se conoció en Facebook, de inmediato intervino María Elena Vega, Secretaria de la Mujer de Santa Elena, que acompañó a las chicas a formalizar la denuncia penal. Las denunciantes tenían entonces 21 y 18 años. La mayor de ellas, Belén, -se preserva su identidad- es representada por la abogada Valeria Burkhard, quien durante la investigación penal aportó pruebas y ofreció testigos para la causa penal que se tramita en los tribunales paceños.
Belén fue la joven que publicó en Facebook un escrito demoledor contra los dos hombres que están cerca del banquillo de acusados. El posteo fue realizado el 25 de abril del año pasado, y fue acompañado de fotografías y los nombres de los acusados. Esa decisión fue el primer paso para superar lo sufrido cuando niña.
El escrito decía lo siguiente: “Hola gente de Santa Elena! Quiero comunicarles algo, ven a estos dos bien vestiditos con corbata y trajesito por favor se me exploto la vena no me voy a callar nada no van a quedar limpios basuras degenerados les voy a pegar el escracho de sus vidas, violines”, y agregaba que a uno de los Testigos de Jehová “le encantaba manosear y abusar de niñas inocentes” y que al otro “le encantaba excitarse con una nena inocente”.
Por esa publicación, Vargas, el mayor de los acusados, le envió una carta documento para que borrase la publicación, en un claro intento por silenciarla. Por esta presentación incluso hubo una audiencia, el 6 de junio de 2017, ante del juzgado de Garantías y Transición de La Paz, a cargo de la jueza Silvina Cufré de Millán. La denunciante y el denunciado por supuestos abusos estuvieron cara a cara, situación que fue considerada de “violencia institucional” por la Secretaría de la Mujer de Santa Elena.
En su defensa, la magistrada dijo que no estaba enterada la causa penal, y que aun así no tenía por qué saber de la existencia de ese expediente. Además, suspendió la tramitación de la causa por supuestas calumnias e injurias.
Ante la repercusión pública que tomó la denuncia, Panza y Vargas, los acusados, fueron apartados de los Testigos de Jehová. Lo que se supo durante la investigación penal es que Vargas, cuñado de Panza, era Siervo Ministerial, una autoridad dentro de la congregación, que colaboraba con los Ancianos –autoridades máximas de los Testigos-. Tras la denuncia, el hombre fue despojado de ese cargo pastoral. Ambos son representados por el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala.
Qué dijeron los Testigos de Jehová
El 6 septiembre de 2017, la Asociación de Testigos de Jehová, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió a un oficio del fiscal Barbosa –medida también solicitada por la abogada Burkhard – en el que se le requería que informen si Vargas y Panza formaban parte de la congregación, entre otros puntos. La respuesta sorprendió.
En el escrito, firmado por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional, se sostuvo que ambos acusados nunca fueron miembros de los Testigos de Jehová. Además, para no colaborar con la justicia, se ampararon en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, que impone el deber de confidencialidad.
Sin embargo, en la causa otros testigos y documentos fotográficos confirmaron que ambos pertenecen a la congregación.
A fines de mayo de 2017, entrevistada por Entre Ríos Ahora, Belén, en un video filmado de espaldas para preservar su identidad, contó lo que soportó de niña.
Allí remarcó que su denuncia no fue para “dejar mal” a la congregación, sino para poner a salvo a otros chicos. “Me senté a pensar: ¿si esto le pasa a otros chicos y yo no hablo? ¿Si el día de mañana sale otra nena que va y dice este me hizo esto y nadie le cree y yo no hablé? No me quiero quedar con eso en la cabeza. Ahora sé que hablé y si el día de mañana pasa algo, estos van a quedar marcados si no se hace la justicia que se tiene que hacer”, dijo entonces.
A poco más de un año y medio de su publicación de Facebook, los dos Testigos están cerca de ser juzgados en un juicio oral. (Entre Ríos Ahora)
